La defensa legal de Gabriel Alfredo Martínez Godos podría denunciar penalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de autoridad derivado de haber señalado al joven de ser el responsable de la masacre del antro «Madama» en mayo de 2016, sin tener pruebas de ello.
La abogada Magda Zayas indicó también que se espera la reparación del daño por la tortura que se cometió contra Gabriel Godos para que se incriminara.
«Una vez que sea cosa juzgada se determinarán las acciones siguientes, que pueden ser una demanda por daño moral o por la vía penal una denuncia por abuso de autoridad».
Y recordó que la Fiscalía debe acatar recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que ordenó la sanción para los policías ministeriales que intervinieron en la aprehensión de Martínez Godos, ya que fue con actos de tortura.
No obstante, reconoció que aunque la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez absolvió al joven, la Fiscalía ahora a cargo de Jorge Winckler Ortiz podría rebatir está determinación, para lo cual cuenta con el plazo de una semana a partir de este lunes.
Recordó que la determinación absolutoria se hizo el 11 de julio pasado, y pidió que se dé difusión sobre esta sentencia pues recordó que en su momento Martínez Godos fue expuesto públicamente por el ex fiscal Luis Ángel Bravo, como responsable de la masacre.
Dijo que la jueza determinó, tras dos años, que la Fiscalía no pudo presentar pruebas fehacientes de la participación de Martínez Godos en este ataque que dejó como resultado a siete personas muertes.
«Se presentaron 15 peritos, 44 testigos y se desahogaron 60 medios de prueba y en todos ellos se comprobó que era un chivo expiatorio de Luis Ángel Bravo y la Fiscalía en turno que trataban de responder a una reprobación social al ataque en Madama».
Y es que dijo que la Fiscalía ni siquiera pudo presentar al testigo protegido que ubico a Martínez Godos como el responsable del ataque.
«Es de los primeros casos que ocurrieron en la administración de Javier Duarte y el ex fiscal Luis Ángel Bravo, en el que se denunció abuso de autoridad».
Perla Sandoval/Avc