Durante el discurso que pronunció en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, Andrés Manuel López Obrador se refirió con entusiasmo a lo que él ha llamado la instauración de la famosa cuarta transformación, ubicando a su gobierno en la misma agenda histórica de la Independencia, la Reforma y la Revolución. En estos tres casos, no sólo se trató de un cambio de régimen político, sino de una profunda transformación del país y la sociedad que requirió incluso nuevas normas constitucionales.

La mañana de este miércoles, López Obrador se reunió con quienes serán los próximos senadores y diputados de Morena –el grupo parlamentario que cuenta con mayoría absoluta-, delineando lo que contendrá la agenda legislativa de un Congreso federal controlado por el Presidente. Aquí mismo vendría la primera contradicción: no habrá un verdadero equilibrio de poderes, sino que será un poder legislativo al servicio del Ejecutivo, como ha venido sucediendo históricamente.

Esta condición sería salvable, en el entendido de que es necesario un Congreso que garantice viabilidad al proyecto de nación que ha propuesto.

El segundo punto radica en que la agenda es una serie de medidas administrativas que están muy lejos de considerarse una revolución social; sin embargo, es de reconocerse que ningún otro Presidente hubiera propuesto los cambios que se prevén, una vez que inicien los trabajos legislativos en el próximo mes de septiembre. Es cierto que Roma no se construyó en un día, pero AMLO fue muy claro: “no hemos hecho todo este esfuerzo para meros cambios cosméticos, por encimita, y mucho menos para quedarnos con más de lo mismo».

La agenda entregada a diputados y senadores electos, con la que se busca la cuarta transformación deslactosada del país, se construyó con algunos de estos elementos:

Primero: La ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. No es una propuesta nueva, sino que se definirá como aplicarse, tal como sucede en varias entidades del país, incluida Veracruz.

Segundo: Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta Secretaría ya existía y fue eliminada por el actual Presidente. Tercero: Elaborar el proyecto de reforma para terminar con privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución, para agregar que puede ser juzgado el presidente de la República en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción; asimismo, se suspenderán por completo privilegios para funcionarios públicos. No se refiere a cuáles ni a qué funcionarios. La novedad es que se podrá juzgar al Presidente en funciones.

Cuarto: Reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral. Se amplía el catálogo de delitos pero no se consideran políticas públicas para inhibir estas conductas, como ha sucedido con el secuestro, por ejemplo.

Quinto: Elaborar la ley de ingresos y presupuesto de 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo gobierno de la República. Sexto: Reformar la ley correspondiente para Trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. Séptimo: Revertir el reciente decreto de privatización del agua y solicitar para estos efectos la participación de la próxima secretaria del Medio Ambiente. Las tres propuestas son medidas administrativas solamente, incluso restando facultades al Congreso en materia de presupuesto.

Octavo: Modificar o revocar leyes de la llamada Reforma Educativa en coordinación del secretario de Educación Pública y establecer en el artículo tercero de la Constitución el derecho a la Educación Pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. No hay una definición clara sobre la reforma educativa: modificar no implica cancelar; y en el caso de la gratuitidad educativa, en su inciso IV, el artículo tercero constitucional señala que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. No hay propuesta, lo que hay que hacer es que se cumpla.

Noveno: Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato; los procedimientos de consulta ciudadana deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. En esta iniciativa se esconde un falaz argumento: si el pueblo decide que un gobernante se vaya, también puede decidir que se quede… ¡conste!

Décimo: Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país, misma que estará a cargo de la Secretaría de Economía. Si no necesita, no hay idea nueva.

Décimo primero: Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa de gobierno al Plan de Décimo segundo: austeridad republicana, lo cual implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en los estados y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. La austeridad nunca ha sido democrática, sino selectiva. El discurso de apretarse el cinturón y los programas de austeridad ya está muy gastado por chafa.

Sería bueno saber cuál será la agenda legislativa para Veracruz. O acaso, ¿seremos la antena repetidora de la nueva estrella del canal de las Estrellas?

Las del estribo…

  1. Para que la raza tenochca no se decepcione del primer paquete de reformas, el anuncio de que los ex presidentes sólo gozarán de la pensión del ISSSTE y la de adultos mayores –el chiste no es mío, conste-, ha sido como un pequeño bálsamo. En un país donde todos los presidentes salen del cargo con las alforjas llenas, la pensión es un verdadero insulto para la gente que nunca verá junto el dinero equivalente a un mes.
  2. También ayer, López Obrador anunció el nombramiento de los coordinadores estatales de los programas de desarrollo. En Veracruz lo será el actual dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta. Nuestro ínclito presidente electo ha puesto la iglesia en manos de Lutero. ¿Recuerdan cuando Alfredo Ferrari se fue del PRI a Sedesol? Déja Vu…