“Déjenme cabrones, no se pasen de lanza, soy compañero”, gritó desesperado David Lara Cruz, un policía de 37 años de edad, a quien privaron de su libertad y más tarde de su vida, durante la noche del 12 de enero de 2016.

Uno de los testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) relató que escuchó las súplicas del policía cuando éste salía de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicadas en la colonia Obrero Campesina de esta ciudad, en donde se realizan los exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad.

Se vio sorprendido por los cinco policías encapuchados que con armas largas le recomendaron “largarse a la chingada si no quería que le pasara lo mismo” que a David.

Siete días después aparecerían, junto con el cuerpo de David, los cadáveres y restos de al menos 18 personas más, víctimas en su mayoría de desaparición forzada.

Esa noche, mientras los cuerpos se descomponían en la barranca de La Aurora, el entonces gobernador Javier “N”; el secretario de Seguridad Pública, Arturo “N” y el fiscal “Luis Ángel “N”, se reunieron de emergencia en Casa Veracruz para definir la estrategia de ocultamiento de los cuerpos.

Ante el temor del mandatario de un escándalo que se sumara a la desaparición de los cinco jóvenes ocurrido en Tierra Blanca, Luis Ángel ordenó a la fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, que se encargaras de las diligencias en la barranca profunda ubicada cerca de la academia de policías de El Lencero.

El último día de David

El policía de la delegación de Acayucan había sido citado pata presentar sus exámenes de control y confianza en las instalaciones de la SSP en Xalapa. Acudió sin demora el 12 de enero, según el relato de su esposa Elizabeth Lozano Salamanca, pero nunca regresó.

A las 12:37 de ese día salió de las oficinas de la SSP, regresó a las 14:47 horas, pero no hubo registro de su salida.

Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando un vecino de la colonia Obrero Campesina observó cómo policías armados subían en una patrulla a David. Tres de ellos se metieron con él a la cabina y dos más se fueron en la batea del vehículo.

Ya antes David había contado a su esposa y a su madre Blanca Estela Cruz los problemas que tenía con el delegado de la SSP de Acayucan, Ervey Cervantes Lozano, pero quedó sólo en eso, como confesión familiar.

Pese a esto, su familia esperó hasta el 17 de enero; es decir, cinco días después de su desaparición, para presentar la denuncia.

Macabro hallazgo

Era de noche cuando el 19 de enero de 2016, uno de los peritos de la Fiscalía recibió una llamada para acudir a la zona de la barranca de La Aurora. Ahí estaba la delgada de la Policía Ministerial, Carlota “N”; la fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, así como la fiscal de distrito Eva “N”.

Se le informó que policías habían encontrado 30 cuerpos en la zona, pero que por la oscuridad y orografía era difícil acceder a la barranca. El perito se comunicó con su jefe inmediato, el director de Servicios Periciales, Gilberto “N”, para consultarlo sobre el procedimiento a seguir.

Este llegó más tarde al lugar y acordó junto con las tres mujeres que las diligencias se realizarían al otro día; es decir, el 20 de enero de 2016. Pero durante la madrugada de ese día, el perito recibió una acotación a la orden de Gilberto, vía mensaje de texto este le indicó sólo abocarse a seis de los cuerpos hallados.

Por la mañana, el perito hizo el levantamiento y registro fotográfico de los 19 cuerpos. Un mes después, el mismo perito observó la llegada de personal de Fuerza Civil, que en una camioneta Lobo color negro se llevaron en bolsas negras los restos hallados en La Aurora.

Todo esto, por órdenes del ex fiscal, según revelaron testigos protegidos que entonces eran policías ministeriales, peritos y colaboradores de Luis Ángel.

Ocultamiento de su cuerpo

La Fiscalía General refirió que el cuerpo de David fue encontrado en la barranca de La Aurora, como parte de los 19 (aunque algunos testigos hablan de 30) cuerpos encontrados ahí el 19 de enero de 2016, pero que no fue informado porque el fiscal, el secretario de SSP y el Gobernador querían evitar que se diera a conocer que entre el hallazgo de los seis restos (dados a conocer hasta el momento) había un policía.

La perito Patricia Bautista dio cuenta de esto con la entrega de la información recabada a través de las huellas dactilares de David y otros cuerpos hallados en la barranca.

Pero la versión oficial informó que los peritos expertos determinaron que su cuerpo fue hallado el 3 de febrero de ese año en la comunidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, y que la descomposición de sus restos indicaban que su muerte había ocurrido un mes antes.

Para lograr que nadie cuestionara esta versión, la entonces fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, ordenó a personal ministerial llevar el cuerpo al punto antes señalado y hacer el proceso de levantamiento que ocurre cuando un cuerpo es hallado.

La solicitud se cumplió, pero dado que al cuerpo ya se le había practicado la necropsia, tuvieron que dejarlo sobre el suelo, boca abajo, y así tomaron las gráficas del “hallazgo”. También los reportes originales fueron cambiados para hacer concordar la nueva versión.

El celular de un “malandro”

María del Pilar Elos Córdoba recibió de regalo un celular marca LG color negro; su esposo Isidro Mapel Chama se lo entregó luego de que su conocido, “el capitán” José Luis Reyes Carballo, le dijera que el equipo le había sido decomisado “a un malandro”, pero que ya estaba “limpio” y podía ser usado.

Era el celular de David, que estaba en manos de José Luis Reyes, hasta entonces escolta del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, y que llegó a manos de Isidro como un “regalo” por trabajos que había hecho de pintura al policía.

La última conexión del celular, antes de ser regalado a la pareja, se registró a las 20:59 horas del 12 de enero de 2016, en las instalaciones de la SSP en la colonia Obrero Campesina.

Estos datos son parte de las 53 pruebas ofrecidas por la Fiscalía General del Estado para imputar al ex fiscal Luis Ángel “N” por el delito de desaparición forzada.

Perla Sandoval/Avc