A la oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa que el Estado de Veracruz mantenga su incumplimiento en las recomendaciones derivadas de la alerta de violencia de género por agravio comparado en el estado, a pesar de que se ha solicitado en diversas ocasiones al Poder Legislativo que reforme el Código Penal.

Al participar en el foro «La situación de las mujeres y sus derechos reproductivos en Veracruz», la colaboradora de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marycarmen Color Vargas, aseguró que al menos en tres ocasiones se ha solicitado al Poder Legislativo en Veracruz que reforme los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal en materia de interrupción legal del embarazo, pero no se ha cumplido.

Y es que dijo que la negativa de un Estado a prever de salud reproductiva de las mujeres es grave y violenta los derechos a la vida e integridad de las mujeres.

«Las restricciones jurídicas que impiden el aborto tienen un impacto negativo en la  salud de las mujeres e incrementan la posibilidad de que las mujeres acudan a practicarse abortos clandestinos».

Por ello, dijo que los diputados del Congreso local debe abocarse a reformar leyes que violenten los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.

“La Oficina está preocupada por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas en el marco de la declaratoria de la alerta por agravio comparado y consideramos que es importante que se adopten todas las medidas de carácter legislativo para modificar o derogar leyes que puedan constituir discriminación contra la mujer”.

Color Vargas aseguró que el derecho a la salud pública implica que se respeten las libertades y derechos incluidos como el control de cada mujer sobre su cuerpo con inclusión de la libertad sexual y reproductiva.

Recordó que los Estados se deben abstener de imponer trabas a las medidas adoptadas por las mujeres para conseguir sus objetivos en materia de salud.

“También el relator especial sobre salud física y mental ha establecido que las restricciones jurídicas que impiden el aborto tienen un impacto negativo en la salud física y mental de las mujeres y que pueda aumentar la probabilidad de que recurran a abortos clandestinos”.

Color Vargas agregó que es obligación del Estado contar con espacios para realizar abortos seguros, a fin de evitar que las mujeres acudan a lugares en donde se pongan en riesgo su salud o su vida.

«De lo contrario pueden constituir una violación al derecho de vida de las mujeres y a sus derechos reproductivos. El no garantizar estos derechos implica una violación a la integridad personal y a una vida libre de violencia».

Perla Sandoval/Avc