Es realmente lamentable el diálogo de sordos que se ha generado entre las víctimas y sus colectivos por un lado, y el Gobernador, por el otro. Recordemos sobre todo que en los casos de desaparición forzada se trata además de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. El tema de fondo es que los familiares de desaparecidos y sus organizaciones no se sienten escuchados.

A días de definirse para Veracruz la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y desapariciones cometidas por particulares, el reclamo de los colectivos y sus representantes es que ninguna autoridad las ha buscado para explicarles la transición que implica esta Ley y la próxima entrada en operación de la Comisión Estatal de Búsqueda. Esta debe ser una tarea del Secretario de Gobierno, Rogelio Franco, en compañía de la Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Lorena Mendoza. Ninguno de los dos se han sentado con los familiares para explicarles los tiempos, alcances, planeación, metodologías, etc, de la figura jurídica y de política pública, más importante para ellos, es decir, el organismo que se dedicará y con el que tendrán que interactuar para continuar con la búsqueda de personas.

Pero la problemática tiene una profundidad mayor e implicaciones sociales mucho más graves. La Secretaría de Gobierno de Veracruz no ha entendido que este es un tema principalmente de gobernabilidad y de atención a víctimas de una violación grave a los derechos humanos, y que además es un tema de ejercicio democrático de diálogo y conversación permanente con la sociedad, con los expertos y desde luego con los familiares víctimas indirectas y directas de desaparición.

No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado pierde la oportunidad de tener una visión mucho más amplia de lo que es la atención a víctimas. Las autoridades de Veracruz quieren ver este tema solamente desde la perspectiva lineal de la procuración de justicia, y no se han dado cuenta que, al igual que los feminicidios y las alertas de género, este es un problema estructural de muchas violencias y que para abordarlo, podría caber una perspectiva más profunda y sensible encaminada a una política de reconciliación y de creación de paz.

No se trata solamente de atender a las víctimas, que de todas formas, y al contrario de lo que dice el Gobernador Yunes, no se hace. Se trata de procesos de escucha y conversaciones mucho más profundos que permitan sanar y reconciliar a las víctimas y a la sociedad con autoridades que las han ignorado en el mejor de los casos, y lastimado y humillado en el peor.

En contextos de conflictos prolongados como lo que se ha vivido en Veracruz en los últimos 14 años, se tiene que hablar de iniciar procesos de reconciliación colectiva frente a las diversas situaciones y tipos de violencia, a la violencia colectiva y a las graves violaciones de derechos humanos. Esta perspectiva es una vía para promover creación de paz en contextos de violencia estructural como la que vivimos en Veracruz.

Impresiona por ello, la incapacidad de la parte encargada de la gobernabilidad y de los derechos humanos en el Gobierno de Veracruz, como es la Secretaría de Gobierno, para convocar a mesas de trabajo a las víctimas y sus colectivos. Se ha querido ver, desde el gobierno, solamente como un problema de criminalidad, de delitos, de procuración de justicia. Esta es una visión muy limitada y desde luego equivocada.

Martha Minow, investigadora y profesora de la Universidad de Harvard, articuló este tema en su libro “Entre la venganza y el perdón”, donde dice que la violencia colectiva plantea el reto de cualquier cierre insultaría a aquellas personas cuyas vidas están destrozadas para siempre y señala que el silencio es también una ofensa inaceptable (Minow 1998).

En su libro “Cuando la sangre y los huesos claman”, John Paul Lederach dice “personas y comunidades que durante y después de la violencia explícita, tienen que dar sentido a sus vidas y construir una vida hacia adelante, viviendo mientras tanto en presencia de su enemigo y de todo lo que hace que su sufrimiento sea vívido, doloroso y difícil”. Lederach (2010). Por ello es tan importante pensar en que la atención a víctimas no se agota en un programa, o en una estructura, si no que tendría que ir acompañado de procesos complejos de escucha, de reuniones conversacionales y de coordinación de acciones con las propias víctimas, encaminadas no solamente a reparaciones como la justicia o la compensación, si no a crear paz a más largo plazo.

Dice Lederach que “la violencia es resilente, aunque de forma negativa, rebrota una y otra vez con nuevos y viejos rostros. El reto de la violencia no termina con la declaración del alto al fuego. Por lo tanto, la curación y la reconciliación tienen que darse en escenarios sumamente dinámicos e imprevisibles, tanto si se han formado acuerdos de paz como si no”. (Lederach 2010).

En Veracruz podríamos hablar en términos de una sociedad que está en medio de diversos tipos de violencias, pero también en la etapa de construcción de paz postconflicto. En la última década la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha planteado ya en su lenguaje el término paz postconflicto, que tiene que ver con comunidades que viven violencia y que están en fases de reconciliación o de curación. Este proceso no es lineal ni secuencial, es ambiguo y circular nos dice Leberach, porque las víctimas y las comunidades las viven como continua y resurgente.

Esto es lo que debe estar haciendo el gobierno, y en específico la Secretaría de Gobierno y sus organismos, ya que la violencia se desarrolla en más de una forma, por eso hablamos aquí de violencias. Al igual que en lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, en Veracruz no hemos salido de una concepción judicial y procesal de estos fenómenos.

El nuevo sistema de justicia penal incentiva las salidas al conflicto o al proceso, y estamos todavía entrampados en los mecanismos para operar e instrumentar esos procesos, y desde luego coadyuvarán a darle una dimensión distinta al conflicto, pero cuando se han vivido socialmente tantas violaciones y daños, también el gobierno y la sociedad civil, pueden dimensionar estos procesos en una perspectiva más amplia que tiene que ver con la vida democrática, con la gobernabilidad y con la creación de paz.

Por ello repito que es muy lamentable que cuando el Gobernador se refiere a la atención a las víctimas en general o a la atención a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se tenga una visión y perspectiva tan pobres, porque no se trata solamente de las investigaciones penales o de apoyos en becas, se trata de ir construyendo una relación distinta con personas, con familias, con comunidades enteras que están agraviadas, enojadas, lastimadas. Decirles que se les ha atendido no construye nada, no crea nada.