Este jueves, un grupo de personas marchó por las principales calles y avenidas de la capital de Veracruz para exigir justicia en el caso de los desaparecidos.

Lo que viven los familiares de personas desaparecidas es una tragedia difícil de describir, un verdadero infierno.

En Xalapa, la protesta se dio en el marco de la celebración del Día de la Madre. Salieron a las calles los integrantes del Colectivo Por la Paz Xalapa y de las agrupaciones «Buscando» y «Familiares Enlaces Xalapa».

Son sólo algunas de las organizaciones sociales y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que existen en Veracruz, un estado que registra lamentables estadísticas de esos casos.

En febrero pasado, por ejemplo, la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, que encabeza Guillermo Gutiérrez Romero, informó en Veracruz que la entidad ocupa el segundo lugar nacional, después de Guerrero, en cuanto al número de personas desaparecidas.

De 2011 a la fecha, de acuerdo con la fuente, hay 3 mil 500 casos de ese tipo en Veracruz.

En diciembre de 2016, de forma oficial (estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, Fiscalía General del Estado), se reconoció que en la entidad había un reporte de 5 mil 934 personas desaparecidas en una década. De ese número, 59 por ciento, 3 mil 501, se habían localizado; y 2 mil 433 casos se encontraban en proceso de búsqueda.

De las 3 mil 501 localizaciones, dijo la Fiscalía que 362 fueron hallazgos sin vida, poco más de 10 por ciento; y que sólo 420 casos tuvieron que ver con algún delito.

El problema es que en esas cifras oficiales nadie cree; y menos aún en el trabajo de una dependencia sobre la que durante más de una década pesaba la sospecha en el sentido de que habría maquillado las estadísticas para no evidenciar la desidia y el desinterés en el tema de las personas desaparecidas.

Por otro lado, la propia Fiscalía General del Estado, ya durante la presente administración estatal, ha iniciado un programa de recompensas para la localización de esas personas. Con carteles que se difunden en la página de internet de la dependencia, así como en redes sociales, dicha instancia ofrece recompensas de 250 mil pesos a quienes “proporcionen información veraz y útil que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización…”. En cuatro carteles, se ofrecen recompensas para lograr la ubicación de 64 personas.

Otra fuente, la Procuraduría General de la República, dio a conocer hace poco más de un año que entre 2014 y 2016 se reportaron 350 personas desaparecidas en la entidad veracruzana.

La búsqueda, por supuesto, no para; pero los familiares de esas personas han considerado que las instancias gubernamentales podrían hacer mucho más.

De forma reciente, por citar un ejemplo que los hechos que abonan esa percepción, trascendió que colectivos de familiares de los desaparecidos recorrieron las prisiones de la entidad y encontraron a 30 personas con ese status. El sentido común nos indica que si las agrupaciones no gubernamentales pudieron realizar ese trabajo, con mayor razón hubiera podido hacerlo la fiscalía.

Ese es el contexto de desconfianza ciudadana en las instituciones e instancias de gobierno. Por ello, los colectivos de búsqueda siguen con ese trabajo, porque consideran que la Fiscalía podría hacer mucho más. Debido a eso, también, han externado sus opiniones en el sentido de que esa dependencia se dedica a perseguir exfuncionarios, en vez de avanzar en los casos de los desaparecidos de Veracruz.

Son puestos de vista, por supuesto, respetables y comprensibles, dada la desesperación que enfrentan los familiares de las personas desaparecidas.  @luisromero85