Ayer los diputados federales festinaron arreglar algo que siempre debió ser una vergüenza: el arraigo. La figura en sí misma demostró dos cosas: la incapacidad de las autoridades de investigar de manera sólida, eficaz y expedita, y la práctica generalizada de violar derechos humanos de las personas sobre quienes pesaba más la sospecha que la responsabilidad de la comisión de un delito.
En un nuevo sistema de justicia penal, donde el principio fundamental es la presunción de inocencia, el arraigo representaba absolutamente lo contrario: la presunción de culpabilidad. El planteamiento siempre fue por demás absurdo: mientras investigo, te guardo un rato, no te me vayas a pelar… y si no eres culpable, pues basta con hacerte el favor de liberarte; ni siquiera la disculpa pública. Detener para investigar en lugar de investigar para detener, esa fue la naturaleza policial del arraigo.
Los diputados lo vieron como un gran logro –en sentido estricto, componer una aberración de tal tamaño tal vez lo sea- cuando en realidad sólo dieron congruencia a los principios constitucionales del nuevo sistema.
El arraigo representó hasta ayer un sistema de excepción que sometía los derechos del acusado, permitiendo una acción pre condenatoria o cautelares de proceso penal, que se ejercía mediante la privación legal de la libertad -la imposición de penas sin condena-, facultando al Estado a ampliar su poder de castigar a discreción.
Era entonces una forma de detención arbitraria introducida en nuestro derecho a raíz de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008. “Esta práctica permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada”, como lo ha explicado la Comisióna Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
El objetivo del arraigo no era determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se le privaba de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio. La justificación absurda es que su propósito era impedir la impunidad, y que quien hubiere cometido un delito, no gozara de libertad por falta de elementos al momento de su detención.
De tal modo que la investigación no se llevaba a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida para ser investigada, quedando en una especie de limbo jurídico, sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada.
La autoridad tenía entonces la facultad para retener entre 40 y 80 días a personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada –aunque también se utilizó para muchos otros delitos-, en tanto el MP reunía más elementos contra el imputado. La figura del arraigo no solo era inconstitucional, sino además resultaba violatoria de los derechos humanos y del principio de presunción de inocencia. ¿Acaso no era un acto de vergüenza como para celebrarlo?
Bueno, pues ayer, lo diputados por fin eliminaron la figura del arraigo de nuestro sistema jurídico. Según nuestros ínclitos diputados, la reforma nos pone a la vanguardia en materia de derechos humanos -¿comparados frente a quién? ¿a alguna aldea del África sudoriental? “Es importante, pues combate delitos como la tortura y obliga a investigar para detener, no detener para investigar”, señaló el perredista, Jesús Zambrano. Son unos genios (Meade dixit).
No faltó quien recordara las megas producciones policiacas al amparo de la figura del arraigo en tiempos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Al menos Movimiento Ciudadano reconoció que se violaron los derechos humanos de miles de mexicanos, por lo que “deshacernos de una de las figuras jurídicas más vergonzosas de la Constitución es un logro histórico”. ¿Acaso el siguiente logro histórico será abolir la esclavitud?
No cabe duda que la ignorancia provoca que se celebre cualquier acierto de la razón.
Las del estribo:
- Decíamos ayer que por un momento, la tragedia nacional rozó a nuestro estado con el asalto colectivo a un grupo de estudiantes universitarios que trabajaban en la zona de El Tajín. Hoy se busca a 6 jóvenes de Tlaxcala desaparecieron en Veracruz; sus vehículos aparecieron calcinados y hay dudas pesan sobre ellos. El luto se ha convertido en una forma de vida en un país que se devora a sí mismo.
- ¿Y si en lugar de responsabilizar a los automovilistas, llenar de vibradores y establecer retenes de seguridad vial en la autopista Xalapa-Coatepec, le exigen a la empresa que haga bien su trabajo –aunque eso vaya en contra de sus utilidades- para que no sigamos lamentando accidentes y presenciando muertes absurdas?