La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) emita alerta migratoria y publicación de la ficha roja para la localización y aprehensión de la ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Carol Jessica Moreno Torres.

En conferencia de prensa, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz indicó que se tiene información de que la ex funcionaria duartista reside en Texas, Estados Unidos, por lo que solicitaron la emisión de la ficha roja en su contra.

Dijo que la ex funcionaria habría participado en un daño patrimonial poco menor a 100 millones de pesos, pero que podría alcanzar los 250 millones de pesos una vez terminadas auditorías a su gestión.

Winckler Ortiz indicó que esto se habría hecho a través de contratos irregulares y con el uso de empresas «fantasma o fachada», y que el dinero presuntamente desviado se destinó a operaciones de corte político y partidario en el estado y en el país.

Además, confirmó que las grabaciones que se dieron a conocer con su entonces pareja Arturo López Obrador, hermano del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las que se habla de los señalamientos en su contra, forman parte de la carpeta de investigación en su contra.

«Los audios que son públicos y que están en algunas redes sociales se han incorporado en la carpeta de investigación como otros muchos datos que se allegaron desde el inicio de la investigación, pero no se ha corroborado aún porque la señora no ha declarado, esperemos que cuando sea detenida si desea colaborar con la autoridad, nos refiera los hechos y diga cuál fue el destino del desvío de recursos de la SEV».

Detalló que Moreno Torres fingió como oficial mayor de la SEV durante el periodo de febrero a julio de 2016, y que la carpeta en su contra se deriva de la denuncia realizada por la Contraloría General del Estado.

Dijo que de ella se deriva que la entonces funcionaria realizó presumiblemente liquidación para la compraventa para adquisición de bienes con personas físicas sin que estas fueran proveedores y sin que se tenga el contrato o la evidencia de los productos comprados.

Además, realizó contratos de prestación de servicios entre la SEV y una empresa de limpieza, pero no se tiene información sobre el rubro ni concepto de servicios o que estos siquiera se hayan prestado.

Winckler Ortiz agregó que además se tienen detectadas 42 cuentas bancarias no incluidas en los registros contables de la SEV durante el 2016, y desde las cuales se realizaron transferencias bancarias y retiros sin que se haya soporte de estas transacciones.

El fiscal agregó que también se hicieron supuestas transferencias para programas federales, pero que no cuentan con soporte de pagos de programas como Escuelas de Tiempo Completo.

«Se realizaron transferencias supuestamente destinadas a cumplir con estos programas, pero no cuentan con soporte documental que justifiquen que se hayan llevado a cabo las mismas».

Enlistó que también realizó un contrato de compraventa de equipamiento que se hizo mediante licitación, pero de manera ilegal y extemporánea para cubrir una indebida adjudicación directa.

También un contrato de compraventa para material de oficina, mediante trámite ilegal para cubrir una adjudicación directa y diversos contratos de compraventa para materiales y bienes informáticos para el almacén general de la SEV, pero que en estos se detectó que las facturas no se encuentran vigentes; es decir, se utilizaron empresas ‘fantasma o fachadas’ para la realización de estas operaciones.

«Las facturas no se encuentran vigentes en el Servicio de Administración Tributaria, y se presume que para diversos pagos de la SEV se utilizó empresas ‘fantasma o fachadas’ para disponer de recursos públicos del estado de Veracruz».

Cuestionado sobre si es posible que la ex funcionaria pueda ser usada como testigo protegido en casos contra funcionarios mayores, el fiscal indicó que es posible.

«En este momento no he tenido contacto con la persona que estamos buscando y si ella quisiera en algún momento colaborar con la autoridad, en el Código Penal se establece está posibilidad».

Perla Sandoval/Avc