Desde hace dos meses, a principios de febrero, las autoridades federales y del gobierno del estado habrían sido alertadas sobre la grave situación que prevalecía en el penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes, donde la noche del sábado anterior hubo un amotinamiento que concluyó la madrugada de este domingo con un saldo oficial de siete muertos –entre ellos seis policías– y 28 heridos, algunos de gravedad.

Sin embargo, nadie atendió a tiempo el oportuno llamado de los custodios de este y de otros siete centros penitenciarios del estado –Pacho Viejo, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Cosamaloapan y Acayucan–, los cuales, mediante un escrito que circuló en las redes sociales, daban nombres, apellidos y apodos de los criminales internos que desde la administración del ex gobernador Javier Duarte, y en lo que va del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, vienen ejerciendo un abusivo control de los reclusorios con la presunta complicidad de los directivos y del titular de Prevención y Reinserción Social de la SSP, Raúl Platón del Cueto Morales, un funcionario que durante más de 30 años ha estado a cargo de Ceresos federales de máxima seguridad y de penales estatales  en Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí.

En el caso concreto de La Toma, los custodios referían que ya en diciembre de 2017 los internos habían publicado una lista de aproximadamente 30 Zetas que “desde hace más de 5 años” tienen el control del centro penitenciario de Amatlán y que hasta antes de este violento incidente nadie se atrevía a trasladarlos a un penal federal de alta seguridad. Señalaban como cabezas de ese grupo a José Luis Chontal, (a) El Chon, y a Manuel Escalona Barradas, quien desde dicho reclusorio seguía controlando al crimen organizado en las zonas de Córdoba, Orizaba y otros municipios del norte del estado.

Pero lo más interesante es que desde entonces advertían: “Cabe señalar que a pesar de que los  internos la publicaron y dieron a informar que en caso de no moverlos harían un motín, el Director de Prevención, Raúl del Cueto Morales, hizo caso omiso, y esto debido a la tajada grande que se lleva al recolectar de este grupo delincuencial cada mes, y  esto es en cada penal que recorre y visita, obteniendo una ganancia de 5 millones de pesos mensuales por todos los penales.”

“Nosotros los custodios ya estamos hasta la madre de tapar sus corrupciones y que luego nos corran por no pasar supuestamente exámenes de confiabilidad”, recriminaron, señalando que “desde el director del penal hasta el director general tienen conocimiento de las cosas de corrupción que existen en el penal”, donde se cobra –afirmaron– por “talachas a internos de nuevo ingreso”, por “pases de entrada a la visita”, por “pasar comida” y “ropa de color”, por “llamadas telefónicas”, por “dejar pasar material de trabajo a los internos”,  y hasta por “utilizar mesas en la visitas.”

“Los custodios que representamos a este sistema corrupto ya estamos cansados de que no valgamos nada, de que quienes tienen el control sean internos que llevan años gobernando y que por unos pesos el director general lo permita”, acusaban, haciendo a la vez un llamado también  a las familias de todos los demás presidiarios “para que exijan que estos internos sean trasladados a un  penal de máxima seguridad, ya que recientemente uno de nuestros compañeros, el C. Alejandro Bonilla Damián, alias El Pollo, sufrió un atentado, balaceándolo, mismo que está al borde de la muerte y que por lo mismo tememos por nuestra integridad de estos internos que buscan represalias contra nosotros por no dejarnos”, pues expusieron que “si les decimos que pasen lista, porten el uniforme naranja o cualquier otra cosa, nos amenazan con matarnos, situación que ya cumplieron con atentar con nuestro compañero custodio, que sólo cumple con su deber…”

Exigieron “su pronto traslado” porque de lo contrario amagaron con tomar “medidas más severas”. Y al director general Raúl del Cueto le pidieron que por favor dejara “de culpar a gente inocente que nada tiene que ver con esto”, advirtiéndole que “si no haces caso publicaremos los videos de tu llegada a los distintos penales, donde llegas a exigir la cuota”.

“Somos custodios, no esclavos, exigimos respeto”, le remarcaban al funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Este domingo, en conferencia de prensa, el gobernador Yunes Linares declaró que el motín fue provocado porque cuatro reos de “muy alta peligrosidad” iban a ser trasladados a centros penitenciarios federales. ¿Por qué entonces la SSP del estado, a cargo de Jaime Téllez Marié –el mismo funcionario que estaría siendo investigado por la Procuraduría General de la República por sus presuntos vínculos con algunos capos Zetas– no pudieron coordinarse con el Ejército y la Marina Armada de México para montar un operativo seguro y eficaz, lo que habría evitado que seis inermes policías ¡murieran por asfixia!, según la versión oficial?

¿Y dónde está, por cierto, la “experiencia” de Yunes Linares y su equipazo que a finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo y a principios de la administración del ex panista Vicente Fox –hasta enero de 2001, luego de la increíble fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco– estuvieron a cargo de los Centros Federales de Readaptación Social?