Moloacán, Ver.- En cuatro años, la reforma energética sólo ha traído desempleo, mayor inseguridad y el despojo de los recursos naturales en el sur de Veracruz.

Del corazón de la industria petrolera nacional –enclavada en esta zona del país- únicamente quedan recuerdos, ya que los habitantes de municipios como Coatzacoalcos y Moloacán han sido los primeros en sufrir las consecuencias de la apertura de las fuentes de energía a la iniciativa privada.

Basta recorrer el ejido San Lorenzo, en el campo denominado Cuichapa-Poniente, a unos 35 minutos de la ciudad de Coatzacoalcos y los complejos petroquímicos para conocer la realidad de la población luego de las modificaciones a la constitución.

Ahí, en una superficie de 42 kilómetros cuadrados hay por lo menos una decena de pozos que anteriormente eran operados por Petróleos Mexicanos (Pemex), pero que prácticamente fueron abandonados durante las últimas décadas.

En diciembre del 2015, la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México ganó en la ronda 1.3 la licitación para la explotación del campo terrestre Cuichapa-Poniente.

De esa forma, la iniciativa privada empezó a operar las instalaciones de Pemex y hasta septiembre del 2017 registró una producción de mil 41 barriles diarios de aceite negro.

Para llevar a cabo estos trabajos, Lifting –como la conocen los pobladores de Villa Cuichapa- echó mano de una veintena de empresas subcontratadas, personal foráneo y unidades pesadas que han acabado con los caminos de los pobladores.

“Vienen y explotan y están haciendo y destruyendo, pero no componen, la gente está sin empleo y traen pura gente de fuera”, expresó el ex – agente municipal del ejido San Lorenzo, Julián Rodríguez Reyes.

El comunero recuerda los representantes de la compañía llegaron al pueblo y pagaron a los ejidatarios lo equivalente a un peso diario durante los 25 años, que dura su contrato a partir del 10 de mayo del 2016, para el uso de sus parcelas durante los trabajos de exploración y explotación.

Incluso, los pobladores sospechan que debido al aumento en la producción de crudo serán instalados contenedores para el almacenamiento del energético.

“Ni un peso alcanzan, les pagaron muy barato a los ejidatarios, les querían pagar menos y pues no sé. Son 16 ejidatarios, son pocos y van a construir contenedores o barriles de no sé qué capacidad, pero van a construir en la batería dos, quiere decir que si hay producción y van a almacenar, son dos y ya iniciaron con las bases”, manifestó Rodríguez Reyes.

Sin embargo, a la gente lo que más le molesta es que no ha sido empleada por Lifting y sus caminos prácticamente han sido destruidos por las unidades pesadas que a diario entran y salen de los campos.

De acuerdo con el exagente municipal, la empresa ha ido contratando “de cinco en cinco” y de la promesa de construir una escuela de capacitación solamente un par de jóvenes han sido enviados a otras instituciones en Coatzacoalcos.

El saqueo de los recursos no termina ahí, pues una de las empresas subcontratadas por Lifting extrae arena sílica, que es materia prima de los envases de una cervecera mexicana.

Los habitantes de San Lorenzo y Villa Cuichapa han demandado la reparación de sus caminos, pues en temporada de lluvias les será imposible pasar por ahí, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Además, están dispuestos a realizar bloqueos, lo que podría traer como consecuencia enfrentamientos entre la misma población, pues Lifting tiene arreglos con sindicatos obreros e incluso de los trabajadores petroleros.

No obstante, una fuente oficial reveló que las contrataciones dadas de alta fueron de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en realidad su lugar es ocupado por personal foráneo con salarios inferiores a los registrados en forma oficial.

En cambio, cientos de trabajadores transitorios se encuentran desempleados desde hace varios meses en la zona sur de Veracruz, principalmente en Coatzacoalcos y Nanchital.

Aunado a lo anterior, Pemex reportó vía transparencia la cancelación de más de 300 plazas –entre puestos sindicalizados y de confianza- durante el 2017, lo que representó un ahorro de 145.6 millones de pesos.

Armando Ramos/Avc