Con sólo tres años en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado –dejará el cargo en 2019-, Edel Álvarez Peña se podría convertir en el magistrado presidente más longevo, gracias a un millonario negocio que ha venido cocinando a fuego lento con la construcción de una veintena de ciudades judiciales a lo largo del estado, con un valor de casi 4 mil millones de pesos.

Si bien es cierto que esta infraestructura es necesaria y urgente para la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal en Veracruz, tras la convocatoria y el proceso de adjudicación ya se observan muchas sombras de duda. Empresas afines y un familiar directo involucrado pondrían en evidencia un gran negocio para hacerse de los recursos públicos del Tribunal por un periodo de 25 años, lo que aseguraría el futuro no sólo de Edel sino al menos a dos generaciones más.

La historia se empezó a fraguar desde el pasado 29 de septiembre, cuando el Congreso autorizó al Poder Judicial a convocar concursos públicos para celebrar, -por conducto del Consejo de la Judicatura-, contratos de Asociación Público-Privada (APP) y así poder llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.

De acuerdo al dictamen, serían construidas las ciudades judiciales que están ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, podría ascender  hasta en 13 millones 217 mil 245 pesos. Mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación), según se establece en el documento.

Este sábado, casi en la clandestinidad, se publicó la convocatoria general para la construcción de los inmuebles, sólo que ya no son 17 sino tres más; y de la relación original, se excluyeron los edificios de Acayucan y Huatusco para incluir Ciudad Mendoza, Las Choapas, Isla, Álamo y Pueblo Viejo, contraviniendo el dictamen aprobado por el Congreso, a menos, claro que se hayan hecho las correcciones fuera de toda norma.

Señala que el plazo de construcción y equipamiento de cada ciudad Judicial será de 12 meses, mientras que el plazo de prestación de servicios de conservación y mantenimiento será de 25 años contados a partir de la conclusión de construcción y equipamiento. Como también sucedió con la autopista a Cardel, se están asegurando negocios de largo plazo.

Y lo explico. Por cada contrato individual de APP se realizará un pago mensual –los 13.2 millones señalado en el dictamen- a efecto de reembolsar al contratista su inversión en la construcción y equipamiento de la ciudad judicial respectiva y para cubrir los costos, gastos, honorarios y demás conceptos relacionados con la conservación y mantenimiento de la ciudad judicial de que se trate.

Hay razones, verdades e información oculta que corren por el mismo riel. Es cierto, la construcción de las ciudades judiciales es parte del proyecto de la nueva reforma. La convocatoria es legal y observa toda la estructura que exige la normatividad. También es cierto que el gobierno del estado –y la parte que corresponde a las participaciones federales- no cuenta con los recursos necesarios para realizar estas obras.

Este modelo de inversión a largo plazo se suele utilizar, por ejemplo, para la construcción de las autopistas y carreteras, sólo que hay diferencias sustanciales. No se utiliza la figura de asociación Pública Privada, y los recursos que se asignan provienen de los usuarios y no de las arcas públicas, con lo que no se afecta el presupuesto anual. En este caso, los futuros Presidentes del Tribunal verán reducido a cero su margen de operación en materia de infraestructura.

En todo caso, se asemeja más al modelo de bursatilización utilizado por Fidel Herrera –realizar obra pública a cuenta de participaciones federales futuras-, que no sólo endeudó a los Ayuntamientos, sino que se prestó a toda clase de tropelías con obras fantasmas o de mala calidad, dejando jugosas ganancias a los presidentes municipales.

Lo que no está claro en este caso, son las empresas afines y con vínculo familiar, con lo que Edel Alvarez estaría amarrando para sí mismo, la principal inversión del Tribunal en las próximas dos décadas. Así que a la discrecionalidad de contratar jóvenes y guapas asistentes, personal sin experiencia jurídica y meter a la nómina a infinidad de familiares y amigos, se suma este rentable negocio. Lo dicho, no tiene llenadera.

Las del estribo…

  1. Al parecer, las sorpresas respecto del “Dream Team” chilango del buen Hipólito Rodríguez no se terminan. Resulta que se trajo a Julio César Sánchez Amaya como jefe de la policía municipal, el mismo que encabezó el fallido operativo del “New’s Divine” en la ciudad de México. El Presidente Municipal revisó a detalle el currículo de profesionales xalapeños a los que no encontró méritos suficientes; pero las recomendaciones de CDMX se las pasaron de humo.
  2. Una vez más, el Congreso abortó el nombramiento del nuevo fiscal Anticorrupción en el estado. Los diputados decidieron que lo resolverán hasta después del primero de julio, es decir, luego de las elecciones. Nuevamente el nombramiento está atrapado por el proceso electoral, y de su resultado, se determinará lo que más conviene a quien manda en Veracruz. Mientras, seguimos a la cola nacional para la implementación del sistema anticorrupción, en un estado donde esta práctica sigue siendo ordinaria.