Gabriel Martínez, joven percusionista, se encuentra atado a dos identidades, porque el Gobierno de Veracruz se niega a reconocer el cambio de nombre y sexo que hizo en la ciudad de México, para vivir la vida y expresarse en el género con el que se identifica.

Desde el momento en que supo que quería vivir como Gabriel inició una serie de cambios en su vida, que lo llevaron a enfrentar procesos físicos y legales, hasta concretar su cambio de nombre y de sexo de manera oficial, para tramitar su credencial de elector y algunos otros documentos oficiales.

Su alegría por los pasos dados acabó cuando llegó a Xalapa e intentó que se resguardara su acta primigenia, es decir aquella que se hizo cuando lo registraron al nacer, pues pese a existir un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que instruye a los registros civiles de cada entidad el resguardo de esas actas en México, en Veracruz, no se acata esta disposición.

Gabriel, mientras, reconoce que muy a su pesar, legalmente al menos, vive con dos identidades una, la que lo identifica como un hombre con el nombre de Gabriel, la otra es la de mujer que no le corresponde.

Él hizo un llamado a su nombre y al nombre de otras personas trans que viven con este problema, y lo hizo para el Congreso Local, pidiéndoles que simplifiquen las cosas para todos, pues esto puede prestarse incluso para cometer delitos.

“Si yo quisiera podría cometer un fraude, no es el caso, no lo quiero ni lo haré, pero eso es lo que están provocando al dejar que una persona tenga dos actas de nacimiento”.

La barrera para el cambio de identidad

Silvia Susana Jácome, activista de los derechos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) señaló que este es un problema para la población en Veracruz, pues existe una barrera para que las personas trans puedan tener una vida plena.

Desde la entrada de la actual administración estatal hay resistencia de parte del Registro Civil para acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a todos los Registros Civiles a resguardar el acta primigenia una vez que se logró el cambio de nombre y sexo en la Ciudad de México, explicó la activista.

Esto deja en una situación de vulnerabilidad a las personas trans de Veracruz, pues mientras en otras entidades como Oaxaca se acatan esas disposiciones, se resguarda el acta primigenia y queda la existencia legal de la persona con la nueva identidad, en Veracruz es necesario recurrir a nuevos procesos legales para obligar a la autoridad a atender las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia.

Esto no debería ser así. Esmeralda Leicxieur, abogada con perspectiva de género, dijo que legalmente esto es un desacato de parte de la autoridad para un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha emitido sentencias a favor del cambio de identidad y de sexo en las actas de las personas trans.

Esto implica no sólo una situación grave en materia de derecho, sino una flagrante violación que debe ser sancionada pues podría estarse incurriendo en el incumplimiento de un deber legal y la responsabilidad podría recaer en quienes se están negando a cumplir con esa disposición que obliga a resguardar las actas.

Actualmente, explicó, las personas trans que obtuvieron su cambio de identidad en la Ciudad de México, cuando llegan a Veracruz a continuar con el trámite que sigue, se encuentran con una barrera y se han visto obligadas a tramitar amparos.

Esos amparos prolongan el tiempo que deben esperar para gozar de todos los derechos con su nueva identidad y les obligan incluso a buscar el apoyo de abogados, lo que en ocasiones encarece el trámite que debería haber sido resuelto de manera inmediata.

Sin embargo, recordó, esos trámites que están saliendo a favor de las personas trans que los solicitan sólo vienen en el sentido de instruir de manera directa al Registro Civil para que resguarde el acta y no se ocupan de ordenar una investigación y sanción a quienes por motivos distintos al derecho se niegan a cumplir con una instrucción del máximo órgano de justicia del país.

Brisa Gómez/Avc