El gobierno federal y el gobierno de Veracruz suscribieron un convenio de coordinación para el otorgamiento de subsidios para el proyecto para la Atención de la Declaratoria de Violencia de Género Contra las Mujeres, en el cual se deben asignar cinco millones de pesos.

De acuerdo con la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha del 09 de febrero del 2018, la Secretaría de Gobernación (Segob) depositará cinco millones de pesos al gobierno de Veracruz para la instrumentación de medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que garanticen a las mujeres y a las niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia, señaladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres.

La solicitud del recurso fue realizada el 02 de octubre del 2017 por la Secretaría de Gobierno de Veracruz al gobierno federal, y en este convenio de colaboración quedó establecido que los dos órdenes de gobierno, revisarán cada dos meses el avance del proyecto para la Atención de la Declaratoria de Violencia de Género.

La Segob a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) y junto con el gobierno de Veracruz habrán de realizar un diagnóstico participativo con perspectiva de género y enfoque intercultural, mediante el acompañamiento especializado sobre el marco normativo que rige al Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF y del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Esto es que las dependencias estatales antes mencionadas deberán implementar cambios estructurales, jurídicos y de operatividad para eficientar sus funciones y se dé respuesta a los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, feminicidio y homicidio doloso, dentro del marco de los derechos humanos de las mujeres.

Así también se otorgará capacitación en materia de justicia y reparación, por lo que se deberán desarrollar los lineamientos para el Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, dirigida a los funcionarios que atiende desde el primer contacto hasta la solución de casos y emisión de sentencias en la materia, derivado de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo con enfoque de género.

También con estos cinco millones de pesos, la secretaría de Gobierno, a cargo de Rogelio Franco Castán, deberá desarrollar e impartir cursos de capacitación teórico prácticos orientados a la implementación de los Modelos de Operación y protocolos diseñados o actualizados.

En este convenio quedo establecido que se deberán destinar recursos para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas, por lo que se habrá de realizar un acompañamiento especializado a fin de obtener un diagnóstico con perspectiva de género y derechos humanos.

Señala que los procedimientos de búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas deberán hacerse efectivo, exhaustivo y con todos los mecanismos científicos, tecnológicos y de coordinación interinstitucional necesarios para dar respuesta a las familias de las víctimas.

 

 

 

También se debe realizar un diagnóstico con perspectiva de género en materia de justicia y reparación que contenga el análisis cuantitativo y cualitativo de todas las carpetas de investigación y revisión de los protocolos que se aplican o deben de aplicar por las dependencias que tienen la obligatoriedad de brindar atención a los casos de violencia contra las mujeres y niñas, y feminicidios, bajo un modelo del nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos, e interculturalidad.

El Diario Oficial de la Federación refiere que el control, vigilancia y evaluación de los recursos federales que asciende a cinco millones de pesos corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

Verónica Huerta/Avc