Es una grave violación a los derechos humanos, es uno de los delitos que más dañan la dignidad de la persona humana, es quizá, junto con la tortura y la ejecución extrajudicial, la conducta más aberrante que puede cometer un servidor público y del que puede ser víctima una persona, y es un peligro y un daño inmenso a la convivencia social y a la democracia. Es la desaparición forzada.

En los últimos días hemos sido testigos de por lo menos tres hechos de la mayor importancia que reflejan en todas sus dimensiones el delito de la desaparición de personas, en específico de desaparición forzada. El caso de la desaparición de un menor de edad de 17 años, Marco Antonio Sánchez, a manos de policías de la Ciudad de México; la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas; y, el arresto e imputación por el delito de desaparición forzada de 19 expolicías estatales, entre ellos, varios mandos medios y superiores, incluyendo al exsecretario de seguridad pública de Veracruz, Arturo Bermudez.

El caso de Marco Antonio ha resultado no sólo sintomático de esta enfermedad que azota la actuación de las policías de todo México, frente a la incapacidad de convertirse en verdaderas policías de investigación y como primeros intervinientes en hechos delictivos, sino también paradigmático de todo el fenómeno de ineficiencia y corrupción ante la desaparición forzada y la falta de acceso a la justicia de los familiares y víctimas de este delito.

En segundo lugar tenemos una nueva Ley General en esta materia que define el tipo penal y la penalidad de la desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Y señala que quien cometa este delito se le impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión.

En Veracruz amanecimos con la sorpresa de la detención e imputación de mandos medios y superiores de seguridad pública de la administración de los dos gobernadores anteriores, Fidel Herrera y Javier Duarte. Esto es un gran logro para las familias y víctimas indirectas de miles de desaparecidos en Veracruz.

Si la Fiscalía del Estado logra demostrar la participación de estos ex servidores públicos y son sentenciados, se abre la posibilidad de que estos exgobernadores Herrera y Duarte, sean acusados también vía la autoría mediata, por dominio de la organización en aparatos organizados de poder, con base en jurisprudencia en casos internacionales, como bien lo señala el Dr. Kai Ambos, experto internacional en autoría y participación, y quien vendrá en mayo a México a impartir un seminario, invitado por el Dr. Miguel Ontiveros y su consultoría.

Estamos en un momento clave en el combate a este delito grave de violación de derechos humanos. Tres son los aspectos que desde el gobierno y desde las autoridades del país se deben estar buscando para atacar la desaparición de personas: la eficaz investigación de los casos, la búsqueda de las personas desaparecidas y la atención psicosocial y reparación integral de los familiares de las víctimas directas.

Lo sucedido en Veracruz hoy es un gran logro de la Fiscalía y un enorme aliento para las familias de todos los desaparecidos, que merece reconocimiento. Esperemos que los casos estén bien sustentados y puedan ser probados legalmente ante el juzgado penal.

Sin embargo, el estado debe estar preparado para los otros dos grandes retos: buscar y encontrar a todas y cada una de las personas desaparecidas, y si no puede, debe dar una explicación y respuesta de por qué no pudo encontrarlos; y, por otro lado, atender a los familiares, sobre todo a las niñas y niños víctimas indirectas de las personas desaparecidas desde un enfoque psicosocial, y sobre todo cuando se presume o demuestra que es un caso de desaparición forzada, lo cual debe contemplar la reparación integral.

En abril de este año deberá estar integrada la Comisión Local de Búsqueda, y con ello se abre la oportunidad de retomar el trabajo de búsqueda de personas con base en protocolos y expertos en las diferentes ramas periciales forenses. Este mecanismo tendrá que trabajar muy de la mano de la Fiscalía Especializada en Delios de Desaparición de Personas, para elevar los estándares de investigación y búsqueda. Ello será imprescindible para tener éxito en llevar casos ante los jueces que estén bien sustentados con investigaciones, evidencias y peritajes sólidos y legales, ya que de no ser así, las víctimas tendrán mayores elementos para acceder a la justicia internacional.