Al cumplirse 11 años de la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió admitir la denuncia presentada en contra del Estado mexicano, para examinar lo ocurrido a la luz de sus obligaciones internacionales en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación Ernestina Ascensio Rosario fue la anciana de origen náhuatl, de 73 años, quien el 25 de febrero de 2007 fue encontrada por sus familiares desvanecida y sangrando, en un paraje de su comunidad ubicado en el municipio Soledad Atzompa.

La señora falleció sin atención médica quien antes de morir, lograra señalar -en su lengua materna- “los soldados se me echaron encima”. Los hechos nunca fueron juzgados ni aclarados, ya que, a pesar de que tanto familiares como el propio gobernador de Veracruz y autoridades municipales, denunciaron los hallazgos de violencia en la persona de la señora Ernestina, y que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz encontrara evidencia de violencia sexual, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, concluyó -antes que la propia Procuraduría-, que doña Ernestina había muerto por causas naturales “gastritis crónica”-, y no por factores externos.

La CIDH decidió admitir la denuncia presentada por tres organizaciones, para analizar: las circunstancias en que perdió la vida; el inexplicable y apresurado archivo de la averiguación previa y con ello, la falta de esclarecimiento de los hechos e identificación y procesamiento de los responsables atendiendo que se trataba de una mujer, indígena, adulta mayor en situación de pobreza.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la CIDH también pedirá cuentas a México por su omisión en adoptar medidas progresivas para garantizar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la falta de acceso efectivo a la información pública sobre el caso y la falta de recursos eficaces para su protección.

“Se inicia la etapa de análisis de los hechos denunciados y de encontrarlos violatorios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, declarará la responsabilidad internacional del Estado y le formulará las recomendaciones que considere necesarias para la justicia, reparación y la no repetición de los hechos”, señala el comunicado.

En el contexto de la cuestionada aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el caso se sumará al debate sobre la presencia y actuación del Ejército en los territorios indígenas y la importancia de que toda denuncia de violación de derechos humanos en contra de militares sea juzgada en el fuero civil.

Otro tema crucial que deberá abordarse en este caso, es la falta de justicia y de políticas que atiendan las violencias y formas de discriminación que viven las mujeres indígenas, en especial, la violencia institucional, así como por la impunidad de los perpetradores.

Asimismo, serán evaluados los obstáculos que todavía enfrenta la sociedad para el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

La denuncia fue interpuesta ante la CIDH en 2012 por el Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara, A.C, Cesem, la Coordinadora Regional De Organizaciones Indígenas De La Sierra De Zongolica y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos.

AVC/Noticias