Habitantes del ejido «Enrique López Buitrón» responsabilizaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Gobierno del Estado, por permitir la violencia y el desalojo de viviendas en el municipio de San Andrés Tuxtla.

Al respecto, la asesora legal de al menos 140 campesinos, Alejandra Reyes Medina, señaló que desde 1970 hubo invasores que pretendieron despojar a los campesinos de sus terrenos, y que a pesar de que en 1990 la autoridad dio la razón a los ejidatarios, los invasores se niegan a desalojar y han generado un clima de violencia que ha solapado la autoridad.

«Aun cuando ya tiene conocimiento de esto el personal de Gobierno del estafo no hace nada, entonces quizá todo esto termine en violencia (…) Como le dijimos al personal de Gobierno del estado, sea quien sea de los muertos aquí se los vamos a traer porque no intervienen».

En entrevista, narró que con el paso de los años la violencia en esta zona se ha recrudecido a grado tal que los presuntos invasores han prendido fuego en dos ocasiones a las 120 viviendas que existen, y han agredido a balazos a sus habitantes.

Dijo que apenas en marzo del año pasado ocurrió el segundo ataque a las viviendas y parcelas, pues los invasores quemaron las casas para amedrentar a los ejidatarios, y afectar los cultivos de plátano y chícharo.

«Los tomaron desprevenidos, los golpearon y sacaron de sus viviendas descalzos y en paños menores; los sacaron los invasores que se dicen afectados (…)  La primera quema de casas ocurrió en enero del año 2015, y se denunció ante el agente del Ministerio Público y posteriormente en marzo del año pasado ocurrió lo mismo».

Dijo que los campesinos cuentan con una resolución presidencial desde 1965 a su favor, que los convirtió en propietarios de las 2 mil 159 hectáreas que fueron expropiadas a un solo propietario.

«La Secretaría de la Reforma Agraria les mandó orden de desalojo desde diciembre desde 1990, se ampararon y perdieron el ampararon y aún así fueron protegidos por el delegado de la Reforma Agraria, Mario Ramírez Bretón».

Por ello, exigió a las autoridades que agilicen las denuncias y hagan efectivo el desalojo de los invasores de este ejido, pues dijo que de lo contrario serán los responsables de la violencia que ahí se genere.

«No tienen más que desocupar la superficie ejidal, pero se niegan, siguen obrando violentamente y las autoridades los solapan; hay agresiones físicas. Nos aventaban garrotes, dispararon sus armas y andaban con reatas; sí hubo heridos, a uno lo rozaron con una bala en el brazo y esto va a terminar en más violencia. A mi hijo le dispararon al pie de su cabeza porque él quiso defenderme porque nos traían a machetazos y garrotazos».

 

Perla Sandoval/