Por Victoria Argüello

BUENOS AIRES, 19 ene (Xinhua) — La inflación en Argentina, la segunda mayor de América Latina después de Venezuela, según el balance estadístico de 2017, ha minimizado gradualmente la capacidad de ahorro y la cantidad de bienes de consumo en los estratos frágiles de la población.

El alza del 24,8 por ciento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), acentuada en rubros como gas y electricidad, obliga a los ciudadanos a reducir el consumo de productos.

De acuerdo con un informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos, sólo en diciembre pasado en Buenos Aires el IPC se disparó un 3,3 por ciento, al elevar la variación interanual a 26,1 por ciento.

Un grupo familiar, integrado por dos adultos y dos niños, que requería hace dos años alrededor de 17.000 pesos (885 dólares) mensuales para tener la Canasta Total (alimentos más servicios), requiere ahora de 21.525 pesos (1.121 dólares), según el informe.

Esa misma familia debe contar con unos 16.800 pesos (875 dólares) mensuales para no ser considerada pobre y con 8.108 pesos (422 dólares) para no descender la línea de indigencia.

Mientras tanto, para que un grupo familiar con esas características esté ubicado dentro de la franja de la clase media, debe disponer de 86.103 pesos mensuales (4.484 dólares) como mínimo.

Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires manifiestan que lo primero que eliminan de su lista de gastos es el consumo fuera del hogar, en restaurantes o lugares nocturnos, luego prescinden de la compra de vestido o calzado y por último de tecnología.

«Procuro no gastar en ropa, tecnología ni entretenimiento, no visito restaurantes, no gasto en nada que no sea verdaderamente necesario», comentó a Xinhua Emilio Padilla, de 32 años, periodista residente en Buenos Aires desde hace dos años.

La inflación llevó a que algunos ciudadanos compren alimentos de menor calidad y reduzcan las porciones de cada comida, además de minimizar el uso del transporte público y sustituirlo por medios alternativos como bicicletas.

Daries Padrón (27), publicista, señala que el IPC ha afectado sus niveles de ahorro, pues sus ingresos alcanzan sólo para cubrir los gastos básicos.

También lleva una vida más austera, con menos consumo de equipos tecnológicos y material de entretenimiento.

En los locales comerciales no es la excepción.

Daniel Méndez, dueño de una mercería en pleno centro de la capital porteña, dice apagar, en pleno verano, el aire acondicionado de su establecimiento para ahorrar electricidad.

Los pagos por energía eléctrica en este local aumentaron de 200 pesos (10 dólares) cada dos meses a 300 pesos por mes (15 dólares), desde marzo de 2017, lo cual, asevera Méndez, tuvo un gran impacto en los costos.

Sin embargo, los precios de sus mercancías no se elevaron ni los de sus proveedores.

«Yo soy optimista, adecúo el consumo o los costos de mi local a la realidad de la economía, además de que me parece una oportunidad para que la gente adquiera conciencia sobre el mejor aprovechamiento de la energía», dijo a Xinhua.

En Buenos Aires se registró la segunda mayor inflación del país y se focalizó en servicios de agua, electricidad y otros combustibles que subieron 11,7 por ciento, seguido de salud y medicinas, transporte, restaurantes y hotelería.

Otras provincias del centro-oeste como Mendoza, San Juan y San Luis, pertenecientes a la región de Cuyo, sufrieron más alzas que la capital, con aumento de un 25,5 por ciento, las más altas de todo el territorio argentino.

Aunque muchos economistas coinciden en la expansión monetaria como factor clave del IPC de 2017, otros defienden que la inflación de Argentina tiene un origen multicausal que no ha sabido ser detectado de manera eficaz.