Martínez de la Torre.- Por enésima ocasión, y como ya es costumbre con la designación de un nuevo funcionario, en la Unidad de Procuración de Justicia de Martínez de la Torre, coordinada por Genaro Hernández Mendoza, han surgido quejas y acusaciones “anónimas” que ponen en tela de juicio la imparcialidad en la impartición de justicia.
Casos de corrupción, abuso, cobro de cuotas, carpetazos, tortuguismo intencionado, son algunos de los señalamientos graves que se han hecho en contra de los mandos superiores de la Unidad de Procuración de Justicia de esta ciudad, en la que supuestamente existe un grave problema en materia de justicia.
En relación a este tema, el presidente de la Barra de Abogados, Jesús López Aranda, señaló que los intereses personales están generando conflictos internos, a tal grado que en algunas ocasiones los propios mandos superiores son los que arremeten contra de los fiscales u otros funcionarios que se niegan a cumplir con el pago de la cuota, hecho que -asegura- deja al descubierto la red de corrupción que existe en la Subunidad y, además, afecta severamente la impartición de justicia.
«Como en toda institución y como en toda oficina, siempre hay interés personales, en este sentido, se ha escuchado que a veces hay intereses internos en la Fiscalía, desafortunadamente las autoridades, que son mandos interiores, a veces siguen con la misma idea de pedir cuota a sus colaboradores y, en muchos casos, cuando no se cumple con ello, es cuando las propias autoridades superiores empiezan a poner le piedras en el camino a sus subordinados en este sentido, desconociendo u olvidándose de que los fiscales son autónomos por propia ley», expresó.
Y tras señalar que la cuota que estarían pidiendo los mandos superiores en la Subunidad de Procuración de Justicia en Martínez de la Torre está obligando a Fiscales y subordinados a exigir un cobro a la sociedad a la hora de recibir sus denuncias, para no verse afectados y cumplir con el pago del “jefe”, el entrevistado precisó que este tipo de actos únicamente generan incertidumbre y desconfianza entre la población, por lo que hizo el llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se atiendan este tipo de irregularidades.
«Es claro que existe un conflicto en la dependencia, pero, por ejemplo, nosotros como Barra de Abogados no hemos tenido ningún conflicto con la licenciada Heidi Lastra, como Fiscal en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, y vemos que este tipo de casos solo confunden a la población y generan más duda de la que de por sí ya tienen hacia las instancias de justicia…».
Gilberto Viveros