A un año de finalizar su sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto afronta los índices más altos de violencia en los últimos 20 años. El año que apenas se fue es ya el que acapara el mayor número de carpetas por homicidio doloso, desde que ese registro oficial inició en 1997. Son 23 mil 101 carpetas de homicidios de los primeros 11 meses para superar cualquier año previo… y resta por contabilizar los números de diciembre pasado.
En medio de una serie de propuestas de seguridad que se han planteado en los últimos 10 años, el padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos humanos en México, expuso que la depuración debe comenzar por las autoridades.
“En primer lugar cambiemos de Gobierno porque si no es imposible entrar en la dinámica que ha venido desde Fox [Vicente Fox Quesada], Calderón [Felipe Calderón Hinojosa] y Peña Nieto [Enrique Peña Nieto]. Se necesita una dinámica nueva que nunca se ha hecho, y es informar a la gente de la verdad de la situación del país, después escuchar y generar una estructura donde se pueda dar su opinión y decisión. En pocas palabras tomar en cuenta a la gente”, dijo el religioso que apoya a migrantes centroamericanos, unos de los grupos vulnerables y víctimas constantes del crimen organizado en territorio mexicano.
La dinámica de seguridad que inició el 12 de diciembre de 2006 con la guerra frontal del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico, tuvo como punta de lanza la utilización del Ejército para acabar con el crimen.
Sin embargo, los cárteles no han desaparecido.
Hasta octubre pasado, en la República Mexicana operaban 27 células delictivas para nueve cárteles, de acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 29 de noviembre pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró su respaldo a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que daría un marco para las Fuerzas Armadas, que sería 15 días después aprobada en el Congreso de la Unión.
Para Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es necesaria esta aplicación para que la seguridad se implemente de forma más articulada.
“Es una Ley que obliga a las partes, sobre todo a las civiles a plantearse metas específicas conforme a la ley. Yo veo que desde el sexenio de Zedillo, hay una evidente pendiente de violencia. Las cosas cada vez están peor”, dijo el especialista.
No obstante, la Ley ha sido criticada por algunos grupos darle funciones al Ejército que no le corresponden.
“En 2006 metimos al Ejército a hacer acciones de seguridad pública, como una situación excepcional. Y ahora queremos que esa situación excepcional se vuelva regular a través de una Ley de Seguridad Interior, absolutamente inconstitucional”, criticó José Luis Juan Caballero Ochoa, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
De acuerdo con el libro “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), en el sexenio de Fox se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las Fuerzas Armadas. En tanto que en 10 del periodo calderonista y cuatro años de Peña Nieto se presentaron 10 mil 751 quejas.
Los operativos de las Fuerzas Armadas aumentaron 156 por ciento en dicha década. Entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la Secretaría de la Marina (Semar) y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a 22 mil 473.
“Lo que está demostrado a nivel internacional es que el asunto al combate a las drogas no se hace a través de la fuerza de una política de represión, de una política de utilización de la máxima fuerza del Estado como es el Ejército para detener este asunto del narcotráfico”, opinó el General José Francisco Gallardo Rodríguez.
El General expuso que la política internacional de los Estados Unidos ha impuesto la prohibición de las drogas y la estrategia de combate directo al crimen organizado.
El 27 de enero una llamada telefónica entre el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el de México Enrique Peña Nieto tuvo lugar. Más tarde filtraciones dirían que el magnate sugirió el envío de tropas estadounidenses a México para acabar con los “bad hombres”.
Hacia el 13 de noviembre, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong presumía que el Gobierno federal había neutralizado a 108 de 122 objetivos prioritarios del crimen organizado que se trazó al inició de esta administración.
“Hay documentos de la ONU que dicen que el 60 por ciento de la economía mundial proviene de economías turbias, lo que tiene que hacer el estado es regular y normar [las drogas]. Un ejemplo es el del alcohol. Ahí intervino la sociedad, hubo sanciones, hubo castigo de impuestos, y finalmente es una droga legalizada”, señaló Gallardo.
En un intento por oxigenar el debate, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo al cierre de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 19 de abril del 2016, las palabras: “Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención, y a una eficaz regulación”.
Pero el propio Peña Nieto regresó a Nueva York con una posición más conservadora. El Presidente se limitó a anunciar iniciativas de ley para aumentar el gramaje de la mariguana de 5 a 28 gramos, y hacer uso del cannabis de forma medicinal, sólo la segunda tuvo el visto bueno en el Congreso.
Sin embargo, Ricardo Ravelo, periodista especializado en crimen organizado, sostuvo que el crimen organizado se ha diversificado a tal punto en el país, que la sola despenalización no tendría éxito.
“Puede ser una medida útil, pero que de eso dependa, yo lo pongo en tela de duda. Hoy el crimen organizado ya no se dedica sólo al tráfico de droga. Si hoy se despenaliza el consumo de todas las drogas, las cosas seguirían igual en el país porque los cárteles, operan con 25 tipologías delictivas, aún les quedaría el secuestro, el tráfico humano, extorsión”, explicó.
FUERZAS CIVILES
La Segob informó esta semana que 8 mil 921 policías estatales reprobaron las pruebas de control y confianza. Por lo que los estados deberán de sacarlos de sus filas.
“Hay muchos hilos sueltos en esa materia pero se está observando que hay demasiado corrupción, mientras el Gobierno Federal sigue atacando con esto con más operativos, la criminalidad responde con más corrupción. No existe hoy mano dura para meter en orden la corrupción policiaca, y el 80 por ciento de los cuerpos están vinculados a redes del crimen, y con ello también las alcaldías”, afirmó Ravelo.
La policía estuvo involucrada en uno de los escándalos internacionales más grandes del sexenio con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
“Guerrero es un estado donde gobierna la narcopolítica, hay como 300 organizaciones criminales dedicadas a cualquier modalidad delictiva, que tienen un componente importante, los sublíderes o miembros importantes forman parte de los partidos políticos, hay parentelas de alcaldes que al mismo tiempo que gobiernan están a cargo de una organización de secuestradores, narco, siembra de amapola, y es una mezcla de políticos y criminales. Las policías en Guerrero son cuerpos armados al servicio del crimen organizado”, apuntó el periodista.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas de la Segob hay 13 estados donde los policías reciben un salario inferior al a los nueve mil 933 pesos.
El primero de diciembre del 2014 llegó al Senado la iniciativa de Mando Único, que pretendía subordinar al control estatal a las policías municipales.
Pese a que la propuesta fue retomada por partidos como Acción Nacional en forma de Mando Mixto, en la que sólo algunos municipios darían sus policías al control de la Gubernatura, la ley nunca fue aprobada.
“Todo lo que tendríamos que empezar para la Reforma Policial democrática, desde el nivel municipal, estatal, federal, capacitación, cultura y el mismo ingreso. Y todo eso tiene que ver con la imposibilidad de hacerlo, porque las estructuras de alta corrupción permean hasta abajo”, expuso Caballero.
IMPUNIDAD
En agosto el índice Global de Impunidad (IGI) 2017, de la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), colocó a México como el cuarto país del mundo con el mayor grado de incidencia de este cáncer social. Sólo detrás de Filipinas, India y Camerún.
A principios de diciembre, la sola idea de que el candidato presidencial del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador de otorgar amnistía a criminales generó un revuelo mediático.
“Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas; no descartamos el perdón. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, dijo López Obrador.
De acuerdo con el General Gallardo, también integrante de Morena, el Estado no puede dar amnistía ni perdonar, sino es mediante un juicio, en donde hay un procedimiento legal que haya determinado una sanción. “Todas las personas que violan la ley, deben ser enjuiciados procesados, y mediante un procedimiento, que responda a una sanción de carácter social, porque agravia a la sociedad, el Estado ya determina si reduce la pena, es una facultad del poder ejecutivo, pero una vez con sentencia [se puede dar el indulto]”.
En México la mayor parte de los delitos no llegan a siquiera ser registrados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra negra fue de 93.6 por ciento a nivel nacional en el 2016, y de 93.7 por ciento en el 2015.
Para el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardain, el perdón no puede venir sin justicia.
“En primero lugar, amnistía significa olvido, y no se trata de olvidar, eso es simplemente darle carta de naturalización al crimen organizado. Yo en mi carta a AMLO hablo del perdón, que en su expresión de derechos humanos, y laica, significa una justicia transicional, y eso implica proceso muy profundos de justica, no con el borramiento del crimen”, explicó Sicilia, quien se ha convertido en uno de los más mediáticos críticos a la polémica propuesta del precandidato presidencial.
López Obrador ha tenido que matizar su propuesta. Hoy dijo que no significa liberar a secuestradores, violadores o asesinos y acusó a sus contrincantes de manipularla con fines políticos sus declaraciones.
Desde el asesinato de su hijo en 2011, en manos de integrantes del crimen organizado, el líder social se ha dedicado a respaldar a quienes buscan a sus familiares y a quienes exigen justicia sobre diversas causas. En los primeros cuatro años y medio Peña Nieto acumuló 19 mil 155 desapariciones entre el fuero federal y común. Mientras que Felipe Calderón sumó 13 mil 681 durante todo su sexenio.
“Tiene que empezarse con la paz, y luego la justicia, hemos abierto tantas fosas clandestinas donde no hemos deslindado la responsabilidad de hablar de amnistía es hablar de impunidad. Y si es eso es así llevaos 12 años de impunidad que nos ha dejado miles de asesinatos. Hemos vivido bajo amnistía”, expuso Sicilia.