La muerte de Gumaro Pérez Aguilando nos vuelve a dejar muchas enseñanzas. La primera de ellas, es que la autoridad, antes como ahora, ha decidido que es más fácil culpar a la víctima de su propio destino, antes que investigar y castigar a los culpables. Acusar de que “colaboraba en actividades ilícitas”, sin señalar si habría sido responsable de algún crimen, lo priva de la justicia y estigmatiza a su familia.

El segundo argumento recurrente de la autoridad es que, como en este caso, se trata de malos que matan a malos. “El se lo buscó”, es la lógica de la Fiscalía. Sin embargo, nunca se refieren a que este crimen se cometió a plena luz del día, en un edificio público –la escuela de su pequeño hijo- y ante decenas de testigos. La violencia alcanza con asombrosa facilidad a cualquier ciudadano. Matar a alguien se ha convertido en una tarea posible sólo con desearlo.

La tercera falacia oficial es que si no escribe o trabaja para algún medio no es periodista. Es un argumento vergonzante, no sólo porque le quita a esa condición de decenas de compañeros que se han dedicado a este oficio y que hoy se encuentran en el desempleo a causa precisamente de la animadversión del gobierno estatal de este gremio, sino de paso valida lo que siempre ha negado: quien sí escribe para un medio, no importa cuál, no importa cuándo, no importa cómo, entonces ese sí es periodista.

Pero no todo queda allí. Según la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Gumaro estaba incorporado a su programa de protección desde hace dos años, luego de haber recibido una serie de amenazas. Esto quiere decir que para la CEAPP sí era periodista pero para el gobierno estatal no, por lo que hay una evidente intención de minimizar un crimen que ya tuvo repercusión internacional.

Hay otro elemento que debe considerarse. De ser cierta la versión de la Fiscalía –hecha pública contraviniendo el debido proceso-, entonces la CEAPP carece de los mecanismos suficientes y adecuados para identificar el contexto en el que un periodista pide protección. Si bien, la CEAPP debe actuar de buena fe ante el riesgo que supone el ejercicio de la profesión, estaría –a juicio de la propia autoridad- ofreciendo mecanismos de protección a delincuentes disfrazados de periodistas. Vaya cosa.

Por todo esto, para la Fiscalía General del Estado no es más que un muerto más en el eterno ajustes de cuentas entre bandas criminales, y por tanto, tampoco es necesaria una investigación para determinar la identidad de los responsables. No hay culpables porque nadie tiene la voluntad de investigar.

Ayer mismo, la Procuraduría General de la República informó que a través de la Feadle ha iniciado su propia investigación. Habrá que ver qué resultados arroja.

Mientras eso sucede, Gumaro Pérez Aguilando es oficialmente un delincuente más.

La del estribo…

  1. La generosa retahíla de calificativos que cruzaron el pre candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador; y el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, viene a confirmar que nuestro país va como los cangrejos en eso de la política. No hay respeto a la investidura, se acusa con absoluta ligereza y se envilece una actividad pública, que con sobrada razón, tiene a la gente hasta la madre.
  2. Américo dice que sí quiere llegar al PRI. Renato dice que él no se quiere ir del PRI porque tiene mucho trabajo y que como ya empezó el proceso electoral no se puede emitir convocatoria para que lo sustituyan. Quien lo releve llegará de la misma forma que él lo hizo. El asunto es que no se quiere ir con las manos vacías y empieza a mostrar signos de desesperación. Al final, el daño se lo están infringiendo al futuro candidato.