Prefacio.
El diputado local de Nueva Alianza, Vicente Benítez González, presentó una Iniciativa de Decreto que modifica el Artículo 13 de la Ley de Educación del Estado, con el fin de implementar un programa de “uniformes escolares gratuitos” a partir del inicio del ciclo escolar 2018-2019 y los ciclos subsecuentes. *** Explicó que si bien la educación que imparte el Estado es gratuita, las condiciones sociales imposibilitan que todos los niños la disfruten en condiciones de igualdad. *** “Una de las más sentidas demandas de los padres de familia sigue siendo la eliminación de cualquier tipo de gasto que implique una merma a su economía, como ocurre cada año con la adquisición de la vestimenta escolar”, explicó. *** El programa abarcará aquellos municipios y localidades de la entidad que se encuentren dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria. *** Por cierto, que a la propuesta del diputado de Nueva Alianza se sumaron los Grupos Legislativos del PAN, PRD, Morena y el PRI, así como el diputado Sergio Rodríguez Cortés.
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En una entrevista concedida el 8 de marzo del presente año, a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que su administración atendía puntualmente los once puntos que contemplaba la Alerta de Género emitida por la Secretaría de Gobernación. Ahí mismo anunció que se iniciaría pronto la construcción de un centro estatal de atención a mujeres víctimas de la violencia.
Tres meses después, el 14 de junio, con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se instaló la “Mesa de Alto Nivel para Definir Acciones contra la Violencia de Género en Veracruz”, y en octubre asistió a la colocación de la primera piedra del Centro Integral de Justicia para la Mujer, en Xalapa. En ese evento admitió: “Es un apena que Veracruz sea hoy una de las entidades donde las mujeres son aún víctimas de violencia y que nuestro estado figure en este mapa de la delincuencia que lastima a las mujeres y afecta los derechos de las mujeres y no sólo en el tema del feminicidio, sino en muchas otras expresiones de violencia”.
Era octubre, ya habían transcurrido casi once meses desde que asumió el cargo y la violencia contra las mujeres seguía siendo un problema en esta entidad.
Lo cierto es que a este gobierno le importa un comino la protección de la mujer.
El pasado miércoles la Secretaría de Gobernación emitió la segunda declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Veracruz.
A partir de esta medida consecuencia, el estado deberá publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la Alerta, “con información accesible y con un enfoque intercultural para la población”.
La Alerta de Género plantea que Veracruz deberá modificar el Artículo 149 del Código Penal (que establece que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”).
También tendrá que reformar los Artículos 150 (“A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud) y 154 (“El aborto no es punible cuando: es causado por imprevisión de la mujer embarazada; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando, de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte, y cuando a juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves”).
Fiel a su estilo, ante esta nueva Alerta de Género, el gobernador optó por echarle la culpa a otros. En un comunicado oficial, señaló como responsable al Congreso local, porque “no realizó las modificaciones al Código Penal solicitadas, debido a que consideró inviable, por el momento, reformar el Código Penal para no contravenir la Constitución Local”.
Desde el 23 de noviembre del año pasado, el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz establece que “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes”.
Sin embargo, dicha reforma fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y está aún por decidirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El gobierno de Miguel Ángel Yunes fue enfático en aclarar que esta nueva Alerta de Género “no tiene relación con los delitos de feminicidio, sino con la demanda de garantizar derechos reproductivos y sexuales de las mujeres víctimas de violencia sexual; las cuales se encuentran tipificadas en el Código Penal”.
Sin embargo, el 24 de agosto del presente año, la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), del Centro de Estudios de Género, Estela Casados González, dio a conocer que 1 de enero al 31 de julio de 2017 habían sido asesinadas 146 mujeres en el estado de Veracruz, y lo calificó como el año más violento.
Y para dejar muy claras las diferencias, explicó que en 2014 fueron 74 feminicidios; en 2015 hubo 99, y mientras que en 2016 ocurrieron 142 casos.
Para el primer semestre del 2017 ya se habían contabilizado 146 crímenes contra las mujeres.
No. En el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la seguridad de las mujeres no es prioridad.
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Epílogo.
José Oliveros Ruiz es, a partir de este jueves, el nuevo Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en sustitución del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien cumplió en forma brillante su período al frente de ese organismo. El magistrado Oliveros Ruiz señaló que buscará que se emitan las sentencias, claras, breves y razonadas, y que se expliquen los elementos para arribar a cada una de las decisiones que se tomen. Reconoció que la elección concurrente de 2018 implica muchos retos y tiene la confianza de que el equipo del TEV podrá sortearlos con decisiones apegadas a derecho y de manera colegiada. *** Luego de que se resolvieran los últimos recursos en la Sala Superior del Trife, la Legislatura aprobó este jueves la convocatoria para celebrar elecciones extraordinarias en los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, donde se decretó la nulidad de las elecciones. El proceso electoral extraordinario iniciará el tres de enero y las elecciones se realizarán el 18 de marzo del 2018. Para los tres casos el Congreso del Estado nombrará, a más tardar el 31 de diciembre, a los ciudadanos que integrarán el Concejo Municipal que fungirá a partir del primero de enero de 2018 y hasta que entre en funciones el Ayuntamiento que resulte electo, que será el 2 de julio del mismo año, para concluir el 31 de diciembre de 2021. *** Esta columna se tomará unos días. Nos vemos después de Navidad. Gracias.