Para que un medio de comunicación sobreviva no sólo necesita tener las mejores exclusivas o mejores analistas, es una realidad que gran parte del sostenimiento es por la publicidad, los espacios que compren los gobiernos, los órganos autónomos y poderes públicos. Durante muchos años, en la compra de estos espacios publicitarios debe difundirse tal cual como esté el contenido sin cambiar ninguna palabra. Son millones de pesos los que se pagan para difusión de mensajes de interés político, de tal forma que los medios que publican esto sólo se ven obligados a comunicar sin opinión alguna por ser publicidad oficial.

El 15 de noviembre del 2017 se ha convertido en un fecha histórica para la democracia mexicana y la relación entre medios de comunicación y poderes públicos. Con 4 votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014, al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución en materia de gasto de comunicación social. Ahora el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Esto pudo ser posible por el trabajo exhaustivo de Artículo 19, al no quitar el dedo del renglón, interponiendo un amparo contra la omisión legislativa del Congreso y la ausencia de regulación de la publicidad oficial, lo cual tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de los distintos medios de comunicación, sin hacer a un lado que a la sociedad no se le respeta el derecho a la transparencia de información. Esto ya no está lejos de llevarse acabo, es un gran paso, principalmente de la libertad de expresión.

¿Con esto qué se gana? ¿En qué avanzamos? Después de que la ley sea aprobada, será efectivamente implementada y la compra de publicidad oficial será ejercida a través de criterios  objetivos, transparente, equitativa, y con fines absolutamente informativos. Durante años los gobiernos han utilizado esto a su favor para promoverse, y peor aún con dinero público.  Sin irnos tan lejos, el gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta agosto de 2017, sin calificar el control o cumplimiento del contenido.

Con esto habrá un gran cambio, algo que nos permitirá ver a quienes les quitaron “la mordaza” o los que han utilizado esto como excusa para seguir beneficiándose monetariamente, sin cumplir con el objetivo principal de todo medio de comunicación: informar la verdad. “La verdad no peca pero incomoda”, me refiero a que la publicidad oficial no rinde cuentas, no comunica lo que es, lo más lamentable es que nadie se la cree, era una estrategia para tener controlados a los medios en su contenido, ahora, suerte para los próximos gobiernos, deben irse mentalizando para lo que viene, terminó la CENSURA y el pretexto.

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