En esta era que vivimos de permanente innovación tecnológica, de conectividad por diversos medios electrónicos y de comunicación por medio de redes e internet, el formato de Informe de Gobierno resulta no solo obsoleto, sino absurdo y ridículo. La rendición de cuentas que representa un informe sobre el estado que guarda la administración pública bien pudiera llevarse a cabo con esquemas no solamente más modernos, pero incluso más democráticos y deliberativos.

Las democracias constitucionales representativas modernas no se definen por un arreglo institucional específico, sino por la característica fundamental de la rendición de cuentas, donde los gobiernos son supervisados por sus acciones.

La rendición de cuentas tiene tres aspectos esenciales que son la responsabilidad, es decir el gobernante electo tiene una obligación de responder a los ciudadanos; el acceso, que tiene que ver con la disponibilidad y disposición para responder al cuestionamiento de quienes lo eligieron; y, la deliberación, que significa la posibilidad de dialogar y entrar en debate con él por parte de la ciudadanía. Las contrapartes de esas tres características de la rendición de cuentas son la imposición, la exclusión y la confrontación, que llevan a la frustración de los ciudadanos.

El carácter del Estado moderno democrático y representativo surge de dos principios que son el contrato y la confianza. El gobernante no informa sobre lo que quiere o lo que le gusta anunciar, informa sobre ese contrato que hizo con quienes lo eligieron para llevar a cabo un programa de gobierno que debe ser medible y cuestionable. Y en la medida que ese contrato se cumple es que se renueva la confianza.

La rendición de cuentas deber ir acompañada de dos cosas que no tiene el esquema del Informe, las sanciones y el desacuerdo. En pocas palabras, el Informe de gobierno no sirve para nada, por dos razones principales porque de él no surgen consecuencias y tampoco está abierto al desacuerdo. Ni los diputados ni los ciudadanos tienen la posibilidad de llevar a cabo esas dos acciones.

En las monarquías absolutas el rey era responsable ante Dios, en los sistemas parlamentarios, el primer ministro es responsable ante el Parlamento, y en las repúblicas el presidente es responsable ante el pueblo a través de sus representantes. ¿Pero cómo se evalúa esa responsabilidad? Unos pueden decir que se evalúa en las urnas, en las elecciones, pero en un sistema de rendición de cuentas democrático, debe haber mecanismos permanentes de responsabilidad, acceso y deliberación.

Esa evaluación que supuestamente hace el Congreso, pero que en realidad no sirve para nada porque no tiene ningún efecto, resulta absurda hoy en día en la era del internet y de las redes sociales. El formato y protocolo del Informe es en realidad simplemente eso, un acto protocolario.

Lo más grave es que, al no tener ningún sustento real de responsabilidad ni de efecto como sanciones, los gobernantes lo aprovechan para decir lo que quieren. ¿Pero contra qué se contraste y compara? ¿quién realmente lo evalúa?. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes que me diga qué va a decir el gobernador en su informe (y no sólo en su informe, sino en toda la publicidad que se utiliza con recursos públicos para difundirlo) estoy cierto que todos vamos a contestar que puras cosas positivas. No hay una autoevaluación ni una autocrítica. Mañana voy a leer el informe de gobierno, y si veo una sola autocrítica o evaluación seria, en este mismo espacio la voy a señalar y felicitar.

Pero más allá de esa situación de que el Informe es una espacio del gobernante para anunciar sólo los avances o éxitos, me interesa más señalar que la rendición de cuentas no es solamente entregar un informe, la rendición de cuentas es espacios, esquemas, procedimientos para entrar a un debate y una retroalimentación entre gobierno y ciudadanos, donde se hacen observaciones y evaluaciones, y donde se hacen preguntas y cuestionamientos.

También la rendición de cuentas en este momento de la era tecnológica, debería ser la creación de espacios donde los ciudadanos, las organizaciones de las sociedad civil, las universidades, presenten sus propios informes alternos, cuestionen las cifras oficiales, hagan sus propios estudios y evaluaciones, pero más importante que todo eso, es que el gobernante los lea y los conteste. Esos esquemas podrían ser el verdadero informe, un informe real y democrático.

No me refiero aquí solamente al derecho al acceso a la información y la transparencia, que dicho sea de paso es otro forma de rendición de cuentas y de contrapeso, si no a que el gobernante no informe lo que quiere, sino que escuche lo que la sociedad le evalúa. Ello independientemente de lo que el Congreso pueda hacer con su papel de contrapoder a la hora de respaldar y representar a los ciudadanos.

Por lo pronto, y ejerciendo mi ciudadanía, yo sí le pregunto al Gobernador: ¿dónde están los asesores jurídicos que deben tener las víctimas en Veracruz? ¿dónde está el Fondo de Ayuda y Compensación para víctimas? y ¿cómo se ha atendido a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos en Veracruz?… y si este año no se hizo nada ¿Qué y cuánto se va a destinar para la atención a víctimas para el 2018?.