En la busca de la equidad de género, de la paridad en la participación de los dos sexos, las normas electorales propuestas por los gobernantes y autorizadas por los legisladores locales y federales, según el caso, han caído en laberintos legales, en exageraciones de detalle, en complicaciones innecesarias.
Para qué buscar chipotes, si el suelo está parejo.
La historia es más o menos explicable y, para llevar un orden, empezaré por el principio, me seguiré por el medio, y me detendré justo al llegar al final.
Todo comenzó cuando los mexicanos nos dimos cuenta de que teníamos una democracia incipiente, y que después de décadas de dictadura perfecta, nuestro voto personal empezaba a tener un valor (que en muchos casos se terminó por convertir en un valor de cambio: la voluntad del votante, “a cambio” de una despensa, un apoyo o una promesa).
En tantos años de priismo, con elecciones que eran sólo una coreografía, el sistema electoral se había corrompido al máximo, al grado de que los ciudadanos ya no necesitaban acudir a la casilla pues su voto se emitía a través de boletas previamente cruzadas, del embarazo a las urnas, de los conteos engañosos. La autoridad se gratificaba a sí misma con elecciones hechas a modo y sancionadas por los mismos diputados elegidos de manera tan irregular, convertidas las cámaras en colegios electorales que todo lo permitían y nunca veían la viga en el ojo propio.
Sin embargo, la reforma política impulsada por nuestro paisano que más presumimos, don Jesús Reyes Heroles, trajo aparejados vientos de renovación y el nacimiento de un pie de democracia en el tronco del robusto árbol de la corrupción electoral.
A fuerza de presiones populares, el sistema/gobierno tuvo que ir cediendo espacios y terminó por ciudadanizar el órgano sancionador de las elecciones, con un primer ejercicio glorioso en manos de José Woldenberg y su equipo de funcionarios electorales expertos en el tema, que por desgracia terminó por ser sustituido por una burocracia a modo, impuesta por los intereses particulares de los partidos políticos.
Pero el embrión dejó huella en muchos aspectos. Uno, por la necesidad de garantizar la legalidad de los procesos, se tuvieron que aplicar candados para evitar la intromisión de recursos del propio gobierno o de fuentes privadas e incluso delicuenciales en apoyo a candidatos oficiales.
Por eso nuestras elecciones terminaron por ser las más caras del mundo en cuanto a la aplicación de dineros públicos. Y aquí también intervino la ambición desbocada de las camarillas que controlan a los partidos políticos y a las cámaras a través de sus diputados y senadores, de modo que se fueron autorizando cada vez presupuestos mayores, hasta que se convirtieron en una sangría nacional.
La corrupción asentada en el gobierno permeó hacia los partidos políticos y nuestra superficie de maíz velardiana se convirtió en la geografía inconmensurable de la rapiña, y así la otrora suave patria ya no recibió hijos/soldados del cielo. En adelante, la entraña del poder un corrupto en cada político le dio.
La corrupción se enseñoreó en todas las partes de la vida pública, se expandió, llegó a extremos inauditos. Y en ese ambiente, las leyes electorales han tenido que llevarse hasta el detalle mínimo, con el fin de garantizar al máximo la elusiva legalidad, la complicada imparcialidad y la difícil justicia en los procesos electorales.
Y aquí llego al meollo del asunto, porque en su afán de garantizar equidades, las regulaciones han terminado por cometer excesos en contra de la voluntad ciudadana, como en el caso de la selección de las regidurías.
Si me permiten y si me siguen, en la entrega del próximo viernes (descansaremos en los días de Muertos) trataré de explicarlo.
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