Para la Sección Instructora, órgano que integran cuatro miembros de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz contra el diputado Antonio Tarek Abdalá Saad no fueron suficientes para retirarle la protección que implica que fuero.

Se ha dicho al respecto que la Fiscalía no habría integrado de forma adecuada, completa y convincente, el expediente que turnó al legislativo para quitarle la protección al diputado por el distrito de Cosamaloapan. También se ha comentado que en la Cámara Baja prevaleció el acuerdo priista para arropar al ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz durante la administración  de Javier Duarte. Lo cierto es que a Tarek Abdalá no lo alcanzará la mano justicia… al menos hasta que deje de ser diputado, lo que ocurrirá a finales del próximo año.

Al ex tesorero del gobierno estatal le señalan por un probable desvío de recursos y por enriquecimiento ilícito; algo así como 2 mil millones de pesos.

Este jueves, los perredistas y panistas se confrontaron con la bancada priista por el caso del desafuero de Abadalá Saad; sin embargo, el tricolor y aliados lograron imponerse.

No habrá desafuero y ello le dará tranquilidad al diputado veracruzano. La decisión de la Cámara Baja, por supuesto, implica un revés para la Fiscalía General del Estado, que pretendía llamar a cuentas al citado legislador.

Este jueves, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, declaró que la resolución fue negativa, debido a que la fiscalía veracruzana envió las carpetas de investigación incompletas.

Incompetencia de la Fiscalía General del Estado o acuerdo cupular para proteger al legislador señalado por presunta corrupción, lo cierto es que la percepción que genera el sentido del dictamen de la Sección Instructora se relaciona mucho más con un tema que ha sido una constante en el sistema mexicano de procuración e impartición de justicia, la impunidad.

Por otro lado, habría que agregar que la determinación de la Cámara Baja, a través de la Sección Instructora y de la Comisión Jurisdiccional, no implica más que la continuación, por un año más, de la protección de la que goza Abdalá Saad, quien de ninguna manera puede considerarse a salvo, porque al concluir su periodo podría ser llamado a cuentas, ya sin fuero, por la fiscalía estatal.

En pocas palabras, el dictamen de la Cámara de Diputados no lo convierte en inocente ante la justicia. Menos aún ante la opinión pública.

Ahora bien, ¿se esperaba un dictamen diferente?; no; en un país donde la impunidad es regla y no excepción, lo común es que no exista castigo para los señalados por actos de corrupción. Es mucho más probable que caiga un ladrón después de llevarse un bote de leche para sus hijos, que un diputado o ex gobernante sobre el que pesan acusaciones por presunta corrupción. En ese contexto de justicia selectiva se podría circunscribir el caso del Abadalá Saad. Basta decir que en la historia nacional, de 327 solicitudes, sólo ocho legisladores han sido desaforados, menos del 3 por ciento.

Recordemos, por otro lado, la declaración que lanzó el gobernador Miguel Ángel Yunes a finales de marzo del presente año, cuando apuntó que existiría la intención, en el legislativo, de cuidar a Tarek Abadalá: “es evidente que lo están protegiendo en la Cámara de Diputados, en otras condiciones ya estaría desaforado y en prisión…”

La cárcel, sin embargo, no es la siguiente parada en el camino del diputado por el distrito de Cosamaloapan, quien parece que terminará su periodo en 2018; será hasta entonces, y no antes, cuando la fiscalía podrá llamarlo a cuentas. @luisromero85