Para el gobierno del PAN, las veracruzanas no valen

Que el gobernador Miguel Ángel Yunes desconozca si ya se publicó o no en la Gaceta Oficial el programa estatal de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), puede ser parte de su abierto desinterés por lo que ocurra con uno de los temas, la creciente violencia contra las mujeres, que afectan al sector que representa cerca del 52 por ciento de la población de Veracruz. “No tengo el dato a la mano, pero seguro ya se publicó, pero si no, lo publicaremos”, dijo. Hasta ayer, no se había publicado, fallando al compromiso de hacerlo antes de que concluyera septiembre.

Lo más grave es que, en el colmo de la ineficiencia, la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, no sepa las acciones implementadas para responder a la primera alerta de género y a raíz de la solicitud de alerta por agravio comparado, lo que muestra el poco valor que confieren los funcionarios del gobierno panista, comenzando por su gobernador, al sector mayoritario de la población de la entidad.

A poco tiempo de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dé a conocer su informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la alerta de género por agravio comparado, el IVM no sabe qué se ha hecho, más allá de “juntas de trabajo de hasta siete horas” con los diferentes poderes del estado, según atinó a responder antes de salir corriendo porque, según se disculpó, ya se estaba haciendo pipí.

Todo ello, pese a que tanto el gobernador Yunes como la Secretaría de Salud y la Fiscalía General se comprometieron con la Conavim, para evitar la segunda Alerta de Género, a cumplir con la recomendación de elaborar y publicar un programa estatal de la ILE antes de finalizar septiembre, que garantice la coordinación institucional efectiva para su acceso sin dilación, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Se supone que, paralelamente a su elaboración y publicación, se debía dar difusión sobre el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, sin la necesidad de presentar denuncia ni contar con una autorización previa en los casos de violación sexual, así como con información sobre la ubicación y datos de contacto de los centros de salud en los que se brinda este servicio, bajo esquemas de confidencialidad y confianza.

Venció la presión electoral de la Iglesia

Lo que en realidad ha impedido que se cumpla con esta recomendación es la negativa del PAN, coludido con una destartalada izquierda representada por el PRD, y la complicidad del PRI, a aceptar reformas a los preceptos que, desde el gobierno de Javier Duarte, penalizaron el aborto, tanto en la Constitución local como en el Código Penal.

Yunes le echó la bolita a los legisladores locales, quienes rechazaron la iniciativa presentada por Morena para legalizar la interrupción legal del embarazo hasta la semana 32, supuestamente porque hay una controversia constitucional en el artículo 4° de la Constitución local, que defiende la vida desde el momento de la concepción, que debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, todos sabemos que la negativa a aprobar la propuesta de reforma de Morena tiene que ver con dos cosas: uno, evitar un triunfo de un partido opositor que no es controlado desde el Ejecutivo, y dos, la enorme presión ejercida por la Iglesia católica, cuyos principales jerarcas se dedicaron en las semanas previas a torpedear al gobierno de Yunes.

En efecto, desde la Arquidiócesis de Xalapa, entre otras instancias católicas, se enfilaron sobre el gobierno estatal críticas sobre el enorme fracaso en el abatimiento de la violencia criminal, la incapacidad para mejorar las finanzas públicas, la nula obra pública y la dificultad para hacer recuperar la economía y generar empleos, un discurso que desapareció tan pronto los diputados panistas y sus aliados echaron abajo la propuesta de despenalizar el aborto en casos de extrema urgencia.

Por lo visto, lo que más le preocupa a Yunes Linares es que la influyente Iglesia católica le retire el apoyo que ya le había mostrado en los últimos comicios y, en cambio, realice un trabajo de socavamiento político entre la feligresía jarocha que pondría en aprietos a su hijo mayor, quien será sin duda el candidato panista a sucederlo en 2018.

Según Yunes, una segunda Alerta de Género no tendría nada que ver con feminicidio sino por la no aprobación de esta reforma. Pero él se ampara en una argucia legaloide que pudo haberse resuelto en caso de que así lo hubiera querido su gobierno.

“El argumento del Congreso, es un argumento que yo comparto (…) actualmente está en proceso una controversia constitucional que no se ha resuelto que tiene que ver con la Reforma al artículo 4° que señala que el derecho a la vida inicia desde el momento a la concepción y que (…)se debe proteger hasta el momento de la muerte, esto implica una limitante para poder legislar en otro sentido; el congreso así lo señaló y yo comparto esa decisión, creo que hay que esperar a que la Suprema Corte resuelva si esa reforma al artículo cuarto de nuestra constitución está apegada al término constitucional o no”.

Para entonces, los comicios del domingo 1 de julio ya habrán ocurrido y, aunque se decreten cientos de alertas de género, en cambio no afectarán la campaña electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien este fin de semana ya comenzó en abierto su precampaña en el norte de la entidad, pese a ser simple alcalde en Boca del Río.

La vergüenza de la izquierda y la gloria de la derecha

El resolutivo tomado por el Congreso local en torno al tema de la interrupción legal del embarazo no solo mostró a un panismo escondido bajo las sotanas de los curas veracruzanos, que se dicen padres sin serlo. También mostró cuan caro ha resultado para el Partido de la Revolución Democrática su alianza electoral con los panistas.

Justo el último día de septiembre, la dirigencia nacional del PRD reprobó la actitud de su bancada en el Congreso local de votar en contra de la despenalización del aborto en Veracruz: “a las y los legisladores que integran al grupo parlamentario del PRD en Veracruz, serán llamados al órgano partidario de dirección nacional para los efectos estatutarios a que haya lugar”.

En el PRD, según el comunicado oficial, “nos pronunciamos por la prevalencia de un Estado Laico que garantice los derechos humanos de las mujeres, por lo que no compartimos la decisión de las y los legisladores que votaron en contra de la iniciativa que despenaliza el aborto hasta las doce semanas de gestación”.

La dirigencia nacional consideró que es importante parar la violencia de género: “Nos sumamos a la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Veracruz, para que el Gobierno de este Estado cumpla con las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a los tres poderes del Estado el 31 de marzo del presente año.”

“En el Partido de la Revolución Democrática el principio de autodeterminación de las mujeres está inscrito en el marco de nuestros documentos básicos, estos establecen que pugnamos por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo. Este es un principio que el PRD como instituto político seguirá defendiendo y enarbolando”.

Los panistas, en cambio, están de plácemes. Para el mismísimo presidente de la Comisión de “Derechos Humanos”, Gregorio Murillo Uscanga, la declaratoria de alerta de género solo tiene un valor cívico, pues permite a los ciudadanos debatir, sin embargo, esta alerta no puede ir en contra de la Constitución local. Y añade: aún y cuando se emitan incluso 100 alertas, los diputados locales no van a legislar contra el derecho a la vida pues no se pueden imponer políticas públicas que vayan en contra del derecho a la vida, desde el punto de vista impuesto por la Iglesia católica.

Entonces, en qué quedamos: ¿Controversia constitucional, sometimiento a los designios de la Iglesia católica en un Estado laico o conveniencia electoral?.