Prefacio.
El gobernador de Veracruz no estaba dispuesto a asumir –él solo- el desprestigio de su administración tras la difusión de aquellas labores de auxilio a zonas damnificadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, con propaganda de la fundación “Yunete”. *** Como desquite, se inventó un garlito similar, pero ahora en la zona de Veracruz y Boca del Río. *** La “autónoma” Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que inició una carpeta de investigación en contra de la priista Fabiola Balmori, directora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Veracruz, por “la probable acumulación y resguardo en un domicilio particular de diversas bolsas y paquetes con características parecidas a despensas”, lo que en opinión de los sesudos investigadores de Winckler, podría representar un delito en materia electoral. *** Ya quedó aclarado que dichas despensas son aportaciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos de Veracruz, que serían entregadas a la Cruz Roja Mexicana, y que se utilizó el domicilio en el fraccionamiento Las Palmas de Medellín de Bravo, para armarlas. *** Resulta que ese domicilio es el del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, esposo de Fabiola Balmori, quien fue detenido por elementos de la Policía Ministerial. *** Todas las familias de los miembros de dicho colegio profesional pueden atestiguar cuál era el objeto de armar dichas despensas (que no tenían propaganda alguna) y cuál era su destino. *** Son ganas de generar un escándalo en patio ajeno, para que se borre de la memoria el que se generó en el propio.
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El 14 de octubre de 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García, dictara orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartola Acuña, Miguel Vázquez Nieva, Nadia Isabel Arzate Peralta, Elia Arzate Peralta y Javier Nava Soria.
Se les acusaba de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la relación de los datos de prueba en los que sustentaba dicha solicitud, la PGR enumeró múltiples acuerdos comerciales entre Moisés Mansur y los otros imputados… salvo Javier Nava Soria, a quien no se vuelve a mencionar sino hasta el final del documento, al incluirlo en la relación de sujetos que, se presume, incurrieron en los delitos que motivaron dicha solicitud.
Esa salvedad es la que hoy tiene a Javier Nava Soria fuera de la cárcel en España, luego de que fuera detenido a petición del gobierno mexicano con fines de extradición, el 19 de abril del presente año.
El pasado 23 de junio la Audiencia Nacional resolvió en forma positiva la solicitud del gobierno de México para extraditar a Nava Soria, pero su defensa presentó un recurso de revisión, al considerar que la orden de aprehensión girada por la justicia mexicana no era clara respecto al papel que habría jugado su defendido.
El jueves de la semana pasada la Audiencia Nacional Española determinó no entregar a las autoridades de México a Javier Nava Soria y ordenó su liberación inmediata.
Con esta medida, el caso en contra Javier Duarte de Ochoa da un giro inesperado.
Javier Nava Soria es señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PGR de ser el Comisario en las empresas Consorcio Brades y Cine Libélula, y con amplios poderes fiscales en Corporativo Sosose.
A pesar de que la UIF y la PGR han acreditado el uso de al menos 40 empresas utilizadas por Javier Duarte y ocho personas más, sólo a Javier Nava Soria le fue girada una orden de aprehensión entre los contadores de todas las firmas.
De acuerdo a informes de la UIF, Moisés Mansur Cisneyros, uno de los supuestos prestanombres de Duarte de Ochoa, recibió de la empresa fantasma Consorcio Brades depósitos y transferencias bancarias por más de 223 millones de pesos.
La Sala de lo Penal Sección Tercera de la Audiencia Nacional en España votó por no conceder la petición de México, pues consideró que no existe en dicha reclamación hecho alguno cuya comisión se atribuya personal y directamente al imputado, y dejó sin efecto las medidas cautelares acordadas en el proceso de extradición.
La defensa de Nava Soria argumentó que en el escrito de extradición de México no aparece “ni una sola frase identificativa” en relación con Nava Soria cuando, en los casos de asociación ilícita, se tiene que formular la reclamación con elementos fácticos.
“No hay mención a su nombre, no hay descripción de hechos”, reclamó el abogado.
No faltan las versiones en el sentido de que Nava Soria habría negociado con la PGR su liberación a cambio de información que le ayudara a la fiscalía mexicana a cerrar el caso y que las omisiones en la denuncia habrían sido a propósito para permitir que el contador obtuviera su libertad.
No hay, sin embargo, ningún elemento que sustente dicha versión.
Lo cierto es que la detención de Javier Duarte de Ochoa partió de esa misma denuncia por parte de la PGR, y el hecho de que uno de los involucrados haya conseguido su libertad, pudiera marcar un derrotero insospechado en el proceso judicial que se lleva en la ciudad de México.
Por cierto: ¿Recuerdan ustedes un caso similar en el que se menciona a un personaje al principio de la denuncia y no se vuelve a hacer referencia de él en todos los elementos de prueba?
Es el caso de Fidel Herrera y Javier Duarte, en la denuncia que presentó el actual secretario de Salud por el caso de medicamentos clonados o falsos.
Para que tengan una idea del destino que habrá de tener dicho proceso.
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Epílogo.
Este martes la Fiscalía General del Estado publicó una convocatoria para la licitar la adquisición de mobiliario y equipo de oficina. Se trata de archiveros, escritorios, sillas y sillones para fortalecer la infraestructura de las fiscalías regionales. Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), se pretende dignificar el entorno en el que trabajan los servidores públicos de ese organismo. Bien. *** El gobernador de Veracruz se reunió con algunos de los empresarios que tienen cuentas por cobrar en la administración estatal y les adelantó que no hay dinero y que “después de una exhaustiva revisión” de cada caso y “conforme haya disponibilidad” les irán pagando. Ahora el director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Hilario Barcelata ya de plano descartó que el gobierno estatal vaya a pagar la deuda de 8 mil millones de pesos que le heredó el anterior gobierno. Tampoco la UV tiene idea de para cuándo verá lo que le debe el gobierno de Veracruz. *** Si no hay obra y no se paga lo que se debe… ¿a dónde se va el dinero?