Violencia de género: candil de la calle…

Que el domingo por la tarde, tras la marcha por el homicidio de Mara Castilla, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haya mandado un comunicado para decir que lamentaba el brutal crimen y se sumaba a la exigencia de justicia, no hizo sino mostrar su oportunismo trasnochado, en un contexto en que el número de feminicidios en Veracruz crece como la espuma y es inminente una segunda alerta por violencia de género.

El mismo día en que se realizaba la marcha y Yunes se pronunciaba sobre el caso de Mara, Veracruz vivía una jornada violenta contra las mujeres, con un saldo de cuatro asesinadas: dos en Pánuco, una en Ixtaczoquitlán y otra en Las Choapas, lo que puede convertir a septiembre en un mes más ominoso que agosto, cuando se reportaron 24 mujeres asesinadas y 23 desaparecidas.

Suena más lamentable que Yunes Linares haya añadido que, “desde el momento en el que me enteré de su desaparición, me comuniqué con las autoridades de Puebla para que se acelerara su búsqueda”, cuando ha sido incapaz de poner en movimiento a su propia Fiscalía para atender la investigación del creciente número de crímenes en que las víctimas son mujeres.

En marzo pasado, su gobierno aceptó las conclusiones y propuestas que se elaboraron en el Informe de Alerta de Violencia de Género para Veracruz por Agravio Comparado, emitido en un grupo de trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres. Sin embargo, este mes termina el plazo para emprender acciones para garantizar los derechos productivos de las mujeres y no se sabe absolutamente nada.

El documento aceptado identifica las dificultades que enfrentan las mujeres en Veracruz para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual en la cual ya no se necesitan denuncias, autorizaciones, ni un plazo máximo para acceder al aborto por violación, y la criminalización de las mujeres por ordenamientos jurídicos en materia de aborto, además de que son insuficientes para proteger sus derechos humanos como la falta de causal de riesgo para la salud.

POLVO DE GIS

LA SEGUNDA CUÑA. Los esfuerzos de los partidos políticos y el presidente Peña para descarrilar a López Obrador parecen pasar por la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Como en el Edomex buscarán multiplicar, balcanizar, la oferta electoral. A la postulación de Claudia Sheimbaum por Morena, habría que considerar la candidatura independiente de Ricardo Monreal, el seguro lanzamiento de Alejandra Barrales Magdaleno por la coalición PAN-PRD-MC y –no lo eche en saco roto– la posible postulación del doctor José Narro Robles, Secretario de Salud y exrector de la UNAM, por el PRI y sus aliados.

Sin compromiso con las mujeres

Poco podemos esperar, para el caso de los crímenes de género, cuando en términos generales ha mostrado su desinterés por los temas que implican a las mujeres, pese a que en Veracruz representan un mayor porcentaje que los varones en el padrón electoral y el góber anda desatado ya en su siguiente campaña.

Solo es cuestión de ver cómo ha mantenido en el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) a una ‘encargada del despacho’ y que apenas este 5 de septiembre haya tomado protesta a 40 integrantes de los consejos consultivo y social, la mayoría sin mayor vinculación con el tema más allá de ser mujeres y vinculadas políticamente con el gobierno estatal.

Y serán ellas las que se encargarán de elegir a la directora del organismo, hoy administrado por Sara Gabriela Palacios, famosa porque llamó a los diputados a tomar en serio las recomendaciones de la Iglesia cuando debatieran la reforma legislativa que busca redimir la absurda criminalización del aborto hecha por Javier Duarte.

La reforma busca la eliminación de plazos para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación, incluir que el riesgo en la salud de las mujeres sea causal para un aborto y permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Es decir, nada que pueda oler a homicidio, como berrea la Iglesia y, en cambio, condiciones reconocidas a nivel nacional, cuya falta de incorporación a nuestras leyes locales significaría una segunda alerta de violencia de género.

Estas reformas legislativas no solo se reflejan en el Código Penal sino también en la Constitución estatal, uno de cuyos artículos, el Cuarto, fue redactado y aprobado en la anterior legislatura conforme lo ordenaron los jerarcas católicos, señalando que Veracruz defiende la vida desde el momento de la concepción, un tema que aparentemente ni siquiera será tocado.

Miguel Ángel Yunes, sin embargo, emulando a Andrés Manuel López Obrador, se ha cuidado de señalar públicamente una postura al respecto. La discusión de las reformas propuestas por el gobierno federal se debió posponer y, como entonces, hoy enfrenta la ofensiva política de la Iglesia que golpea frontalmente a su gobierno por falta de resultados en prácticamente todos los renglones con el único fin de hacerle manita de cochino para que ordene a sus diputados echar atrás la reforma necesaria.

Y esa crítica no solo toca a Yunes. También a los diputados de Morena, quienes han entrado en una franja de decisión que se separa de su líder máximo Andrés Manuel, quien ha ordenado no hablar en torno a la legalización del aborto. Son tan torpes los prelados de la Iglesia que han vuelto a la misma verborrea de la guerra fría al acusar a los morenistas de asesinos y de tratar de exterminar a los niños y niñas hasta los tres meses de existencia.

Es por ello que la diputada morenista Daniela Griego Ceballos ya pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación para que detenga los ataques de la vergonzosa Arquidiócesis de Xalapa.