Según datos de la Secretaría de la Función Pública, en México sólo se recuperan algo así como 3 pesos de cada mil que fueron birlados al erario público. El costo de su rescate, hace que no sea un buen negocio para nadie.

Por muchos meses, ante el saqueo de las finanzas que se hacía cada vez más evidente durante los últimos meses del gobierno de Javier Duarte –dejó de realizarse obra pública, crecieron las deudas con proveedores, se empezó a demorar el pago de burócratas y pensionados, además de que dejaron de operar en muchas áreas estratégicas-, la expectativa de los veracruzanos era, y lo sigue siendo hasta hoy, que el robo no quedara impune.

El entonces candidato al gobierno del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, no tuvo más que capitalizar el enojo y prometer a los veracruzanos que los saqueadores irían a la cárcel y el dinero sería recuperado. El resultado electoral todos lo conocemos. Sin embargo, el discurso no cambió, y ocho meses después, muy pocos están en la cárcel y el dinero no ha sido devuelto. La gente se empieza a enojar de nuevo.

De poco sirve que el mandatario estatal se mire solo frente al espejo en conferencias de prensa sin reporteros. En nada ayuda a él y su administración que se diga que hay denuncias, si cuando ha transcurrido un tercio de su breve administración sólo se ha podido recobrar, al menos por la vía judicial, las propiedades que se atribuían a Xóchitl Tress. Lo demás, sólo el ejecutivo sabe dónde está.

De esta forma, recuperar lo robado se está convirtiendo en un muy mal negocio para los veracruzanos, porque entre la extinción de dominio y la reparación del daño que la ley prevé, y el “vómito negro” de algunos ex funcionarios y actuales diputados federales, el beneficio parece ser sólo personal.

Esto no es una especulación. En una declaración hecha por el experto en lavado de dinero, Francisco de la Portilla Sordo, al diario El Financiero publicada este lunes, asegura que en el país se recuperan 3 de cada mil pesos que han sido desviados del erario público; esto debido a que es muy difícil vincular de manera directa a los funcionarios de alto nivel.

Y pone de ejemplo a Veracruz y a Javier Duarte. Los montos a recuperar en el caso del ex gobernador, explica, van desde lo estipulado en las imputaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), -que ascienden a más de 35 mil millones de pesos de desvíos de partidas, tanto estatales como federales-, hasta los montos estimados por el Congreso veracruzano, que en su Cuenta Pública 2015 aseveró que no se comprobaron entre el 2010 y 2016 alrededor de 14 mil millones de pesos gastados por el Ejecutivo estatal.

Y eso, por supuesto, sin contar la suma de los desvíos que presuntamente habrían cometido los miembros de su círculo íntimo, los funcionarios de primer nivel –a los que se refirió el gobernador el domingo pasado-, así como cientos de funcionarios menores entre directores generales, jefes de unidades administrativas y de las áreas financieras y de recursos materiales, por citar sólo algunas.

Estos últimos se encuentran muy tranquilos, gozando de absoluta impunidad, seguros de que el tsunami judicial no llegará a ellos, al menos en los 16 meses que restan de la actual administración. Los que interesan son los peces políticamente gordos.

A inicios de la actual administración, Miguel Ángel Yunes dio cifras de recuperación de bienes muebles, inmuebles y recursos por un valor de 1 mil 250 millones de pesos desviados en el gobierno anterior. Aunque en realidad no se ha acreditado donde están esos recursos porque, según ha reconocido el propio mandatario, estos fueron recuperados al margen de cualquier proceso judicial, incluso antes de que tomara posesión.

De la Portilla Sordo –quien es fundador de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (Asplde)- apuesta a la desesperanza, cuando asegura que difícilmente se les podrá comprobar a los ex gobernadores alguna responsabilidad en el desvío de recursos, ya que todo apuntará hacia los prestanombres.

Y cito: “Muy difícilmente se le podrán probar los delitos más cuantiosos por los que se le están acusando. No hay gobernador que firme un contrato, ni funcionario que vaya y deposite dinero público a una cuenta a su nombre, lo cual hace muy difícil que exista una prueba directa que los vincule”.

Así es que, si en el caso de Javier Duarte -hasta ahora el más escandaloso caso de corrupción de que se tenga memoria-, sólo podremos recuperar 3 de cada mil pesos que se llevaron, entonces es un muy mal negocio. A eso habría que restarle lo que gastan las instituciones para realizar las investigaciones, por lo que seguramente terminaremos por no recuperar nada, más que el disfrute de un circo mediático que busca distraernos de los problemas de fondo.

Tanto el gobierno federal como el del estado han prometido que el dinero será devuelto a las arcas veracruzanas. Pero como decía mi abuela, eso es como ver volar a un buey.

La del estribo…

  1. En los corrillos jurídicos hay un reconocimiento al abogado de Xóchitl Tress, quien a diferencia de otros funcionarios, logró sacarla de la cárcel en cuestión de días. Si bien es cierto que se allanó a la demanda de la Fiscalía, habrá que esperar que resulta del argumento que en su favor tienen por el escarnio público del que fue víctima. Esto no termina aún.
  2. Durante los dos últimos gobiernos estatales, la llegada de cualquier huracán o tormenta tropical resultaban un gran negocio para muchos. Se movilizaban millones de pesos en apoyo que no requerían comprobación (albergues, cobertores, láminas, despensas, utensilios, etc), se asignaban obras de reconstrucción a los consentidos –muchas de las cuáles nunca se hicieron-, y servía de justificación a las autoridades para justificar obras fantasmas. Habrá que ver qué nos trae Franklin.