Prefacio.
Atinada, sin duda, la gestión del periodista Marco Antonio Aguirre (“Místicos y Terrenales”) que consiguió por la ruta de los órganos de acceso a la información que el actual gobierno de Veracruz le entregara un reporte de “los principales logros” de la administración estatal en sus primeros siete meses. *** El documento entregado es una verdadera joya. Enumera acciones que no se han realizado (como “la licitación” de obras de rehabilitación de hospitales en Papantla, Ozuluama, Tantoyuca y Álamo, o los Centros Integrales de justicia, que están planeados para Coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz Norte y Centro, Cosamaloapan y Poza Rica). *** El reporte duplica acciones, pues los trabajos en lo que se conoce como la Torre Pediátrica, en el puerto de Veracruz, se los atribuyen las Secretarías de Salud y la de Infraestructura y Obras Públicas. *** La Zona Económica Especial en Coatzacoalcos es una decisión del gobierno federal que ahora presume el gobierno de Veracruz, mientras que el Seguro Agrícola Catastrófico es un instrumento que se ha contratado desde los tiempos de Fidel Herrera. *** Bien dicen los abogados que “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Hubiera sido más honesto admitir que no han hecho nada, porque han enfocado sus esfuerzos en perseguir a los duartistas. *** La lista de logros, por cierto, no incluye ninguno en los dos rubros que más preocupan a los veracruzanos: seguridad y finanzas.
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Los diputados federales Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, contra quienes la Fiscalía General de Veracruz ha iniciado procesos en busca de su desafuero, han recurrido a las instancias federales de justicia, en busca de protección, y la han conseguido.
Este lunes le fue concedido un amparo al diputado Antonio Tarek Abdalá para que la Fiscalía General del Estado le informe con claridad y certeza sobre las investigaciones que se han iniciado en su contra.
El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la orden de que tres fiscales anticorrupción de Veracruz le informen acerca de al menos cuatro carpetas de investigación en las que se presume que está involucrado.
El amparo fue concedido originalmente por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México desde mayo; sin embargo, la Fiscalía General de Veracruz impugnó la resolución.
Los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado notificaron al juzgado de amparo para que, al quedar firme la resolución, los fiscales Quinto, Decimotercero y Octavo especializados en Delitos Relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos notifiquen al diputado priísta en su domicilio del contenido de las carpetas de investigación que ellos conocen.
Se trata de las carpetas FESP/385/2016/1-11; FESP/386/2016/1-11, de los fiscales Quinto y Decimotercero respectivamente, por desvío de recursos público durante los ejercicios de 2013 y 2014.
También está la FESP/376/2016/I- VIII, por abuso de autoridad y peculado y FESP/378/2016/I-VIII, por incumplimiento del deber legal y peculado, que conoce el Fiscal Octavo.
Los fiscales deberán citar al diputado para permitirle que ejerza su debida defensa en dichas carpetas, pues durante el juicio de amparo los fiscales informaron que aunque está señalado como probable responsable en las investigaciones no consideraron necesaria su comparecencia, además de que al ser diputado federal goza de fuero.
Alberto Silva, por su parte, promovió en el Circuito 7 de Veracruz, ante el Juzgado Primero de Distrito de Xalapa, un amparo contra un agente del Ministerio Público federal.
Gracias a que el fuero constitucional los protege, ambos legisladores, señalados de haber participado en el presunto saqueo de las arcas estatales durante el gobierno de Javier Duarte, han evitado que procedan contra ellos. Pero saben que el fuero para ambos concluye en el mes de septiembre del 2018, cuando concluya su encargo en la Cámara de Diputados, por lo que desde ahora están tomando las provisiones necesarias, de manera que no sean perseguidos una vez que dejen de ser legisladores federales.
Está claro que lo que ambos políticos enfrentan es el acoso del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues son dos de los casos en los que no hubo acercamiento alguno, ni propuesta de negociación para ganar inmunidad. Ambos legisladores están plenamente identificados por su cercanía y lealtad con Javier Duarte y, por lo tanto, son dos objetivos prioritarios para el gobernador de Veracruz.
Cada lado mueve sus piezas. Ya veremos si a partir de septiembre dl próximo año cambia el panorama, o si tanto Abdalá como Silva consiguen “blindarse” contra la ofensiva de su enemigo político.
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Epílogo.
Este lunes, organizaciones pesqueras del estado de Veracruz llegaron a un acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, para la renovación de 16 concesiones. Esto se consiguió gracias a las gestiones encabezadas por el senador Pepe Yunes Zorrilla. Excelente noticia. *** El suceso no podría ser más trágico y a la vez emblemático de la falta de autoridad, de la falta de mano dura contra la delincuencia en Veracruz. En los momentos en los que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares rendía honores a quien fuera su subsecretario de Gobierno, Pedro Manterola Sániz, en Martínez de la Torre, a unas cuantas cuadras, la ginecóloga Elda Martínez Souyosa (ex esposa de Francisco Sánchez Macías, miembro de la familia propietaria de los periódicos Heraldo de Xalapa, Heraldo de Coatzacoalcos y El Martinense) fue asesinada puñaladas cuando se encontraba en su consultorio. Lo que se ha informado es que varios sujetos irrumpieron en el consultorio y la atacaron. La doctora fue trasladada aún con vida a un hospital particular donde minutos más tarde falleció. *** ¿Qué tiene que suceder para que nuestro gobernador admita que se equivocó al delegar a un improvisado las tareas de seguridad?