Por lo menos desde hace casi tres años, el 7 de noviembre de 2014, la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) –a cargo todavía del hidalguense Jesús Murillo Karam– una bien documentada “denuncia de hechos” por el presunto desvío de 45 mil millones de pesos detectados hasta ese momento a la administración del entonces gobernador Javier Duarte, desfalco que el máximo órgano fiscalizador del país advertía que podría ampliarse ya que aún faltaban por conocerse los resultados de algunas auditorías de 2014, la revisión final de 2015 y la de 2016.

La PGR, pues, recibió oportunamente los elementos legales para proceder penalmente contra Duarte de Ochoa y así evitar que él y sus cómplices continuaran saqueando al gobierno de Veracruz, pero la Fiscalía federal no hizo absolutamente nada, hasta octubre de 2016 cuando libró orden de aprehensión contra el gobernador luego de que éste solicitara licencia al Congreso local para separarse de su cargo con el supuesto propósito de “limpiar su nombre”.

Esta tardanza de la PGR para investigar las denuncias de la ASF, que funcionó como un escudo que aún puede otorgarles impunidad a varios parientes, cómplices y excolaboradores del exmandatario, es lo que benefició también al abogado egresado del ITAM, Alfonso Ortega López, generacionalmente muy afín a Duarte –la diferencia de edades entre ambos es de solo dos años–, el cual fue se acogió al programa de “testigos protegidos” del Ministerio Público federal pese a ser el verdadero cerebro, tanto financiero como jurídico, de la organización criminal encabezada por el expriista.

Por toda esta información incriminatoria que presuntamente ya habría aportado es que Ortega López, a diferencia de su exjefe, no pisará la cárcel y podrá disfrutar libremente con su familia y amigos los millones de pesos que se embolsó por su asesoramiento a Duarte y camarilla en el fondeo de los recursos públicos desviados ante las narices de la PGR.

Al igual que este abogado del ITAM, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares también parece querer fungir como testigo para seguir recibiendo la protección de la Procuraduría General de la República pero por otros presuntos delitos, pues, como se recordará, el 1 de agosto del año pasado Javier Duarte, acompañado de diputados locales y federales así como de algunos alcaldes, denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado al panista por enriquecimiento ilícito, anunciando que posteriormente lo haría también ante la PGR, una denuncia muy similar a la que en mayo de 2013 había presentado también contra Yunes el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, misma que ratificó tres años después ante el MP federal.

Y es que ahora Yunes, quien aparentemente no ha sido investigado por la PGR, se ha ofrecido a ésta como testigo en la causa penal contra Duarte. Según anunció, la Fiscalía federal ya aceptó su comparecencia como testigo en el caso de su antecesor. El viernes pasado, dijo, recibió la confirmación. “Lo haré en la etapa de investigación complementaria, que es la etapa posterior a la audiencia del día de hoy (sábado), donde ya se desahogan todas las pruebas”.

“Y como lo dije en mi intervención, aportaré todas las pruebas que tengo en mi poder para contribuir a que se haga justicia, para contribuir a que se sancione severamente a quien tanto daño hizo a los veracruzanos, y también para exigir que se recuperen los recursos que fueron indebidamente sustraídos del patrimonio público”, afirmó el gobernante de Acción Nacional.

Pero el abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro advirtió que si efectivamente la PGR toma el testimonio de Yunes, entonces ellos podrán interrogará también al gobernador.

¿Qué le podrá preguntar Del Toro, quien además es defensor de la maestra Elba Esther Gordillo, la cual conoce muy bien el modus operandi del mandatario panista, uno de sus exprotegidos más íntimos?

En opinión de algunos juristas, la defensa del exgobernador aprovecharía la ocasión para poner contra las cuerdas a Yunes Linares, al que podrían preguntarle cómo fue que “persuadió” a los cómplices de Duarte para reunirse con él; si éstos sabían que los estaba grabando y le autorizaron dar a conocer sus conversaciones; a quiénes más grabó; en calidad de qué los interrogó; con qué personalidad jurídica negoció con ellos; qué pasó con los bienes que acordaron entregarle; si se apegó a la Ley de Extinción de Dominio; dónde están los bienes patrimoniales y fondos que recuperó en esas negociaciones discrecionales; si recibió la aprobación y notificó al Congreso local sobre la incorporación de esos recursos al patrimonio del Estado, y muchos otros cuestionamientos más sobre asuntos de cuya respuesta dependerá si incurrió o no en alguna presunta ilegalidad que pudiera generarle consecuencias políticas o hasta de tipo penal.

Pero aparentemente Yunes no tiene de qué preocuparse. Él, como Alfonso Ortega –el asesor financiero y jurídico de Duarte–, gozarán de la protección de la PGR así se hayan enriquecido inexplicablemente, aunque cada uno de diferente manera.

Cinthya gestiona más becas

Muy loable labor es la que viene realizando la diputada Cinthya Lobato Calderón en beneficio de la juventud veracruzana.

Este lunes, por ejemplo, firmó en el Congreso del Estado más convenios con universidades privadas como la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente; la Universidad de Altos Estudios de Hispanoamérica; la Universidad Central de Veracruz; el Instituto Universitario de Iberoamérica y la Universidad de Xalapa (UX).

Al signar estos importantes convenios de apoyo, que consideran descuentos del 50 al 100 por ciento en los pagos de colegiaturas e inscripciones, la legisladora xalapeña resaltó que además de ser un derecho constitucional, “la educación es la base del desarrollo pleno de las sociedades, y todos, tanto gobiernos, legisladores, académicos, instituciones y sociedad organizada tenemos ese deber con las nuevas generaciones de jóvenes veracruzanos que viene empujando fuerte: brindarles horizontes posibles y abiertos para revelar sus talentos a favor de Veracruz y de México.”

Al concluir la firma de convenios –el último lo rubricó en las instalaciones de la UX, con el rector Carlos García Méndez–, la diputada Lobato comentó que está considerando viajar a las diversas zonas de la entidad veracruzana para signar también convenios educativos con otras universidades privadas de cada región, con el propósito de que los jóvenes de todo el estado aprovechen la oportunidad de estudiar en sus lugares de origen, sin que abandonen sus hogares, lo que generaría ahorros a sus familias para que los inviertan en su educación.