En palabras sencillas, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversativo establece que un individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y las pruebas que la PGR envió a Guatemala para extraditar a Javier Duarte no eran lo suficientemente concluyentes como para que enfrentara su proceso en prisión, sino desde la comodidad de su hogar.
Como abogado que es, Javier es un estudioso del nuevo sistema de justicia y sabía que lo que envió la dependencia a ese país tenía yerros absurdos.
Un ejemplo: No se demostraba la ruta del dinero presuntamente desviado por el gordo y por consiguiente no se soportarían los testimonios que acreditarían el delito de delincuencia organizada.
Otro ejemplo, la carpeta donde se le vincula por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, estaba tan mal integrada que ni siquiera coincidían las cifras del presunto peculado con las que tienen las auditorías federales.
Para decirlo en cuatro palabras, la PGR envió engrudo.
Otro yerro monumental fue la extradición y no la deportación de Javier. Como extraditado no puede ser acusado de más delitos de los que tiene el documento que obra en el Tribunal de Guatemala; aunque esto se puede subsanar por la vía diplomática y judicial.
Es por eso que a pesar de que tenía de vecinos a pandilleros de la Mara Salvatrucha el ex gobernador se la pasó de lo más campechano. Intuía que casi tan pronto como pisara territorio mexicano se iría a su casa libre bajo caución.
Por eso llegó tan soberbio y sobrado al hangar de la PGR y es casi seguro que en su celda del Reclusorio Norte, se haya carcajeado del patético ridículo que hicieron los fiscales en la primera audiencia.
Pero en la segunda la cosa cambió.
Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), se tardó poco más de cuatro horas en exponer la red de desvíos y lavado de dinero que le imputan al ex gobernador.
Fue tan brillante su intervención que logró demostrar que Javier y sus cómplices no desviaron 580 millones de pesos como se aseguraba, sino mil 670 millones.
Y fue ahí donde hasta hipo le dio al reo.
Cuando ingresó por la mañana a la sala de audiencias Duarte llegó serio pero confiado. Pensaba en su fuero interno que quizá por la noche dormiría en un sitio muy diferente al reclusorio.
Pero cuando Lira Salas llevaba media hora de exposición, los músculos de su cara se tensaron, alternaba el levantamiento de las cejas y sus labios se curvaron una mueca de disgusto.
Para cuando el fiscal terminó Javier estaba pálido. El funcionario de la PGR le había dado una tunda y todavía faltaba más.
Pero para justificar la existencia de más pruebas Lira Salas pidió al juez un plazo de tiempo y éste le concedió seis meses.
Pasadas las 11 de la noche la segunda audiencia había terminado, el juez vinculó Javier Duarte a proceso y ordenó su prisión cautelar por medio año.
Quienes lo vieron dicen que regresó desencajado a su celda. Algo había salido mal.
Javier y sus abogados saben muy bien que aparte de las pruebas que presente la PGR, el gobierno mexicano puede solicitar por la vía diplomática y judicial al tribunal guatemalteco, añadir más cargos a los establecidos en el documento, y es seguro que Guatemala diga que sí.
Es casi un hecho que se le acuse de asesinato, de despojo, de los cientos de desaparecidos y de los aparecidos en fosas clandestinas; del atraco a la Universidad Veracruzana, a los pensionados y de otros delitos.
Sí, algo salió mal en el plan de Duarte y los meses que pensaba pasar en un reclusorio se convertirán en años, en muchos años “a la sombra” como decían los antiguos reporteros de policía.
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