En el caso del exgobernador Javier Duarte más vale no inflar mucho las expectativas de que vaya a recibir la máxima sanción penal que todo mundo cree que merece, ya que hasta ahora, como lo han advertido analistas políticos y los abogados del exmandatario veracruzano, los expedientes ministeriales que tanto la PGR como la Fiscalía General del Estado integraron para solicitar su extradición, no parecen estar jurídicamente muy bien sustentados.

Y más vale que las fiscalías de los gobiernos federal y estatal del PRI y PAN se apliquen para probarle a Duarte los presuntos delitos que le imputan, porque la frustración de la mayoría de los veracruzanos y de la sociedad mexicana en general seguramente se va a reflejar en las urnas en las elecciones del año próximo si el expriista es liberado o inclusive si sólo recibe una sentencia mínima.

Además, debido a la desinformación, el trauma ciudadano puede ser aún mayor ya que muchos ignoran que el exgobernador de Veracruz sólo podrá ser juzgado por los presuntos delitos que las autoridades mexicanas le imputaron al solicitar formalmente su extradición al gobierno de Guatemala. Así que a Duarte no podrá procesársele por la desaparición de personas ni por los crímenes de periodistas ocurridos en su administración, tal como lo están demandando representantes de organismos no gubernamentales.

Según el Tratado de Extradición vigente, firmado entre los gobiernos de México y Guatemala en marzo de 1997 –el cual dejó sin efecto las disposiciones de la Convención para Extradición de Criminales de mayo de 1894–, en su Artículo Decimoquinto, acerca de la Regla de Especialidad, estipula que “la persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de a Parte Requirente por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición ni tampoco será extraditada a un tercer Estado, a menos que: a) no haya abandonado el territorio de la Parte Requirente dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere estado en libertad de abandonarlo; b) hubiere abandonado el territorio de la Parte Requirente después de su extradición y haya regresado voluntariamente a él; o c) la Parte Requerida hubiere otorgado su consentimiento para que la persona sea detenida, juzgada, sancionada o extraditada a un tercer Estado por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición”, disposiciones que “no se aplican a delitos cometidos después de la extradición”.

Igualmente, el Artículo  Octavo de dicho Tratado, referente a “Procedimientos para la Extradición y Documentos que son Necesarios”, reitera que “la solicitud formal de extradición indicará la descripción del delito por el cual se solicita la extradición y será acompañada de: a) narración sucinta y clara de los hechos imputados por los cuales se solicita la extradición; b) texto de las disposiciones legales que indiquen los elementos constitutivos del tipo delictivo y la probable responsabilidad del reclamado, la pena correspondiente al delito y las relativas a la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, que estaban vigentes al momento de la comisión de la conducta delictuosa…”

Sobre los delitos que darán lugar a la extradición, el Artículo Cuarto de dicho Tratado enumera “las conductas dolosas o culposas que sean punibles”, la “defraudación fiscal y a las conductas equiparables a ésta”, y “los casos de tentativa de cometer un delito, asociación de delincuentes para prepararlo y ejecutarlo o la participación en su ejecución”, siempre y cuando tales conductas sean sancionadas por las leyes de ambas partes.

Este martes, por lo mientras, debió caer como balde de agua fría en la Fiscalía General del  Estado la resolución de una juez federal que suspendió momentáneamente las dos órdenes de aprehensión libradas contra Duarte por un juez del fuero común de Veracruz, por cinco delitos que no son graves.

Y es que según publicó este martes el diario Reforma, Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 del exgobernador veracruzano, la cual presentó el mismo día de su extradición a México, el lunes por la tarde.

En este caso, Duarte pidió la protección de la justicia federal contra las órdenes que libró el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las cuales también fue extraditado.

Dichos mandatos de captura fueron librados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior sistema de justicia penal.

La juez Robledo Magaña fijó a Duarte el pago de una garantía de 6 mil pesos para que continúe vigente la suspensión provisional y acordó celebrar el próximo 26 de julio la audiencia donde determinará si concede la suspensión definitiva.

Para el 3 de agosto próximo se tiene prevista la audiencia constitucional y a partir de ese momento podría emitir su sentencia de amparo.

Duarte se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y este sábado 22 un juez de control federal determinará si lo vincula o no a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos del fuero federal imputados por la PGR.

Por lo mientras, la PGR ha sido severamente cuestionada por diputados federales de oposición, ya que de los más de 439 millones de pesos que según habría desviado Duarte del erario veracruzano, solamente logró acreditarle 38.5 millones de pesos, casi la milésima parte del monto total de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación reportó sobre la administración estatal del expriista recién extraditado de Guatemala.