Una hora después de que el avión de la PGR con Javier Duarte adentro, aterrizó en el hangar de esa dependencia en la Ciudad de México, un convoy compuesto por diez camionetas lo trasladó al Reclusorio Norte.
Esa fue quizá la última ocasión en la vida del ex gobernador en que agentes de tránsito y policías pararon el tráfico para que pasara libremente el señor. Como lo hacían a diario cuando estuvo en la plenitud del pinche poder.
Como llegó a la hora de la comida, le tocó entrarle a la cochinita pibil que se bajó con agua de Jamaica. También le leyeron los cargos que le imputan, lectura que se llevó más de cuatro horas. Conoció la que será su celda (y en el inter seguramente platicó con el jefe de custodios que le dio una lista de precios para huéspedes VIP), también conoció a algunos reos y después se fue a dormir.
¿Qué viene ahora? Un proceso largo y tedioso que se llevará meses o quizá más de un año antes de que el juez de la causa dicte sentencia.
Javier Duarte tiene que enfrentar cinco procesos del fuero común que le hace la Fiscalía General de Veracruz y dos del fuero federal que le imputa la PGR.
Pero eso no es todo.
El diario El Universal, dio a conocer un trabajo donde asegura que ex gobernador acumula 145 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General de Veracruz. Esta última, encabezada por su peor enemigo, Miguel Ángel Yunes Linares.
El trabajo realizado por Édgar Ávila, corresponsal del diario en la entidad, señala que la ASF fue la primera en alertar sobre el grave problema financiero y de corrupción, por lo que en cuatro años presentó 49 denuncias. En cambio, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz comenzó a acudir al Ministerio Público hasta que el PAN ganó la gubernatura y suma 14 querellas.
El documento agrega que desde 2011, las auditorías federales detectaron irregularidades en el manejo de los recursos públicos, pero fue en 2015 cuando estalló la crisis en las auditorías practicadas.
En ese ejercicio fiscal, la administración de Duarte de Ochoa desvió 52 millones de pesos al día de recursos estatales, puesto que el monto total detectado por los auditores llegó a los 19 mil 800 millones de pesos.
Cincuenta y dos millones de pesos diarios desviados son una cantidad brutal. Si esto es verdad, será un error imperdonable si este señalamiento no está integrado en las carpetas de investigación.
¿Era necesario robar tanto? ¿Era necesario dejar sin fondos a prácticamente todas las dependencias estatales?
De acuerdo a las imputaciones, Javier Duarte no es un vulgar ladrón sino un maniático patológico compulsivo del dinero.
Pero ya está en México en un reclusorio de mediana seguridad y listo para, como él dijo, probar su inocencia.
Con tanto en contra ¿habrá quien le crea? Sí, sí lo hay. Y este se llama Marco Antonio del Toro, presidente de la firma Del Toro Carazo Abogados.
Cuando los reporteros le preguntaron si creía en la inocencia del reo contestó: “Me baso en lo que dice el expediente y este denota que (Javier Duarte) es inocente”.
Bien por él. La firma de abogados que defiende a Duarte está haciendo su chamba con el joven penalista Pablo Campuzano a la cabeza.
Es de esperarse que la PGR también haga bien la suya (por piedad, ayúdalos Señor) y sus argumentos convenzan al juez de empujarle al gordo la pena máxima de 80 años.
A ver si entonces se ríe con tanto cinismo y sarcasmo.