Mucho se ha especulado sobre el curso que seguirá el juicio a Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador veracruzano, paradigma del abuso de poder y la corrupción en nuestro país en los años recientes.
Una vez resuelta su extradición a México por los tribunales de Guatemala, son muchas las voces que señalan que, pese al cúmulo de evidencias del descomunal saqueo que perpetró a las arcas de Veracruz con una extensa red de cómplices que le ayudaron a desviar miles de millones de pesos, no es descabellado pensar que habrá de librar las acusaciones en su contra.
Ello explicaría el talante arrogante y retador, su buen humor, la seguridad y sonrisa que mostró permanentemente en los juicios celebrados en Guatemala para desahogar las solicitudes de extradición.
Lo menos que se comenta es que hay un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, que habría sido uno de los beneficiarios de parte importante de los recursos desviados, dinero que se invirtió en su campaña política a la presidencia en el 2012, así como candidatos del Partido Revolucionario Institucional a quienes se habría apoyado con “donaciones” del generoso ex gobernante veracruzano en diversas elecciones estatales.
Si con dinero de los veracruzanos Duarte realizó, por ejemplo, un millonario desembolso al club de fútbol español Real Madrid, patrocinando medio millón de meriendas a cinco mil niños españoles de escasos recursos, dar dinero para la causa partidista era pecata minuta, asegurando así alianzas y apoyos de la cúpula tricolor y de la Presidencia de México para sus proyectos y sobre todo para blindarse políticamente. Con esa información en su poder, logró la protección para su cónyuge y cómplice Karime Macías, su familia política, socios y aliados. Y, por lo visto hasta ahora, para garantizarse un juicio “justo” y a la medida.
La previsión de que las cosas le pintan favorablemente podemos fundarla además en que de acuerdo a los tratados de extradición suscritos por nuestro país, Duarte solo podrá ser juzgado en suelo nacional única y exclusivamente por las imputaciones contenidas en los juicios en la materia celebrados en Guatemala, esto es, por el desvío de 350 millones de pesos, a través de más de 40 empresas fachada, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la acusación federal, y por la comisión de cinco delitos que le imputa la Fiscalía veracruzana: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y peculado, que habrían dado lugar a un desvío de 220 millones de pesos. Es decir que las autoridades mexicanas (federales y del estado de Veracruz) sólo hallaron elementos para imputar al ex gobernador veracruzano por un daño patrimonial de 570 millones de pesos. Y solo habrá de ser juzgado por eso.
Pero, y he aquí lo relevante del asunto, el grueso de los delitos imputados provienen de las denuncias que hiciera la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR y que involucran desvíos de diversos servidores públicos de distintas dependencias del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, denuncias que no fueron investigadas por la PGR al declararse incompetente y turnarlas a la Fiscalía de Veracruz, la que las archivó y cerró los casos luego de que la Contraloría General del Estado le informara que los recursos señalados por la ASF habían sido debidamente comprobados y por lo tanto no habían sido desviados.
¿Y sabe usted cuándo ocurrió esto? Pues durante el gobierno del propio Duarte. En el tiempo récord de ¡16 minutos!, de acuerdo a información divulgada por el diario Reforma, la Contraloría del Estado respondió a la Fiscalía General del Estado que no había delito que perseguir y la diligente Fiscalía determinó en el lapso de ¡una hora! el no ejercicio de la acción penal de las averiguaciones, por lo que fueron archivadas por supuesta falta de elementos. Así o más cínica la “aplicación de la ley”. Y desde luego que todo esto tolerado por la PGR y, obviamente, por el gobierno federal.
Ante esta situación la ASF presentó una demanda de amparo contra la PGR que aún no se resuelve, y que de no proceder dejaría sin materia las acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, puesto que no habría existido maquinación alguna al haberse archivado los expedientes y no haber delitos que perseguir, como concluyó la Fiscalía veracruzana duartista ante la omisión de la PGR de Peña Nieto. ¿Cuáles desvíos? ¿Cuáles empresas fantasma? ¿Cuál incumplimiento del deber legal? ¿Cuál abuso de autoridad o coalición de servidores públicos y peculado? ¿Es posible mayor complicidad en este caso? Puro teatro y atole con el dedo, arguyen los más desconfiados.
De ese tamaño es el hueco por el que se les puede escapar Javier Duarte. A quien pueden tenerlo un par de años o poco más en prisión, mientras sus abogados van desmontando una a una las acusaciones, ante la complacencia e indiferencia federal o la incompetencia de la Fiscalía de Veracruz. Véase el caso de Elba Esther Gordillo, la ex poderosa dirigente sindical magisterial, que está a punto de recobrar su libertad, luego de que en menos de cinco años la han ido exonerando de acusaciones muy parecidas a las que llevaron a prisión al ex gobernador veracruzano.
Política ficción, diría el clásico. ¿Y Justicia ficción, como su complemento? Pronto lo sabremos.
Habrá una verdad jurídica en este caso, la que muy probablemente será favorable al corrupto ex gobernador. Pero la verdad verdadera, esa la sabemos y padecemos todos los veracruzanos.
¿Y los recursos robados a los veracruzanos? ¿Serán recuperados? O su hallazgo y reintegración al patrimonio estatal será una ficción más de esta lamentable historia que tiene postrado a Veracruz y que muestra la podredumbre y descomposición institucional y política a la que hemos llegado.