La justificada visita de Jorge Winckler a Guatemala obedece a una razón poderosa: no sólo se está jugando su chamba, sino que está en riesgo el futuro político del Gobernador y el de su administración. Lo primero sería festinado por muchos, lo segundo, ahondaría la grave crisis política y económica que vive el estado.

Al paso de las horas, la comparecencia de Javier Duarte en Guatemala para allanarse a la solicitud de extradición a partir de las denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, parece llevarnos a dos conclusiones: la primera es que la defensa legal del mandatario ya habría calculado las grietas jurídicas de las carpetas de investigación y que el caso se podría caer; y la segunda, que Duarte cuenta hoy con la protección política que parecía haber perdido tras su detención. Eso explicaría –más allá de la soberbia que siempre le acompaña- la actitud retadora mostrada en el juzgado guatemalteco.

Luego de su captura en abril pasado, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que el ex gobernador de Veracruz podría alcanzar una pena de entre 40 y 55 años de prisión por los delitos que se le acusan en el fuero federal. De acuerdo con la legislación penal de recursos con procedencia ilícita -conocido como lavado de dinero- la penalidad es de cinco a 15 años; y en delincuencia organizada, en términos de la ley federal, la penalidad es de 20 a 40 años.

Ayer dijo también que tras el allanamiento de Javier Duarte a la extradición, podría ser trasladado a México entre el 10 y 12 de julio próximo e ingresado al Reclusorio Norte, aunque este no sería el lugar definitivo de reclusión. Lo que no explicó, es qué pasaría si el ex mandatario decide no allanarse por los delitos del fuero federal en su próxima audiencia del 4 de julio.

Su defensa ha dicho que “respecto de las imputaciones federales, se esperará a la audiencia del 4 de julio en Guatemala para tomar una determinación sobre aceptar o no la extradición por los delitos del fuero federal”. Entonces, ¿por qué habría de allanarse a la de la Fiscalía de Veracruz y no a la de la PGR? La respuesta estaría no sólo en la gravedad de los delitos sino también en la integración de los expedientes.

Hasta la noche del miércoles no he escuchado una sola opinión jurídica –la de gobernador Yunes está en plano político y personal- que confíe plenamente en que Javier Duarte pagará con cárcel los delitos que se le imputan. Es cierto, se ha dicho que se hallarse culpable, purgaría más de dos décadas en prisión; pero también se ha dicho que de violarse el debido proceso, adiós paloma.

Tampoco se ha recordado que desde mayo pasado, Duarte cambio de abogados; su nueva defensa –aunque eso no se observó en la audiencia del martes- está encabezada por Carlos Israel Velásquez Domínguez, uno de los litigantes más destacados de Guatemala, y quien fuera viceministro de Gobernación, ex director de migración y es dueño de una firma de abogados, fue litigante en el caso del ex presidente Alonso Portillo. Le da para pagar eso y más.

En el caso de Javier Duarte –como en el de los funcionarios que siguen en prisión preventiva- los abogados defensores no analizan el delito o la culpabilidad de la persona, sino el procedimiento por el cual fue detenido. Y bajo ese procedimiento es que, por ejemplo, la se dio la liberación de Leonel Bustos. El resto de los amparos sigue en trámite.

Es decir, las fallas de la Fiscalía General del Estado en la integración de las denuncias podría estar abriendo la puerta a Duarte. El abogado Fidel Ordoñez, el favorito de los duartistas para salvarlos de la hoguera, dice que los errores en la integración de la carpeta de investigación, son los mismos que cometió la FGE cuando solicitó el juicio de procedencia en contra del diputado federal del PRI, Tarek Abdalá, razón por la cual la cámara de diputados no concedió el llamado desafuero. Suena lógico pero no es contundente.

El periodista Marco Antonio Aguirre también se refirió al tema. Dijo que la Fiscalía del estado de Veracruz presentó como soporte a su solicitud de extradición dos procedimientos abiertos en este año: “uno por haber utilizado un helicóptero luego de solicitar licencia al cargo de gobernador; y haber transferido ilegalmente 220 millones de pesos de una cuenta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a otra cuenta de la misma institución estatal.” Ambas situaciones no se consideran graves, agrega.

Hay que recordar que las leyes de Guatemala exigen que se deba establecer los delitos por los que se solicita la extradición de una persona, y que en este sentido, no se le puede juzgar por ningún otro que no haya sido incluido en tal solicitud.

Por supuesto no será el fiscal Winckler quien determine la liberación del ex gobernador; eso le compete a los jueces –como se justificarán una y mil veces si el destino jurídico sigue ese camino-; pero será consecuencia de su impericia e ineficacia, que las investigaciones –sobradas de pruebas por doquier- fueron tan mal integradas que caigan como barajas de naipes, como han venido diciendo.

Los veracruzanos podríamos estar pagando un precio muy alto por el capricho insensato de nombrar a un Fiscal que era bueno para la barandilla pero muy malo para la función pública. Resulta que el verdugo podría liberar del cadalso a Duarte.

Las del estribo…

  1. En medio de la crisis de inseguridad, el mandatario estatal sigue tropezando con su incontinencia declarativa. Como diputado federal pidió para Veracruz la figura de un Comisionado de seguridad, cuestionaba la eficacia del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal; y exigía un Fiscal que no fuera empleado del Gobernador. Hoy llama ignorantes a quienes piden exactamente lo mismo, en una situación aún peor.
  2. “Se le va a borrar la sonrisa a Duarte”. El gobernador no abandona su discurso pendenciero y revanchista, de peleador callejero. Tal vez por eso, los veracruzanos sí vean un estado fallido.