Desde hace un par de semanas corría el rumor de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, estaba trabajando conjuntamente con los asesores jurídicos del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la redacción de una iniciativa de reforma al Poder Judicial del Estado que el Jefe del Ejecutivo enviaría a la LXIV Legislatura del estado para obligar a los magistrados más veteranos con estatus de “inamovibles” a que se jubilen, lo que le permitiría al mandatario estatal del PAN sustituirlos por otros juristas incondicionales.

Según ha trascendido, los nuevos magistrados serían designados por quince años en lugar de diez, y serían nombrados directamente por el gobernador.

El pasado lunes 26, el periodista Bernardo Gutiérrez Parra comentó en su columna “Desde el café”, que la propuesta ya estaba lista pero que se guardaba “con relativo hermetismo a fin de que no haya presión de ningún lado”.

Ayer, una fuente confiable del TSJE confirmó esta versión y adelantó que si no hay cambio de última hora en su agenda, los miembros del Congreso local darán entrada a esta iniciativa en su sesión del próximo martes 4 de julio.

Este proyecto de reforma del Poder Judicial –que en el pasado inmediato ya lo habían intentado promover los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, pero los cuales desistieron de su pretensión ante el manifiesto rechazo de la mayoría de los magistrados– tiene muy molestos no sólo a los magistrados que no fueron previamente consultados ni informados, sino también a los empleados del TSJE que han hecho carrera en la judicatura y que temen que no tendrán oportunidad de ascender a las magistraturas ya que éstas seguramente serán entregadas a personas sin mayores méritos pero con buenas relaciones políticas y personales con el actual gobierno yunista.

Y es que precisamente la versión que dan acerca de este intento reformista de Yunes Linares es que al gobernador del PAN, a cuyo mini régimen solamente le restan escasos 17 meses, le habría entrado el síndrome de la trascendencia, por lo que quiere dejar magistrados a modo para lo que se le pueda ofrecer más adelante en materia judicial, dado el cúmulo de expedientes y procesos penales que pretende dejar en marcha contra sus enemigos políticos, principalmente el exgobernador Javier Duarte y sus excolaboradores.

Sin embargo, mandar a sus casas a los magistrados de mayor edad no va ser tan fácil, pues ha trascendido que promoverían un recurso en materia de controversia constitucional en caso de que esta reforma fuera aprobada por el Congreso del estado, lo que todo parece indicar que sí se lograría con el voto de los sumisos diputados del PAN-PRD y la cooptación de los legisladores del PRI y los del llamado Grupo Mixto “Unidos por Veracruz”.

Pero, además, otra presunta razón por la que los magistrados en edad de jubilación se niegan a retirarse del Poder Judicial es la crítica situación de las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), mismo motivo por el que centenares de catedráticos de la Universidad Veracruzana, que igualmente ya están en edad de pensionarse, siguen posponiendo los trámites jubilatorios.

¿Habrán previsto en el gobierno del estado el impacto financiero que esta reforma del Poder Judicial también tendrá en el IPE?

Poiicía Federal, ¡Qué eficacia!

¡Vaya eficacia de la Policía Federal!

Y es que la madrugada de este jueves, elementos de la PF detuvieron en una colonia del sur de la ciudad de Puebla a diez personas, de las cuales cuatro habrían sido los autores materiales del asesinato del comisionado de esta corporación policiaca en Veracruz, Camilo Castagné Velasco, y de dos oficiales más.

Así que, en escasos cinco días, la Policía Federal detuvo a los presuntos ejecutores del multihomicidio ocurrido la tarde del sábado anterior en el restaurante “La Bamba”, de ciudad Cardel.

De forma oficial no se ha informado los giros delictivos con los que estaría ligado este grupo criminal, o si está relacionado con una célula del crimen organizado que opera en Veracruz.

Por lo mientras, el gobierno de Veracruz que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares ya se ahorró el millón de pesos que había ofrecido en recompensa a quien proporcionara información de los cuatro presuntos asesinos del comandante de la Policía Federal.

No cabe duda que cuando en la autoridad existen interés y voluntad de hacer las cosas, éstas las hace bien y pronto.

Ojalá actuaran con la misma celeridad en los casos de los periodistas, niños y demás veracruzanos inocentes que igualmente ha sido privados de la vida o desaparecidos y de cuyos criminales aparentemente nadie sabe nada.

Y es que en la mayoría de estos homicidios y desapariciones no han sido identificados y mucho menos capturados los responsables.

Ni siquiera en el caso de la familia ejecutada este mismo sábado en Coatzacoalcos, pese a que el gobernador Yunes Linares declaró que tenía informes de que el padre de los cuatro menores acribillados habría participado el día anterior en un hecho delictivo, insinuando que ese habría sido el motivo de su muerte y la de sus familiares.

En descargo de su conciencia y ante el airado reclamo que recibió a través de las redes sociales, no le quedó de otra que ofrecer también otro millón de pesos para quien informara sobre la identidad o localización de los criminales.

A ver quién es el “valiente” que se los va a cobrar.