Aprovechando la coyuntura de que otros dos gobernadores, uno que fue postulado por Acción Nacional y otro por la misma alianza PAN-PRD que también a él lo hizo ganar en Veracruz en 2016, han emprendido acciones legales en contra de sus antecesores y excontendientes por haber desviado o recibido ilegalmente recursos públicos para financiar al PRI y sus campañas, Miguel Ángel Yunes Linares se ha lanzado con todo para desacreditar al senador priista Héctor Yunes Landa, quien ya anunció que volverá a buscar la gubernatura en la sucesión estatal de 2018, para la que el mandatario panista está perfilando a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, actual alcalde de Boca del Río.

En Quintana Roo, por ejemplo –donde el año pasado también la alianza PAN-PRD acabó con la hegemonía del tricolor llevando como candidato al expriista Carlos Joaquín González–, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía General del Estado indagan a Mauricio Góngora, excandidato del PRI al gobierno quintanarroense, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

Y en Chihuahua, donde gobierna el panista Javier Corral Jurado, también inició una investigación contra el exgobernador César Duarte por haber entregado al PRI durante su gestión alrededor de 80 millones de pesos que retuvo a sus empleados.

En ambos casos, las investigaciones parecen tener sustento. Al menos en el expediente de Quintana Roo existen varios recibos firmados por Góngora, los cuales revelan la entrega de recursos por parte del exsubsecretario técnico hacendario Eliezer Villanueva Lanz, uno de los principales operadores de la red del exgobernador Roberto Borge, actualmente preso en Panamá.

Según los documentos a los que tuvo acceso el diario capitalino Reforma y cuya autenticidad fue comprobada por peritos, el dinero fue entregado en efectivo en montos que iban de los 20 millones a los 50 millones de pesos.

En Chihuahua, Stefany Olmos, actual secretaria de la Función Pública, reveló que al menos 5 por ciento del sueldo de 800 trabajadores, principalmente mandos medios y jefes de departamento, se descontó para ser entregado al PRI.

La acusación se derivó de un citatorio que giró un juez federal para que comparezcan el exgobernador César Duarte, actualmente prófugo, y la diputada Karina Velázquez, coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local y exdirigente priista, así como el tesorero del tricolor, Pedro Mauli Romero, entre otros.

En el caso de Veracruz, el senador Héctor Yunes le atribuye al gobernador Yunes Linares, del PAN, la pretensión de quererlo desacreditar con un video con errores de edición que fue filtrado y viralizado a través de un perfil falso de Facebook, en el que supuestamente se escucha afirmar al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, actualmente preso, que el exgobernador Javier Duarte habría entregado 1,300 millones de pesos para la pasada campaña del PRI a la gubernatura.

Ante el contundente desmentido de Yunes Landa, este miércoles un diario porteño alineado con el gobernador Yunes Linares publicó una presunta carta firmada por Bermúdez Zurita en la que el exfuncionario duartista supuestamente manifiesta que sí es su voz la del audio que circula en redes sociales, y que el candidato al que se refiere es Yunes Landa, del PRI.

Sin embargo, excolaboradores del extitular de la SSP que fueron consultados, aseguraron que no es la letra ni la firma de Bermúdez. Tampoco el diario porteño informó si verificó con peritos la autenticidad de dicha carta, como en cambio sí lo hizo Reforma con los documentos firmados por el excandidato del PRI de Quintana Roo.

Los ‘chicos malos’ del Congreso

Por subestimar y pretender doblegar a la diputada Cinthya Lobato Calderón, al soberbio líder del Grupo Legislativo del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas.

Y es que han comenzado a difundirse en las redes sociales algunos videos en los que el líder de la bancada panista se luce mostrando sus mejores pasos de baile al ritmo jacarandoso de la internacional “Sonora Dinamita”, a cuyos músicos contrató para el evento que él mismo se organizó hace cuatro meses en el Velódromo de Xalapa para festejar sus primeros cien días de “trabajo legislativo”.

El coordinador de los diputados del partido blanquiazul aparece arriba del templete, junto al grupo musical, moviendo el bote con una guapachosa rubia.

Además, en su absurda confrontación con la diputada Lobato, el presidente de la JUCOPO se ha llevado entre las patas a su cuate Carlos “Chico” Fuentes, a quien sin tener el perfil profesional nombró como secretario de Servicios Administrativos y Financieros.

En su edición de este miércoles, el diario El Heraldo de Tuxpan, publicó una nota de la reportera Ximena Aguirre, en la que involucran a Fuentes Urrutia en “la compraventa de vehículos de dudosa procedencia”.

Según documentos obtenidos por la mencionada casa editorial, se da cuenta de una camioneta de lujo de la marca Chevrolet del año 2015 modelo Silverado color blanca, cuya dueña es una de las empleadas de confianza del exdiputado local del PAN, de nombre Nancy Priscila Hernández Núñez; este vehículo valuado en más de medio millón de pesos, de acuerdo con la versión periodística, fue interceptada en un retén en el municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Al realizar la revisión por parte de las autoridades de Tránsito y de Seguridad Pública, el Registro Público Vehicular (Repuve) arrojó que la camioneta tenía reporte de robo.

La reportera anota que “Chico” Fuentes, a través de su colaboradora Nancy Hernández, vendió la camioneta en septiembre del año pasado justo unos meses antes de concluir su encargo como diputado local.

La camioneta cuenta con el Número de Identificación Vehicular (NIV) IGNSC8KC8FR145613 y de acuerdo con la PGR el reporte de robo se dio en el mes de noviembre.

“En este negocio el ahora administrador de los recursos de los veracruzanos en el Congreso del Estado involucra a una de sus secretarias, a quien utiliza de prestanombres para realizar la compraventa de los automóviles, con la finalidad de que su nombre no salga a relucir y de esta manera no tener que pagar impuestos”, concluye la reportera, quien expone que el sueldo que devenga una secretaria en la Cámara de Diputados “no es el suficiente para poder adquirir un vehículo cuyo costo oscila entre los 500 y 700 mil pesos.”