Ayer por la noche, el alcalde de Xalapa pudo haber tomado la peor decisión política de su administración; una decisión que ni la propia Elizabeth Morales se atrevió a impulsar durante su polémico gobierno: la autorización municipal para la construcción de un sistema de gas natural (gasoducto) que cruzará por las principales arterias de la ciudad.
El proyecto no es nuevo, como tampoco nueva es su resistencia. Ya en 2013, el entonces presidente municipal Ricardo Ahued se había opuesto al enterarse de su trazo: iniciaría en el municipio de Emiliano Zapata, pasando por la carretera Veracruz-Xalapa, Lázaro Cárdenas y cambiaría de ruta hacia la avenida 20 de Noviembre. El gasoducto volvería a desviarse a la izquierda en Circuito Presidentes, para así seguir por toda la carretera Xalapa-Coatepec hasta la zona de la Orduña, donde se encuentra la planta industrial de la Nestlé.
La solicitud había sido presentada ante el Ayuntamiento de Xalapa por la empresa Gas Natural del Noreste ese mismo año, pero fue rechazada por improcedente, debido al cambio uso de suelo de varias zonas habitacionales y por el riesgo que representaba para la población. Mediante el dictamen elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano, con el número DDU/SP/036/2013, la autoridad municipal señaló lo siguiente:
“El trayecto en el que pretende la empresa llevar a cabo la instalación se encuentra situado en su mayor parte dentro de las zonas habitacionales, comerciales, educativas y de servicios del municipio de Xalapa, zona en la que se considera prohibida dicha instalación, lo antes mencionado con fundamento en los artículos 62, 64 fracción I y 65 II y III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Numero 241 de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
Anoche, mediante una decisión absurda y autoritaria, el cabildo xalapeño decidió convertir a las calles y avenidas de Xalapa en una zona industrial con el riesgo que ello representa. No se consultó a nadie, ni se informó a nadie; los xalapeños amanecerán este jueves con la noticia de que el gasoducto es un hecho. De la resistencia social, en medio de un proceso electoral, no hay ni que adivinar lo que se le viene al gobierno municipal.
Hace algunos años, en una furtiva incursión por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) me tocó participar en la elaboración de un protocolo para la realización de una consulta pública en el municipio de Juchitán, con el propósito de aprobar la creación de un parque eólico en esa región caracterizada por la fuerza del viento.
El proyecto consistía en la instalación de los generadores –esa especie de gigantescos ventiladores- en áreas despobladas, la mayor parte de ellas, dedicadas a la agricultura y al pastoreo; había una gran resistencia, argumentando de las implicaciones a la salud que podría tener –algo que nunca se pudo probar científicamente-, y que el ruido de las torres ahuyentaba la pesca en esa región.
Bueno, pues resulta que se tuvo que realizar una consulta pública donde intervinieron cualquier cantidad de autoridades –Gobernación, las Secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Sagarpa y la Sedatu, además de la CNDH, representantes del gobierno de Oaxaca, y por supuesto, las autoridades municipales.
Se utilizaron protocolos internacionales y se siguió un riguroso procedimiento para autorizar el parque eólico. Todo esto por la sencilla razón de que se tratada de un municipio con presencia de grupos indígenas. No sobra decir que el procedimiento nos llevó más de un año.
En este sentido, con un riesgo mucho mayor por tratarse de un gasoducto, en una zona densamente poblada, sin una ventaja real y concreta para los xalapeños que viven en las vías urbanas que serán afectadas, resulta que en menos de diez minutos el Ayuntamiento de Xalapa resolvió aprobar un proyecto sumamente riesgoso. Fuimos tratados como ciudadanos de tercera.
Es cierto lo que ha dicho Américo Zúñiga. El Ayuntamiento no es la única autoridad involucrada en la autorización del gasoducto. Pero entonces, ¿por qué citar a sesión de cabildo prácticamente a escondidas, por la noche y en medio de una protesta social? ¿Realmente temen perder la elección municipal y que el próximo munícipe diera marcha atrás al proyecto? Será responsabilidad del siguiente gobierno municipal administrar el conflicto que se ve venir cuando inicien las obras.
En estas dos semanas, el PRI tendrá que pagar el costo político de tal decisión; también la sombra del gasoducto acompañará a Américo a dónde vaya políticamente. Sin duda, este proyecto podría ser el tiro de gracia de un agonizante priismo en la capital del estado.
Las del estribo…
- Dicen los enterados, que la famosa “carpeta azul” que documenta la extensa lista de propiedades del gobernador Yunes es inexacta: no están incluidos todos los bienes adquiridos a través del vómito negro… que no son pocos (casas, ranchos, helicópteros, vehículos y otras linduras).
- Todos sabían que Mayuli Ortega es costarricense, menos los del Verde. Si pensaban postular una Tica en Tecolutla, por lo menos hubieran escogido a Maribel Guardia y seguro la ganan. ¡De veras que hay que ser brutos!