Emulando a la Santísima Trinidad, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares –quien no se conforma con ser el depositario del Poder Ejecutivo sino que a veces ha intentado también usurpar funciones que constitucionalmente les compete a los poderes Legislativo y Judicial– le dio el pasado viernes 5 un espaldarazo más al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, cuya salida demandaron desde hace más de un mes los grupos de familiares de desaparecidos, y cuya renuncia han solicitado ahora los diputados locales luego de que la semana anterior el fiscal yunista los acusó de “corruptos” por haber desechado su solicitad de desafuero del alcalde de Fortín de la Flores, Armel Cid de León Díaz, acusado desde 2015 de violencia familiar equiparada.

“Ya ofreció una disculpa”, respondió Yunes, quien atajó que Winckler no se iría de la FGE.

No es la primera vez que el fiscal general es obligado a ofrecer una disculpa pública. Hace mes y medio lo tuvo que hace en desagravio de los integrantes de Colectivos de Búsqueda por haber informado de la localización de una familia de Querétaro en las fosas clandestinas de Alvarado, sin tener las pruebas periciales que confirmaran el hecho.

Antes, a mediados de marzo, al cumplir cien días a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), integrantes de colectivos de desaparecidos evaluaron su desempeño. Lucía de los Ángeles Díaz Henao, fundadora del Colectivo Solecito, consideró al fiscal como un lastre para Yunes. “El gobernador cometió un error muy grave, porque nosotros pedimos a una persona con experiencia, sensible en casos de desapariciones y preparado en temas de derechos humanos. Pero escogió a Winckler que, si bien es mayorcito, actúa como un niño”, declaró Díaz Henao al portal de noticias E-Consulta.

El repudio de los familiares de desaparecidos contra el fiscal creció luego de que a mediados de febrero los hizo esperar más de tres horas a las afueras de la FGE para una reunión de trabajo donde se darían resultados y avances sobre casos concretos de víctimas, motivo por el que de manera simbólica, en plan de protesta, decidieron colocarse de espaldas a Winckler y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

“Ineptos, malos modales, incompetentes, respeten nuestra calidad de víctimas. ¿De qué corral salieron? pues parecen animales por insensibles”, fueron las consignas que recibieron Campa, Winckler y Luis Eduardo Coronel, fiscal especializado para Desaparecidos.

Algunos lectores de Oaxaca, que conocen el origen y el entorno familiar del titular de la FGE de Veracruz, no se sorprenden de la insensibilidad política y de la dudosa ética y moral del abogado yunista, pues nos han hecho llegar un grueso expediente con infinidad de denuncias por presuntos fraudes atribuidos a su padre Jorge Winckler Yessin, titular de la Notaría Pública número 35 de Salina Cruz.

Como fedatario público en esa región istmeña, el padre del Fiscal veracruzano ha sido señalado desde 2010 por la supuesta escrituración fraudulenta en contra de cien campesinos de Unión Hidalgo; posteriormente fue implicado en una asamblea apócrifa en San Dionisio del Mar para favorecer a la empresa eólica Mareña Renovable que quería instalarse forzosamente ahí; en 2013 fue acusado de inventar hechos para favorecer a los líderes regionales de la CTM que escrituraron a su nombre el edificio sindical; en 2015 se negó a proporcionar información al 07 Consejo Distrital del INE, en Oaxaca, pese a que fue requerido por la vía legal; y, por si fuera poco, hasta fue denunciado en el galardonado documental “Presunto Culpable”.

El 17 de febrero de este año, el portal de noticias Tiempodigital.mx, publicó otro caso más de un terreno ubicado en Boca del Río, Oaxaca, que ha sido vendido en dos ocasiones: una vez a un particular y la otra al Ayuntamiento de Salina Cruz, en cuya transacción fraudulenta ha sido involucrado el tesorero municipal Víctor Manuel López Sosa. ¿Quién fue el notario que hizo la doble escrituración? Atinó: Winckler Yessin, quien hasta hace un par de meses aún no había entregado esta documentación a la nueva autoridad municipal.

Y, en 2012, el gobierno del estado de Oaxaca inició una investigación en contra de la entonces diputada federal del PRI, Sofía Castro Ríos, y su hermano José Castro por un presunto fraude con una planta productora de mezcal a la que se destinaron cien millones de pesos, para lo cual se habría simulado la conformación de una unión de sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, denominada Magueyeros Chontales y Zapotecos de Yautepec, una figura jurídica constituida el 19 de enero de 2004 por la exlegisladora priista Castro Ríos y protocolizada ante el notario Winckler Yessin.

En 2005, el gobierno de Oaxaca, entonces encabezado por Ulises Ruiz, del PRI, inició gestiones ante la Federación para la ejecución del proyecto “establecimiento de una planta agroindustrial de acopio, rectificación, homogeneización y envasado de mezcal de Oaxaca”, en respuesta a la solicitud de apoyo presentada por la unión de los Magueyeros Chontales y Zapotecos de Yautepec.

Para marzo de 2006 se firmó un convenio con el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la unión de productores por conducto de José Castro Ríos, firmando como testigo la exdiputada federal Sofía Castro.

Dicho documento tenía como objetivo obtener recursos de nivel federal, estatal y municipal a favor de la unión de productores de mezcal. La operación se realizó a través de la empresa Leadman Trade SA de CV, como financiera de los productores, firma que fue contratada por Miguel Ángel Ortega Habib, extesorero de Ruiz, por un monto de 100 millones de pesos, contratación que se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa, cuando el monto a financiar era únicamente de 37 millones pesos.

Leadman Trade era la misma firma con la que el gobierno oaxaqueño efectuó los procedimientos de autoarrendamiento de maquinaria con Caminos y Aeropistas de Oaxaca, una empresa demandada en diferentes estados del país y cuyo director se encuentra actualmente preso.

En esta operación figuró el notario Winckler Yessin por dar fe de la convocatoria de la priista Sofía Castro para integrar la sociedad de mezcaleros, así como del acta constitutiva de la unión productora en la que el hermano de la exlegisladora aparecía como representante legal.

Los pagos realizados a la firma Leadman Trade se hicieron con el Programa Norma Estatal, que no era auditable por la Federación.