Prefacio.
En su muy particular estilo de gobernar, Miguel Ángel Yunes Linares asume que “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. *** Por ello decidió “expropiar” (aunque cabría mejor el término “apropiarse”) una residencia en Tlacotalpan que, asegura él, fue adquirida por Javier Duarte de Ochoa mediante prestanombres. *** El procedimiento de expropiación implica el pago de una indemnización (Artículo 23 de la Ley Estatal de Expropiación y Ocupación Temporal) pero lo que hizo el mandatario estatal fue decirles a los agraviados (los presuntos prestanombres) que podían acudir a Xalapa a reclamar su pago, aunque también tendrían que pasar a la Fiscalía para aclarar “cuentas pendientes” con la ley. *** Si a eso no se le llama “coacción” (Artículo 172 del Código Penal del Estado de Veracruz: “A quien mediante violencia física o moral obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y multa hasta de cuarenta días de salario. Las penas se duplicarán si se comete por un servidor público, a quien se le sancionará, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan, con destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos”) entonces estamos hablando de otro Veracruz. Estaríamos hablando de “Yuneslandia”.
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Fue un martes. Era la noche del 2 de junio del 2009. Un comando del Ejército Mexicano irrumpió en las oficinas de la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad del puerto de Veracruz (en avenida Guerrero y calle Montesinos) y detuvo a los 46 elementos del segundo turno de la corporación, entre ellos al titular, Héctor Peñafiel Parra, y a varios subdirectores.
En el operativo participaron, además del Ejército, elementos de la Armada de México, la Policía Federal y la Agencia Veracruzana de Investigaciones.
Un día antes, la noche del lunes, había sido secuestrado el administrador de la Aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, quien además de ser un funcionario federal de alto nivel, era amigo personal del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Luego de que se supo de la desaparición del Director de la Aduana, mediante la revisión de las cámaras viales se confirmó que el funcionario salió del recinto portuario, cuando de pronto su vehículo fue impactado por una camioneta. Minutos después llegaron elementos de Tránsito locales y ya no se supo más de la víctima.
La conclusión de los investigadores federales fue que los elementos de Tránsito participaron en el secuestro de Francisco Serrano, por lo que de inmediato se ordenó la detención de todos los posibles involucrados.
Luego del operativo en las oficinas de Tránsito municipal, los militares subieron a los agentes detenidos en dos autobuses para trasladarlos al cuartel de La Boticaria. Horas después volaban a la ciudad de México para ser interrogados y procesados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Cuatro años más tarde, el 23 de enero de 2013, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dio a conocer que la Marina Armada de México asumía el control de las delegaciones de tránsito en Veracruz y en Boca del Río, por lo que fueron designados como responsables de esas funciones los contralmirantes Rodolfo Pallares Herrán y Saúl Cotarelo Díaz, respectivamente, mientras que el teniente naval José Rafael Brito Perdomo, fue designado delegado regional de transporte.
El anuncio del mandatario estatal mencionaba que los “nuevos funcionarios” cumplirían funciones fundamentales en las tareas de tránsito y vialidad, así como de transporte en la zona conurbada, “como parte de la operación coordinada Veracruz Seguro”.
Han pasado ya cuatro años de aquella decisión, y ahora el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, confirma una nueva irrupción –ahora de fuerzas estatales- a las mismas oficinas de Tránsito del puerto de Veracruz, porque “se recibieron denuncias” en el sentido de que en esas oficinas se estaría efectuando “una reunión donde participarían personas ajenas a la Dirección de Tránsito”, por lo que decidieron actuar de inmediato y “tomarlos por sorpresa”.
Al parecer los sorprendidos fueron los elementos de la Fuerza Civil y de Seguridad Pública, pues no se sabe que hayan sido detenidas personas ajenas a la corporación.
Yunes Linares no se anduvo por las ramas. Dijo que la medida era sólo una de las que habrá de tomar en los próximos días para acabar con la corrupción en las direcciones de Tránsito y Transporte.
“Como todos sabemos hay un grave problema de corrupción en el transporte público y en Tránsito del Estado, un problema de corrupción que ya tiene varios años y que se agudizó en el último sexenio”.
Sí, resulta que justo ahí donde intervinieron las corporaciones de mayor reconocimiento nacional, el Ejército y la Armada, está el principal foco de corrupción. Justo ahí, donde apenas en el mes de enero del presente año fueron cesados todos los mandos, la corrupción no cesa.
En este nuevo operativo, ahora de fuerzas estatales, al menos diez elementos fueron obligados a firmar sus renuncias, pues se tiene la convicción de que han infringido la ley y trabajan para grupos de la delincuencia organizada.
¿Por qué, entonces, se realizó el operativo sin la participación de las fuerzas federales, responsables del combate al crimen organizado?
¿De cuándo acá se estila que a los servidores públicos contra los que existen investigaciones por su presunta responsabilidad penal, se les pide que renuncien “o se aplicará la ley”?
Todo suena como la intención de las actuales autoridades en el Estado, para desplazar a un grupo criminal… para poner a otro.
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Epílogo.
La diputada Eva Felicitas Cadena Sandoval no “solicitó” volver a su curul en el Congreso del Estado. La diputada “comunicó” a la Mesa Directiva su decisión de retornar a su encargo. Con eso es suficiente. Recuperó su fuero, por lo que la Fiscalía General del Estado tendría que recorrer el largo camino del juicio de procedencia para actuar en su contra. La que sí está en posibilidades de proceder es la Fepade, si el delito se enmarca como “del fuero federal”. Lo que ya está claro es que recibir dinero privado en calidad de precandidata no le llevará a pisar la cárcel. Bondades del nuevo Sistema Penal. *** Hoy las baterías apuntan a la que fuera coordinadora de Comunicación Social al inicio de la administración de Javier Duarte, la periodista Gina Domínguez. Tal vez el expediente no está concluido, por lo que el nuevo monarca de Veracruz optó por someterla primero al juicio mediático. El portal capitalino “Animal Político” la señala de apropiarse de medios de comunicación a los que favoreció con millones de pesos mientras estuvo al frente de la oficina de Comunicación Social. En el reportaje raspan a otros servidores públicos, como el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib. *** La propia Gina Domínguez tomó la pluma y salió a defenderse. En el trámite embistió a su sucesor en el cargo, Alberto Silva Ramos. No entienden los duartistas que están actuando justo como lo que esperaba Miguel Ángel Yunes Linares: Se están haciendo pedazos entre ellos mismos.