Ahora que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha querido colgar la medalla de la detención de su antecesor Javier Duarte de Ochoa –que, “haiga sido como haiga sido”, se trata sin lugar a dudas de un mérito del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto–, habría que preguntarle al mandatario veracruzano del PAN por qué no ha presionado a la Procuraduría General de la República (PGR) ni a la Fiscalía General del Estado (FGE), aparentemente “autónoma”, para que procedan penalmente “ya, ya, ya” contra los familiares más cercanos del expriista apresado en Guatemala, comenzando por la esposa Karime y el suegro “Tony” Macías, a quien desde a mediados de mayo de 2016, en un mitin de campaña en Coatzacoalcos, amenazó públicamente con encarcelar.
Y es que, conociendo sus arranques, ha motivado cierto “sospechosismo” que Yunes Linares no haya respingado, como habitualmente hace, ante la extraña inacción de la PGR en contra de la señora Macías de Duarte, ya que tanto ella como sus padres, hermana y cuñado son indagados por la PGR en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.
A los familiares políticos de Duarte se les atribuye el haber adquirido con dinero del erario de Veracruz al menos cuatro residencias en Houston, tres lujosos departamentos en Torre Pelícano, en Boca del Río, y oficinas ejecutivas en Polanco, en la Ciudad de México. Además, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), desde el primer año del régimen duartista, en 2011, la esposa del exmandatario gastó con una tarjeta de crédito 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles.
Por su parte, a Macías Yazegey lo amenazó Yunes con encarcelarlo desde hace 11 meses. En un mitin en Coatzacoalcos, acompañado de la exprimera dama de México, Margarita Zavala de Calderón, el entonces candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura expresó: “Desde aquí le mando un saludo al suegro de Javier Duarte, a ‘Tony’ Macías. ¡Ni un metro de terreno te vas a quedar con él. Ni metro de terreno de los veracruzanos (…). Le digo al suegro de Duarte, que robó al pueblo de Veracruz, que no va quedar impune este robo, que Veracruz tendrá un gobernador que hará justicia, que se vaya preparando, que contraten abogados porque irá directo de su casa a Palma Sola (la cárcel)”.
Pero ni la PGR ni la FGE, que constitucionalmente es “autónoma” aunque él maneja al fiscal Jorge Winckler a su antojo, han procedido aún contra el suegro y la esposa de Duarte, no obstante que el 20 de febrero pasado Yunes y su incondicional montaron un show mediático con el hallazgo de una bodega en Córdoba donde fueron encontrados documentos personales de Karime Macías, en los que la esposa de Duarte habría registrado la red de corrupción en torno al exmandatario e incluso las ciudades donde poseen bienes, entre ellas Nueva York, Madrid y Scottsdale, Arizona; así como Córdoba, Ixtapa y la Ciudad de México.
En esa ocasión, hace ya dos meses, Yunes dijo que todo lo hallado sería puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué, entonces, no solicitó también a la PGR detener a la esposa de Duarte, quien lo acompañaba en Guatemala, país al que ambos ingresaron ilegalmente con pasaportes falsos?
Resulta sospechoso el silencio de Yunes, quien hace apenas una semana, al ser cuestionado por la resolución del juez que ordenó que el exgobernador interino Flavino Ríos continúe su proceso bajo arresto domiciliario, respondió molesto que “yo no hago pactos, yo no pacto la ley, soy un hombre recto y he actuado con toda rectitud, hace 132 días soy gobernador del estado y no hay quien pueda señalar que yo hago pacto con delincuentes”.
Pero Yunes parece olvidar que sí pactó con el excontralor duartista Ricardo García Guzmán, a quien pese a que en su campaña acusó de ser “la tapadera de Duarte” y hasta amenazó con encarcelarlo también, ahora pretendió hacerlo candidato del PAN a la alcaldía de Pánuco, postulación que el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul descartó a través de un comunicado difundido el 20 de marzo pasado.
Desmienten a general
Este martes, las fuerzas federales dieron un buen golpe a la delincuencia con la detención del líder de un grupo delictivo que opera en la zona de Veracruz-Boca del Río, al cual se le atribuye el control de una red conformada por policías municipales y taxistas que fungen como informantes o “halcones”, los cuales alertaban al presunto delincuente de la movilidad de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en dicha área.
A este individuo, identificado como Juan Manuel “N”, lo relacionan también con actividades de extorsión a vendedores ambulantes y locatarios en los mercados Hidalgo y 20 de Noviembre, en los municipios de Veracruz y Boca del Río. También es señalado como responsable del control de los vehículos que su grupo delictivo emplea en esa zona.
El presunto delincuente fue detenido en el Fraccionamiento Reforma durante una diligencia de cateo, sin que hubiera necesidad de realizar disparos. Se le detuvo en compañía de su pareja y le fueron asegurados una pistola Glock calibre 0.40, un kilogramo de droga sintética, dinero en efectivo, una báscula digital de precisión y una camioneta Pick Up.
Pero lo interesante es que el reporte oficial consigna que “existen elementos para presumir que el 5 de abril de 2017, (esta persona) coordinó el secuestro del director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz”.
¿Por qué entonces el general Martín Cordero Luqueño mintió al declarar posteriormente que no había sido privado de su libertad, sino que un vehículo les cerró el paso a él y al subdirector de Tránsito, por lo que decidieron retirarse en un taxi y dejar la camioneta de Protección Civil abandonada?
¿El alcalde boqueño Miguel Ángel Yunes Márquez, que aspira a suceder a su padre en la gubernatura en 2018, debe sostener en un cargo de tal relevancia a un funcionario que distorsiona de tal manera tan delicados hechos?