El lunes pasado, en este espacio, anotábamos que desde hacía más de un mes, el14 de febrero, a través de una inserción periodística el consorcio Tenaris-TAMSA había solicitado la “atenta y urgente intervención” del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Miguel Ángel Yunes “para hacer respetar el Estado de Derecho y la libre voluntad del voto” de los trabajadores de su planta ubicada en el municipio del puerto de Veracruz, pero que no obstante ese oportuno llamado de alerta, 38 días después había estallado la violencia en la sede del sindicato de dicha empresa con un saldo de dos muertos y 22 heridos.

Concluíamos comentando que ciertamente el arbitraje laboral para dirimir este conflicto sindical correspondía a la autoridad federal, pero que el gobierno del estado estaba obligado también a coadyuvar en la estabilidad de esta importante fuente de trabajo. Y señalábamos que hubo funcionarios estatales que “fueron omisos, bien por indolencia o por un mal calculado interés político-electoral”, ya que el dirigente sindical reconocido por la empresa, Pascual Lagunes Ochoa, “es un priista cercano al senador Héctor Yunes Landa, severo crítico del gobernador Yunes Linares, del PAN, y fuerte aspirante a la gubernatura en 2018”, quien ese mismo lunes “acusó directamente al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, de haber alentado el enfrentamiento e inclusive de haber dado recursos al grupo sindical disidente que lidera (José Carlos) Guevara Moreno”, despedido por TAMSA desde 2013 por participar en hechos violentos dentro de las instalaciones industriales y sobre quien pesa una denuncia penal.

Ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades sobre este delicado caso, ayer jueves laCámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) hizo un enérgico pronunciamiento en el que “rechaza tajantemente la violencia de cualquier tipo y ve con extrema preocupación que conflictos que deberían solucionarse de manera pacífica y dentro de los cauces de la Ley, resulten en enfrentamientos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y generan incertidumbre para las fuentes de trabajo y el sector en general.”

En un desplegado dirigido nuevamente al presidente Peña y al gobernador Yunes, la Cámara de la industria del acero mexicana, que actualmente emplea 112 mil personas y que desde 2006 a la fecha ha destinado inversiones por casi 15 mil millones de dólares, advirtió que “sigue con especial atención la evolución y resolución de este conflicto por su relevancia para la empresa socia y para toda la industria y su cadena de valor”, puntualizando que “la estabilidad laboral es clave para el desenvolvimiento de las actividades industriales en el corto, mediano y largo plazo”.

A las autoridades aludidas, les recuerda que “el conflicto sindical de Tenaris-TAMSA afecta directamente a un Estado clave, como es Veracruz, por ser uno de los principales polos de atracción de inversiones derivado de la Reforma Energética, (y que) por lo mismo es una señal de alerta para el resto de las inversiones en el país.”

Además reiteraron que “las inversiones requieren del respeto al Estado de Derecho y de certidumbre”, y que “la estabilidad en la representación sindical, basada en el derecho de organización y autonomía de los trabajadores, es un factor fundamental de certidumbre jurídica, para crear el clima propicio para crecer e invertir.”

La Canacero solicitó directamente al Gobierno de Veracruz “se logre una solución donde prevalezca la justicia, la transparencia y la legalidad en beneficio de los trabajadores, sus familias y el desarrollo del sector”, además de plantearle “una acción coordinada, transparente y objetiva” con el gobierno federal para sentar “un importante precedente para consolidar las condiciones de inversión y crecimiento que México ofrece al mundo”.

A ver si Yunes Linares y su gabinete se ponen las pilas para atender asuntos más importantes para el estado que las grillas electorales de la sucesión municipal.

Nuevos delegados federales

En algunos casos por el proceso electoral municipal en marcha y en otros por motivos de distinta índole, pero en total hay como cinco delegaciones del gobierno federal en Veracruz que están por estrenar titulares.

Por ejemplo, Tomás Carrillo Sánchez se separó de la de Migración para irse a contender como candidato del PRI por el municipio de Cosamaloapan.

La de la PROFECO también está vacante porque la exalcaldesa xalapeña Elízabeth Morales García se movió para ocupar la del ISSSTE que dejó Renato Alarcón Guevara para asumir la dirigencia estatal del partido tricolor.

Y, entre otras, también está la representación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la entidad que desocupó Dionisio Pérez Jácome luego del escándalo de la toma de nota concedida al líder disidente del sindicato de TAMSA, José Carlos Guevara Moreno.

Además, según trascendió, otra delegación federal más en la que podría haber cambio es la del IMSS Veracruz-Norte, que actualmente está a cargo del exdiputado federal por Cosoleacaque, Antonio Benítez Lucho.