Desde hace más de un mes, el 14 de febrero, a través de una inserción periodística el consorcio TenarisTAMSA solicitó la “atenta y urgente intervención” del presidente Enrique Peña Nieto “para hacer respetar el estado de derecho y la libre voluntad del voto” de los trabajadores de su planta ubicada en el municipio del puerto de Veracruz.

En el texto, marcado con copia al gobernador Miguel Ángel Yunes, el representante legal de la empresa, Luis Gerardo Cárdenas, exponía que “la resolución 211.2.2.-0484 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 30 de enero de 2017, que reconoció como Secretario General del Sindicato ‘Unidad y Progreso’ a José Carlos Guevara Moreno, ha generado un clima de incertidumbre laboral que pone en riesgo las operaciones de TAMSA y a sus más de 5 mil trabajadores directos, contratistas, clientes y proveedores y a la comunidad en general.”

Cárdenas refería que “en elecciones celebradas por voto libre y secreto el 22 y 23 de septiembre de 2016, Pascual Lagunes Ochoa fue reelecto como Secretario General del Sindicato para el periodo 2016-2020, con la participación de casi el noventa por ciento de los trabajadores sindicalizados y con la presencia y supervisión de representantes de la STPS y de la CTM”, y que “así lo reconoció y sancionó la propia Secretaría, mediante la toma de nota que le otorgó el 26 de ese mismo mes” a Lagunes Ochoa, mientras que Guevara Moreno, “despedido justificadamente por TAMSA en 2013 por participar en hechos violentos dentro de nuestras instalaciones y sobre quien pesa una denuncia penal, no presentó en esa oportunidad una planilla alternativa.”

A pesar de ello, acusó que el 30 de enero de 2017, la STPS expidió un oficio de toma de nota en el que reconocía a Guevara como Secretario General del Sindicato, con base en una supuesta asamblea realizada el 1 de octubre de 2016, de 10:00 a 16:00 horas, a la que habrían asistido dos terceras partes de la plantilla laboral, pero que ese día “no hubo mayores ausentismos en la planta de TAMSA, por lo que es imposible que cerca de dos mil trabajadores hubieran asistido”.

Cárdenas cuestionaba que “de manera apresurada el mismo día en que recibió la solicitud de Guevara Moreno, la STPS le concedió la toma de nota, sin constatar la veracidad de los hechos presentados ni advertir las notorias incongruencias del acta que Guevara exhibió…”

“Una acción como ésta genera un clima de incertidumbre y zozobra en el interior de nuestra empresa y pone en riesgo sus operaciones, la seguridad de los trabajadores y los compromisos adquiridos con los clientes y proveedores”, advertía el abogado de TAMSA, por lo que solicitaba “que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde y tomen las determinaciones necesarias para hacer cumplir la ley, asegurar el estado de derecho y respetar íntegramente la libertad de elección, por parte de los trabajadores de la empresa, de sus representantes.”

No obstante, 38 días después de este oportuno llamado de alerta, estalló la violencia en la sede del sindicato de TAMSA. El saldo: dos muertos y 22 heridos.

Ciertamente, el arbitraje laboral para dirimir este conflicto sindical corresponde a la autoridad federal, pero el gobierno del estado estaba obligado también a coadyuvar en la estabilidad de esta importante fuente de trabajo. Hubo funcionarios estatales que fueron omisos, bien por indolencia o por un mal calculado interés político-electoral, pues Lagunes Ochoa es un priista cercano al senador Héctor Yunes Landa, severo crítico del gobernador Yunes Linares, del PAN, y fuerte aspirante a la gubernatura en 2018, quien este lunes, por cierto, acusó directamente al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, de haber alentado el enfrentamiento e inclusive de haber dado recursos al grupo sindical disidente que lidera Guevara Moreno.