El tema de las auditorías a las dependencias e instancias que manejan recursos públicos en Veracruz volvió a salir este miércoles en la Legislatura del Estado, donde se informó sobre un presunto daño patrimonial cercano a los 16 mil millones de pesos, únicamente en el ejercicio 2015.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado determinó que hasta el momento, de las 26 dependencias o instancias que manejan recursos públicos y que recibieron observaciones por presuntos daño patrimonial, sólo 8 solventaron algo así como 22 millones de pesos.

En la lista negra aparecen dependencias de todo tipo, desde institutos tecnológicos y fideicomisos hasta secretarías del gabinete estatal. La que tienen  más problemas en la comprobación del uso de los recursos en 2015 son Sefiplan, con mil 62 millones de pesos; el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, con 713 millones 514 mil; la Sedesol, con 431 millones 431 mil; y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, 267 millones; Infraestructura y Obras Públicas, 12 millones 560 mil; Salud, 10 millones 22 mil; y Educación, con 7 millones 232 mil pesos.

Este miércoles, el portal de noticias alcalorpolitico.com consignó la información derivada del informe del Orfis, al finalizar la segunda etapa del proceso de fiscalización a la cuenta pública 2015. En el trabajo se establece que de las 26 dependencias con presuntas irregularidades, solo 8 lograron solventar las observaciones, El Colegio de Veracruz, el Tecnológico Superior de Alvarado, la Comisión del Agua de Coatzacoalcos, el Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, y el Fondo de Desastres Naturales del estado, entre otras instancias.

No corrieron con la misma suerte los ex titulares de SIOP, Sefiplan, Sedarpa, SSA y Sedesol, que sí enfrentarán problemas para comprobar el uso de los recursos que ejercieron. Se trata de una noticia que fortalece las versiones que apuntan a que la más fuerte cacería contra ex funcionarios veracruzanos que habrían incurrido en actos de corrupción apenas está por comenzar.

Los problemas en puerta para el gobierno veracruzano

En temas relacionados con la no aprobación de la reestructuración de la deuda pública veracruzana, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares emitió un mensaje en el que no ocultó ni matizó la profunda crisis que enfrenta el gobierno de la entidad, como consecuencia de los enormes montos que representan los compromisos con la banca; es decir, la fuerte deuda heredada por las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Yunes Linares alertó sobre el peligro de que los bancos acreedores pretendan subir los intereses de la deuda.

Lo más grave es que las penalizaciones para el gobierno veracruzano podrían ser retenidas por la Federación; inicialmente, a partir de julio, en un 67 por ciento, para pasar en agosto a la posibilidad de que los recursos federales se eliminen.

Así las cosas, podríamos decir que las finanzas estatales se encuentran en la peor crisis de su historia.

De entrada, por cierto, el ejecutivo estatal adelantó que enviará a la Legislatura una propuesta para reducir de forma significativa el presupuesto que ejercen los diputados. Ahí es donde se verá realmente si los legisladores locales están, como dicen, comprometidos con Veracruz, o si la negativa a renegociar la deuda estatal obedeció únicamente a impedir que la actual administración tenga la posibilidad de enfrentar el enorme problema del boquete financiero en dos años electorales.

Américo, el apoyo a la reestructuración de la deuda

Prudente y asertiva, la postura del alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, sobre la negativa de 25 diputados a la reestructuración de la deuda. Como ya lo había venido señalando, el munícipe capitalino dijo ayer a reporteros que Veracruz necesita de la reestructuración, para darle viabilidad financiera al gobierno.

Sin mencionarlo nunca por su nombre, lo cual también lo coloca de frente, con la debida distancia, de las filiaciones políticas,  dijo: “Queremos que al gobierno le vaya bien, queremos que al gobernador le vaya bien. Es lamentable que no se hayan podido llegar a los acuerdos pertinentes para lograr este esquema”.

A su vez, el regidor Lino Jiménez Gómez, integrante del Consejo Político del Partido Verde Ecologista de México, opinó que la no aprobación de la reestructuración de la deuda pública repercutirá de manera negativa entre todos los veracruzanos.

“Es muy triste que se haya aplaudido en el Pleno el resultado de una votación que solamente afectará a la población”, aseveró, al referir que la autorización de la reestructuración de la deuda era fundamental para otorgar liquidez al Gobierno del Estado, que en este momento está ahogado por los intereses de una deuda enorme, de casi 50 mil millones de pesos.

Todos los días, los veracruzanos abonamos dinero para pagar los intereses de ese adeudo, puntualizó; estos son recursos no pueden ser utilizados para llevar a cabo programas sociales, mejoras en materia de salud, seguridad, becas o inclusive pagar los pasivos pendientes con particulares y las administraciones municipales. @luisromero85