Prefacio.
En su afán de enlodar más la imagen de Flavino Ríos (que, seguro, sus manchas debe tener) la maquinaria yunista ha estado construyendo nuevos casos en su contra. El riesgo es que debido a las prisas para armar esos expedientes, corren el riesgo de pegarse un tiro en el pie. *** El secretario de gobierno, el perredista Rogelio Franco, asegura haber encontrado inconsistencias en la dependencia hoy a su cargo, por el orden de los 247 millones de pesos. *** Resulta que esa cifra corresponde a las aportaciones que la administración estatal hacía para los pobladores de las comunidades aledañas a la presa Yuribia, y que fueron acordadas mediante un convenio que en su momento firmó –y pagó- Érick Lagos, en su calidad de secretario de Gobierno; que después siguió pagando Gerardo Buganza y que también cubrió Favino Ríos. *** Si pretenden darle un tinte ilícito a dicho convenio, deberían, entonces, denunciar a los tres servidores públicos que fungieron como secretarios de gobierno. *** Algo similar sucede con otra presunta denuncia contra Flavino Ríos por decisiones que se tomaron en la junta directiva del IPE. De considerarlo responsable, tendrían que proceder contra todos los funcionarios y líderes sindicales que conformaban ese cuerpo colegiado. *** ¿Lo harán?
* * *
La instrucción llegó desde la capital del país: El voto de los diputados priistas –de todos- tenía que ser en contra del dictamen que autorizaba a Miguel Ángel Yunes Linares a renegociar la deuda pública del Estado.
De nada sirvieron las largas horas de cabildeo que cubrió el coordinador de los legisladores panistas, Sergio Hernández. Cuando ya había conseguido que los representantes del PRI le otorgaran su respaldo, la instrucción desde la capital del país echó por tierra todo lo avanzado.
La instrucción se giró antes de que iniciara la sesión. La salida en bloque de los priistas, fue parte del show. La percepción entre los propios legisladores es que el voto de castigo a Yunes Linares fue la consecuencia del arresto al exgobernador interino Flavino Ríos.
Los diputados priistas no estaban sorprendidos de que Yunes Linares hubiera actuado en contra de quien tuvo a su cargo el cierre de la administración duartista, lo que sí apuntaban es que era un problema de “timing”, que el actual gobernador escogió el peor momento, la peor coyuntura para hacer sentir su rencor.
Tarde o temprano, la renegociación va a ser aprobada, pero la propuesta será muy distinta, en sus términos, a la originalmente enviada por Yunes Linares. Quienes se oponen a la petición del gobernador, aseguran que los está “espantando con el petate del muerto”.
Una buena síntesis de las objeciones que han encontrado a la propuesta yunista, la presentó el coordinador de la bancada “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri, quien denunció que la Secretaría de Finanzas ha entregado la información sobre la situación financiera de la entidad “a cuentagotas” y presentándola de manera que los datos aparezcan más graves de lo que son.
Como bien apuntó Kuri Kuri, en el presupuesto de egresos que fue aprobado para 2017 (y que está ahora sujeto a ajustes) se contempla el pago, por concepto de servicio de la deuda, de 6 mil 618 millones de pesos. Con la renegociación lo que se lograría es que esa cifra se redujera.
Lo que Yunes Linares pretende es que lo que se ahorre sea utilizado para abatir el déficit financiero que enfrenta la administración estatal.
El año pasado, el senador José Yunes Zorrilla calculaba el déficit del estado por el orden de los 10 mil millones de pesos por año, algo así como 800 millones de pesos al mes. El gobernador asegura que el déficit, para el mes de abril, ascenderá a los 25 mil millones de pesos. No lo detalla, sólo suelta la cifra como para pintar aún más dramático el panorama.
La contrapropuesta de los priistas plantea que parte de lo que se ahorre del servicio de la deuda, a partir de la renegociación, sea aplicado a resarcir los pasivos con las arcas municipales.
Eso le brinca a Yunes Linares, quien insiste en advertir que ese recurso es parte de lo “robado” (en realidad fue “desviado” a gasto corriente) por Javier Duarte y que no puede frenar el desarrollo de la entidad, por reponer un recurso que ya había sido etiquetado.
Ahí está el atorón.
Ya se había mencionado en este espacio el pasado lunes, y el diputado Fernando Kuri lo recalcó: “En el dictamen que se nos presenta, en la cláusula décimo segunda se incluye la posibilidad -‘de existir remanente’- de que se apliquen los recursos a la conclusión de obra pública municipal de 2016, lo que constituye un gancho para aprobar el dictamen, sin comprometer un solo peso en favor de los municipios que demandan sus participaciones federales. De nueva cuenta se nos quiere tomar el pelo y se nos presenta un dictamen que da un cheque en blanco al gobierno, para que de forma discrecional aplique el dinero que se libera”.
Miguel Ángel Yunes sabe que sin renegociación, muy pronto caerá en la misma insolvencia que padecieron Javier Duarte y Flavino Ríos. Cuando se empiecen a retrasar los pagos de salarios y de pensiones, los afectados no van a pensar en Javier Duarte, le van a reclamar a él, el nuevo gobernador, el que les prometió que las cosas mejorarían en cuanto él tomara posesión.
Por aquello de las malditas coincidencias, esa insolvencia se podría estar dando justo en tiempos de elecciones, con nefastas consecuencias para los candidatos de la alianza PAN-PRD.
El atorón va a seguir y las nuevas negociaciones, las que se hagan “en lo oscurito” incluirán el rubro de las acciones judiciales en contra de Flavino Ríos y de otros distinguidos priistas. Ya no le van a permitir al gobernador que siga utilizando a la Fiscalía como fabricante de “cajas chinas” para disimular su ineficiencia.
Si quiere que su gobierno avance, tendrá que ser de la mano del PRI, no en contra de ese partido.
El mensaje de este martes fue que un pleito con los priistas veracruzanos se puede convertir en un pleito con el gobierno federal.
Y ese tipo de conflictos no los quiere Miguel Ángel Yunes Linares.
* * *
Epílogo.
Justo en los momentos en que más enfrascado estaba con el dictamen de la autorización al gobernador para que renegocie la deuda, el diputado perredista Sergio Rodríguez recibió una noticia poco grata. Hasta su oficina en el Palacio Legislativo llegó una notificación de la Fiscalía General del Estado, en la que se le informa que le fue negada la suspensión definitiva (amparo) a una orden de aprehensión emitida en su contra el 17 de agosto del 2016, por el delito de robo de una camioneta. El legislador perredista goza de fuero, por lo que por el momento la orden de aprehensión no surte efecto. ¿Será que el fiscal espere hasta que concluya su gestión para proceder en su contra, o solicitará el juicio de procedencia? *** Y sigue la mata dando. Para alimentar la “percepción” de inseguridad, la tarde del martes se registró una balacera en la colonia Nacional de Poza Rica. Se informó de al menos dos fallecidos, así como un detenido.