Miguel Ángel Yunes Linares milita formalmente desde hace más de diez años en el PAN, pero quienes han trabajado muy cerca de él y presumen conocerlo desde sus orígenes en las filas del PRI afirman que el gobernador del partido blanquiazul sigue pensando, actuando, reaccionando y tomando decisiones acordes a su ADN priista.

Por eso es que hay quienes aseguran que para haberse echado el trompo a la uña de encarcelar al ex gobernador sustituto Flavino Ríos Alvarado, el mandatario estatal del PAN debió haberlo consultado previamente con su amigo y tocayo Miguel Ángel Osorio Chong, el presidenciable secretario de Gobernación, quien el 12 de octubre del año pasado no sólo se encargó de persuadir a Javier Duarte de Ochoa para que solicitara licencia al Congreso del estado para separarse de la gubernatura sino que avaló también que Ríos Alvarado, apalancado por el ex gobernador Miguel Alemán Velasco –el único ex mandatario veracruzano realmente cercano al presidente Enrique Peña Nieto–, asumiera el interinato durante los 48 días que le restaban a la administración duartista.

¿Por qué hasta ahora la detención de Flavino, acusado de haberle facilitado un helicóptero oficial a Duarte para que se diera a la fuga? Entre las diversas versiones que corren es que el gobernante del PAN habría recibido luz verde de Bucareli para encarcelar al ex mandatario interino porque Yunes se ha atrevido a afirmar ante los medios de comunicación que Ríos Alvarado era el conducto del ex gobernador prófugo para entregarle dinero al partido de Andrés Manuel López Obrador, el cual tiene amplias posibilidades de ganar en junio próximo la gubernatura del Estado de México –considerado el principal bastión electoral del PRI en el país y la joya de la corona por ser la entidad nativa de Peña Nieto–, lo que Acción Nacional también busca evitar porque posicionaría al ex perredista tabasqueño como el más fuerte aspirante presidencial para 2018.

Desde febrero pasado, durante la primera gira de López Obrador por Veracruz, Yunes grabó un par de videos acusando al dirigente de MORENA de haber sido financiado por Javier Duarte. Pero ahora, luego de que El Peje calificó como mera “propaganda” la detención de Ríos Alvarado, Yunes señaló que “lo único que queda claro de sus declaraciones es el vínculo que tenía o que tiene o que sigue teniendo con Javier Duarte y su equipo, no hay ninguna duda”.

Dijo que López Obrador “sale a defender, a oponerse a lo de Flavino Ríos, dice que es una faramalla, que es un show, etcétera, etcétera”, pero sostuvo que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ríos, “era la vía para entregarle dos millones y medio de pesos anuales, yo lo he dicho en muchas ocasiones, por eso él (AMLO) se molestó”.

En respuesta, el tabasqueño acusó que existe una alianza PRIAN –la mafia de la “moronga azul”, según la definió– para frenar el avance electoral de MORENA, y que incluso existe un acuerdo al más alto nivel entre Peña, Osorio y Yunes para blindar a Duarte, pues señaló que el PAN postuló al ex contralor Ricardo García Guzmán a la alcaldía de Pánuco.

En efecto, entre Osorio Chong y Yunes existe una relación personal muy estrecha desde que ambos fueron cobijados políticamente por Elba Esther Gordillo en sus años de esplendor como dirigente nacional del SNTE. Ahora, coincidentemente, los dos están distanciados de la ex lideresa magisterial, quien a finales de febrero de 2013, recién iniciada la administración presidencial de Peña, fue detenida primero por desvío de recursos sindicales, y acusada posteriormente por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Precisamente, en el proceso penal armado por el gobierno de Peña contra Gordillo, se ha mencionado como pieza clave a Yunes, por cuya cercanía íntima tuvo acceso a las operaciones financieras de la ex dirigente del SNTE. Yunes rompió públicamente con Gordillo en julio de 2011, un año después de haber perdido la elección de gobernador de Veracruz ante el priista Javier Duarte, cuya candidatura apoyó la lideresa magisterial no obstante que su pupilo político había sido postulado por el PAN en coalición con Nueva Alianza, el partido creado por la dirigente magisterial.

Las diferencias entre ambos habían surgido desde diciembre de 2006, pues al año siguiente de su derrota, Yunes, en conferencia de prensa, señaló que al asumir la dirección del ISSSTE, Elba Esther le había exigido los principales puestos directivos del instituto y un apoyo mensual de 20 millones de pesos para el Partido Nueva Alianza. Según Yunes, él se negó a cumplir las exigencias de Gordillo, por lo que ésta lo acusó de haber cometido un fraude por más de 50 mil millones de pesos en su gestión como director del ISSSTE.

De acuerdo con versiones periodísticas, en enero de 2010, cuando Yunes bromeó con Calderón durante la mordida del pastel con motivo del 50 aniversario del ISSSTE, el panista veracruzano le habría comentado al Presidente que ya era hora de frenar a la maestra, ya que aparte del poder que había acumulado desde hacía 22 años a través del SNTE, ahora sumaba el de su partido Nueva Alianza que empezaba a aliarse con el PRI.

No consiguió que la encarcelara Calderón pero sí Peña. Ahora ha llevado a prisión a Flavino, con el pretexto de la fuga de Duarte pero con la intriga de sus vínculos con López Obrador. Igual que en 1995 encarceló ilegalmente a Dante Delgado Rannauro dizque “por órdenes” del presidente Ernesto Zedillo, luego de que el ex gobernador sustituto había renunciado al PRI e impulsaba a Convergencia para convertirlo en partido político nacional.

Y quien sabe si se trate de una mera casualidad, pero, como un hecho anecdótico, resulta que la jueza de control que este domingo determinó recluir preventivamente a Ríos Alvarado durante un año pese a que los delitos que le imputan no son graves y a que él ofreció pagar una fianza y entregar su pasaporte para que le concedieran libertad caucional, negando además que tuviera siete domicilios como aseguró la Fiscalía, es ni más ni menos que Alma Sosa Jiménez, hija del juez Laurentino Sosa Capistrán, quien hace 22 años le dictó auto de formal prisión a Delgado Rannauro, no obstante que la acción penal de los cargos que le imputaban al actual dirigente de Movimiento Ciudadano ya había prescrito.

Posturas confrontadas

No dejó de llamar la atención que mientras Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los diputados federales del PRI –un político muy cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, “celebró” la aprehensión del ex gobernador interino de Veracruz, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a través de  su cuenta de Twitter exigió al gobierno de Yunes “aclarar la acusación y detención de Flavino Ríos”, remarcando que “se castigue a los responsables sin violar la ley”, y puntualizando, mediante otro tuit, que “la exigencia ciudadana de castigo a la corrupción en Veracruz es una máxima que no puede ser desvirtuada con una venganza política”.

Por su parte, al hacer un pronunciamiento público sobre este caso, el presidente del CDE del tricolor, Renato Alarcón Guevara, dijo que “ante el escenario de persecución política con una agenda electoral clara, esta dirigencia, un servidor como presidente del Comité Directivo Estatal, los sectores y organizaciones que forman parte de él y diversos representantes populares veracruzanos de nuestro partido asumimos una posición crítica y denunciamos la actuación de un gobernador que utiliza a la Fiscalía General del Estado, todo el aparato de seguridad y probablemente alguna parte del Poder Judicial para sus objetivos insaciables de venganza y en intento desmedido de amedrentar a la oposición”.

En su llamado a su militancia, el dirigente del priismo veracruzano expuso que, “como oposición, debemos contener el poder autoritario, populista y mediático que el gobernador ejerce con el único objetivo de enrarecer este clima político-electoral en este 2017 y de construir un mandato de poder absoluto”.

Alarcón Guevara exigió que se preserve el Estado de Derecho y que el procedimiento jurídico-penal que enfrenta Flavino Ríos se lleve con todas las garantías constitucionales, por lo que pidió a las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos que revisen este proceso a fin de evitar que se viole cualquier garantía.

“Desde aquí alzamos la voz por la revisión inmediata de la actuación de la Fiscalía”, expresó.