Uno de los exhortos del Congreso local que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha incumplido inexplicablemente hasta ahora es el referente a informar acerca de los despidos y las contrataciones de personal que ha realizado su administración.

El diputado local de la fracción mixta “Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, quien propuso e impulsó este acuerdo en la Junta de Coordinación Política, lamentó que el gobierno estatal no esté transparentando  las contrataciones que ha realizado, ni tampoco los despidos implementados hasta la fecha, como lo exhortó la LXIV Legislatura.

Sin embargo, según el diputado Kuri, aunque el gobernador Yunes no haya cumplido, está obligado a entregar tarde o temprano dicha información al Congreso del estado. Recordó que la Junta de Coordinación Política aprobó un punto de acuerdo, cuyo plazo venció hace 15 días, exhortando al gobierno estatal a entregar mensualmente, de diciembre de 2016 a junio de 2017, un reporte con la información del personal que ha sido despedido. Pero también mencionó otro acuerdo validado apenas el pasado 31 de enero, mediante el cual la Jucopo solicitó que el Ejecutivo estatal les remita información de las contrataciones en dependencias centralizadas y paraestatales.

Esta información que exige el Poder Legislativo es relevante porque existen señalamientos serios, como el del doctor Salvador Rangel Abud, ex coordinador general de Hospitales y ex director de Asistencia Pública del Estado, quien recientemente, en un texto que difundió a través de las redes sociales –por el que, por cierto, acaba de recibir represalias–, consignó que “en el Sector Salud despidieron a cientos, tal vez a miles de empleados de contrato con la que creímos era una bien intencionada fórmula para reducir el peso del gasto en el capítulo 1000 de servicios personales, pero cuando nos enteramos que ahora están metiendo a otras personas para cubrir esos mismos contratos confirmamos que no era para reducir el gasto, obviamente era para poner a aquellos que representan sus compromisos de campaña”, pese a que algunos no tienen el perfil ni la experiencia para ocupar dichos cargos y ni siquiera son veracruzanos.

Pero esta situación no sólo se está dando en las dependencias del Poder Ejecutivo, sino que ha trascendido que en el Poder Judicial también se han suscitado una serie de atropellos desde que el magistrado Edel Álvarez Peña fue impuesto por el gobernador Yunes como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Empleados del TSJE, que por obvias razones han solicitado el anonimato, acusan que el ex alcalde priista de Coatzacoalcos, junto con su compadre, el magistrado consejero Andrés Cruz Ybarra, “están haciendo y deshaciendo con los trabajadores del Poder Judicial, sin que el Consejo de la Judicatura se imponga como debiera ser para evitar tantos despidos y nombramientos de gente corrupta e inepta”.

Dicha situación les sorprende porque recuerdan que a principios de diciembre de 2016, a casi una semana de haber relevado en la presidencia al magistrado Alberto Sosa Hernández, el ex dirigente estatal del PRI denunció que entre otras irregularidades administrativas que había hallado al asumir la titularidad del Poder Judicial de Veracruz, se encontró con nombramientos de jueces “al vapor”, por lo que anunció que evaluaría el trabajo de los más de 2 mil 500 empleados del TSJE, incluidos los 100 jueces, secretarios de estudio y cuenta, actuarios y defensores de oficio, con el fin de que aquellos que no cumplieran con el perfil serían capacitados o removidos de su puesto.

“Hubo nombramientos de jueces de manera irresponsable. Hemos detectado que esto se volvió como una fiesta de amigos, de compromisos de gente que no tenía la capacidad, por ello estamos evaluando su trabajo”, afirmó hace un par de meses Álvarez Peña, puntualizando que no se trataría de una “cacería de brujas” sino “de crear un Poder Judicial cercano a la gente y que mejore su calidad humana con los justiciables, misma que muchos servidores públicos han perdido con el paso de los años”.

Hasta el momento, según ha trascendido extraoficialmente, Edel ha despedido a 180 empleados, entre ellos al licenciado Víctor Palacios, quien era defensor de oficio, con varios años en el TSJE y quien además es esposo de la magistrada Emma Rodríguez Cañada. Según se supo, el experimentado abogado fue a parar al hospital por el entripado que hizo debido a la manera tan grosera en que fue despedido. El último día que se presentó a trabajar no pudo entrar a su oficina porque le habían cambiado la chapa de la cerradura.

Álvarez Peña es acusado de haber sacado a personal capacitado para colocar a sus proyectistas, algunos de los cuales carecen de experiencia y otros cargan con antecedentes cuestionables. En la lista de funcionarios que piden investigar, anotan por ejemplo al titular de la Secretaría General de Acuerdos del TSJE, Andrés Domínguez Fernández. Igualmente acusan que en la Defensoría colocó al licenciado Manuel Fernández Olivares,  un ex agente del Ministerio Público que presuntamente habría sido cesado por corrupción; en Recursos Humanos designó a José Luis Olvera Carrascosa; al juez octavo de lo Familiar en Xalapa, licenciado Benito Vergara, lo quitó pese a que acababa de ser nombrado presidente del Colegio de Jueces del Estado, para nombrar en su lugar a su proyectista y amiga, Luisa Samaniego Ramírez, a la cual le asignó otro proyectista de apoyo, al licenciado Héctor Manuel Hidalgo Parra, con el que sumarían tres proyectistas para un solo Juzgado, además de otra oficial administrativa que es su peinadora, para que en caso de que tenga audiencias la maquille y la peine.

Al magistrado Andrés Cruz, compadre de Edel, le atribuyen también haber nombrado a su proyectista y amiga, Alma Rosa Flores Ceballos, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, sin importarle desplazar a la licenciada Alma Aleida Sosa, quien había ganado dicho puesto por concurso de oposición. Y en Coatzacoalcos, el municipio que hace 25 años gobernó Álvarez Peña, fue designado como Juez de Primera Instancia Raúl Aguilar Urcelay. Este, hermano del ex notario público Enrique de Jesús Aguilar que ha sido acusado de múltiples fraudes, se desempeñó durante 12 años como subdelegado regional de la Secretaría de Desarrollo Económico y jamás había laborado para el Poder Judicial ni en dependencia alguna de impartición de justicia. Y, por si esto fuera poco, fue nombrado además como Juez de Control y Juicio Oral, Luis Roberto Juárez López, que tampoco tendría carrera judicial acreditada.