Prefacio.
Quizá a los funcionarios de la administración estatal se les puede espantar con la “estricta aplicación de la ley”. A los “malandros”, a quienes participan en el llamado crimen organizado, las palabras no los conmueven. *** Miguel Ángel Yunes Linares ha repetido hasta el cansancio que durante su administración “la delincuencia organizada tendrá que irse de Veracruz”. Para que no sonara a bravata, pidió un plazo de seis meses… de los cuales ya se cumplieron dos. Y por lo que se ve, las mafias asentadas en esta entidad no lucen muy preocupadas por las amenazas del gobernador. *** No sólo no se han ido, sino que han arreciado sus ataques contra los defensores de la sociedad. Apenas la semana pasada fueron “levantados” y después arrojados sin vida y descuartizados, tres elementos de la policía municipal de Las Choapas. Esta semana, la Secretaría de Marina reconoce que tres de sus elementos, con base en Veracruz, fueron “privados de su libertad”. Nada saben de su paradero. *** Algo está sucediendo, algo parece no estar funcionando bien en el llamado “Grupo de Coordinación Veracruz”.
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Hace ya tres lustros, en febrero del 2002, el entonces secretario de Seguridad Pública en el gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, atribuía a empleados y directivos de las instituciones bancarias, el aumento en el número de asaltos a sucursales de bancos.
En aquel entonces Marcelo Ebrard solicitó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que investigara sobre la posible complicidad de empleados de los bancos con bandas de asaltantes y pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que obligara a los dueños de las sucursales apegarse a las medidas de seguridad que rigen a nivel internacional.
Montado en su conflicto personal Ebrard -que más tarde pasaría a ser el Jefe de Gobierno en la capital del país- sentenció: “La administración de Andrés Manuel López Obrador no volverá a asumir el trabajo de brindar seguridad a los bancos, pues eso implicaría descuidar las calles. Los banqueros, con su actitud, lo único que logran es crear las condiciones para que proliferen los asaltos”.
Quién diría que 15 años después, en Veracruz, el titular de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, replicaría ese discurso:
“Tenemos detectados cuáles son los bancos que no adoptan las medidas pertinentes, les dimos un plazo de un mes para cumplir con medidas en materia de seguridad; están obligados por ley y si no lo hacen los vamos a denunciar oportunamente ante la ciudadanía, para que valoren cuáles son los bancos que no se preocupan por la seguridad de sus usuarios”.
En los primeros días de esta semana, un nuevo asalto bancario se suscitó en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río (donde se han cometido la mayoría de los atracos en los últimos dos meses).
El pasado martes dos sujetos armados irrumpieron en una sucursal de Banorte, en la colonia Valente Díaz de la congregación Tejería, municipio de Veracruz. Los delincuentes se hicieron pasar como clientes, y al llegar a la ventanilla sacaron sus pistolas y cometieron el asalto. Para huir abordaron un taxi.
Horas más tarde, afuera de una sucursal de Santander, en la colonia Formando Hogar, también de Veracruz, una señora que salía de la institución bancaria fue asaltada y despojada de 90 mil pesos.
Aunque fuera real la presunta negligencia o hasta complicidad de los empleados de los bancos, lo cierto es que algo está fallando en los esquemas de seguridad pública.
Durante mucho tiempo la entidad veracruzana se distinguió a nivel nacional por el reducido número de estos delitos y la casi inmediata captura de los esporádicos asaltantes. Hoy ya no es así.
A pesar de sus evidentes afanes protagónicos, sería absurdo pretender atribuirle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares alguna responsabilidad en el inusitado crecimiento de la incidencia de asaltos bancarios. Tan ajeno está él a esos temas como podrían haber estado Fidel Herrera y Javier Duarte a la supuesta aplicación de falsos medicamentos en hospitales públicos.
No hay en estas afirmaciones pretensión alguna de defender a nadie. Es simple sentido común.
Lo que queda claro de estos es que las nuevas autoridades en Veracruz tienen más ágil la lengua que la pluma. Sus denuncias siempre son primero en los medios, tardan en aterrizar en la Fiscalía y muchas veces ni siquiera llegan.
¿Colusión de empleados bancarios en los asaltos?
Tal señalamiento debe ir acompañado de testimonios documentales y denuncias formales.
¿Murieron niños en hospitales públicos de Veracruz por darles falsos medicamentos contra el cáncer?
También se requiere de seriedad por parte de quien denuncia, pues si no aporta las pruebas de su dicho, estaría cometiendo un delito tan grave como el que inventó.
¿Crédito a la palabra?
Eso ya no existe.
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Epílogo.
¿En qué momento la renuncia obligada del rector del Colegio de Veracruz, Eugenio Vázquez (desde que llegó la actual administración estatal no se ha liberado un solo centavo para dicho plantel) se convirtió en un “reclamo del personal”? En su afán por justificar la descarada persecución y el acoso contra un destacado académico, a algunos de los nuevos servidores públicos no les importa llenar de lodo todo lo que se les oponga. Ese parece ser el estilo que imperará los próximos 22 meses. *** En las cumbres de Maltrata fueron arrojados los cuerpos sin vida de tres hombres, con visibles huellas de tortura. Vecinos de la comunidad Magueyes dieron aviso a las autoridades. Los cuerpos llevaban cubiertos los rostros con vendas y se confirmó que recibieron disparos con arma de fuego en la cabeza. La violencia sigue imparable y por toda la entidad. ¿Lo van a seguir negando? Eso fue lo que le criticaron a las pasadas administraciones.