El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, que ya no sabe qué maromas hacer para seguir vigente en los medios, exigió a la PGR la captura inmediata de Javier Duarte para que responda por la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer.
“Ante la información que se ha hecho pública, Javier Duarte y sus cómplices deben ser juzgados por asesinos y corruptos”, dijo el líder.
Y uno se pregunta ¿nomás por eso?
En el caso particular de Duarte debe ser juzgado también por ladrón, mentiroso, evasor de impuestos, defraudador, tramposo, chantajista, embustero, embaucador, lavador de dinero, por asociación delictuosa, por farsante y por enriquecerse de manera escandalosa.
Digo, juzgarlo nomás por asesinato y corrupción le abriría las puertas de la cárcel en unas semanas y eso no tendría sentido. Lo justo es que a las acusaciones que carga se agreguen la de presunto asesinato de infantes con cáncer y enfermos de VIH durante su administración.
El caso de las quimioterapias pirata y la falta de medicina para enfermos con VIH no es asunto nuevo. Se comenzó a ventilar en las postrimerías del gobierno de Fidel Herrera y prácticamente durante todo el sexenio de Duarte. Pero nadie hizo caso.
Lo interesante aquí es que ahora sí se están investigando esos crímenes. Aunque salta la duda.
Y es que a pesar del escándalo mediático y las muertes, es bien difícil que los culpables reciban el castigo que merecen en este país donde la impunidad tiene prioridad.
Más allá del hecho en sí, deleznable por donde se le mire, está la falta de humanidad de unos funcionarios y unos laboratorios a quienes importó un rábano la salud de tantos inocentes. A eso hay que agregar la apatía de las autoridades que se doblan cuando hay dinero de por medio.
No faltará que entamben a cualquier pelagatos y le carguen toda la responsabilidad, mientras quienes se llevaron la tajada del león siguen disfrutando de un consulado en Barcelona o viven ocultos en algún país centroamericano.
Lo que se cometió con esos niños es un crimen de lesa humanidad; sin duda mayor que el atentado de antier en una escuela de Monterrey.
Si bien en ambos casos se actuó con premeditación, alevosía y ventaja, en el caso de los niños con cáncer se actuó sin el menor escrúpulo y sus vidas fueron la moneda de cambio para la obtención de cientos de millones de pesos.
Decir que los responsables de este acto abominable no tuvieron madre es quedarnos cortos en nuestras apreciaciones.
Si las autoridades comprueban que esos niños murieron porque recibieron tratamientos pirata, sus muertes deben sacudir nuestras conciencias y unirnos en un descomunal ¡YA BASTA! que se oiga en todos los rincones del país.
No es posible que la justicia sea tan blandengue con los ladrones y asesinos; no es posible que la ley tenga más rendijas que una pared de vecindad y por ahí salgan centenares de maleantes de todos los niveles de gobierno.
No es posible que si el gobierno de Peña Nieto sabe dónde está el ladrón de Duarte (porque lo sabe), sabe de sus propiedades mal habidas, de los millones robados y de los paraísos fiscales donde ocultó su fortuna, le siga jugando al tarugo con su detención.
Que Ochoa Reza esté pidiendo hasta la excomunión para el gordo debe importarnos un cacahuate. Lo que quiere es que su partido no sea barrido en las elecciones municipales y por eso se puso el traje de justiciero.
Pero lo que nosotros debemos exigir es que se acabe de una vez y para siempre la maldita impunidad.
Y como que va siendo hora de gritar ¡Ya basta! Pero gritarlo todos.